miércoles, 31 de octubre de 2012

La gran estafa en Catalunya (Parte I)

Catalunya es uno de los poquísimos países de la Eurozona en el que el Gobierno, a pesar de ser uno de los gobiernos que han llevado a cabo con mayor intensidad la política de recortes de gasto público, incluyendo gasto público social, y haber apoyado reformas laborales orientadas a facilitar el despido de los trabajadores y empleados, no ha perdido sustancialmente el apoyo popular que determinó su victoria electoral -hace casi dos años-, victoria basada en parte en un programa electoral que excluía el desarrollo de tales políticas, tal como también, por cierto, hizo el Partido Popular que gobierna actualmente en España (que sí ha sufrido una pérdida de apoyo electoral). ¿Cómo es que la política de recortes ha tenido un coste electoral al partido gobernante en España y a la gran mayoría de los partidos gobernantes en la UE, y no la ha tenido en Catalunya?
Las causas de esta situación, claramente excepcional, es que tal Gobierno de la Generalitat de Catalunya, que tiene pleno control de los mayores medios públicos de información públicos, tales como Catalunya Ràdio y la Televisió de Catalunya (TV3, C33, 3/24, etc.), y que goza del apoyo de la mayoría de medios de información privados, ha sido exitoso en promover el mensaje de que “no hay alternativas” a tales políticas, debido al enorme déficit público que había dejado el Gobierno tripartito anterior (y que se encontró “inesperadamente” cuando llegó al Gobierno) y también al “expolio de Catalunya por parte de España” que había creado un enorme agujero en las arcas de la Generalitat de Catalunya. El término un tanto belicista de “expolio” se refiere al déficit fiscal de Catalunya versus el Estado español, es decir, la diferencia entre lo que los ciudadanos que viven en Catalunya contribuyen con sus impuestos y lo que reciben del mismo Estado a través del gasto público.
De esta lectura de las causas del problema financiero de tal Gobierno, la coalición gobernante CiU (una coalición de un partido liberal, Convergència Democràtica de Catalunya, perteneciente a la Internacional Liberal, y un partido cristianodemócrata, Unió Democràtica de Catalunya, perteneciente al grupo del Partido Popular Europeo, el mismo, por cierto, al que pertenece el Partido Popular) ha propuesto (además de recortar el gasto público para reducir el déficit y así corregir los supuestos excesos de gasto incurridos por la coalición de partidos de izquierdas que constituyeron el Gobierno anterior), una redefinición de la relación financiera entre el Estado central español y la Generalitat de Catalunya, proponiendo un pacto fiscal encaminado a desarrollar un concierto económico semejante al existente en el País Vasco y en Navarra. Esta petición, a partir de la manifestación del 11-S (que exigía un Estado propio para Catalunya) que reunió a un millón y medio de personas en las calles de Barcelona, se convirtió, en manos del Gobierno Mas, en un mero eslabón en el camino hacia la independencia de Catalunya, objetivo que no estaba en el programa electoral de CiU ni tampoco era un objetivo deseado por el Gobierno de la Generalitat para tal manifestación del 11-S que, según CiU, debería haberse centrado en la demanda por un pacto fiscal entre Catalunya y el Estado español. Es obvio que el Gobierno Mas quedó desbordado por la propia manifestación y que intenta ahora canalizar esta protesta (que en otros países hubiera sido en contra del propio Gobierno) hacia el Estado español. El enorme enfado popular hacia los recortes, entre muchos otros agravios, se intenta canalizar, no en contra de la Generalitat y su partido, CiU, sino hacia el Gobierno de España gobernado por el mayor aliado que CiU ha tenido en el desarrollo de sus políticas.

Las contradicciones del argumentario de CiU

En la línea argumentativa de CiU hay varios hechos que se ignoran y/o ocultan. Veamos los datos. La deuda de la Generalitat pasó de ser el 7% del PIB catalán en 2003 (cuando inició su mandato el primer tripartito) al 17% en 2010 (cuando terminó el mandato del 2º Gobierno tripartito). Durante este periodo, el gasto público social en los servicios públicos del Estado del bienestar subieron como nunca antes habían subido: en esos cuatro años se aumentó el gasto en protección social en 1.025 euros por habitante, pasando de 3.781 euros a 4.806 euros, mientras que en los cuatro años anteriores el aumento había sido de 768 euros, es decir 257 euros por habitante menos.
En 2010, el Gobierno Mas comenzó su gobierno con el intento de bajar tal deuda pública. Pero a pesar de los enormes recortes, cuya intensidad no tenía precedentes ni en Catalunya ni en España, la deuda pública se disparó pasando del 17% del PIB en Catalunya al 22% en 2012, uno de los mayores incrementos de la deuda pública ocurridos en los países de la Eurozona. Las causas de ello eran previsibles, tal como indicamos unas pocas voces, marginadas cuando no insultadas en tales medios públicos de la Generalitat (ver ”Comentario del profesor Navarro a los hechos vergonzosos que ocurrieron en la entrevista que le hizo Manel Fuentes en Catalunya Ràdio” en www.vnavarro.org).
Los recortes del Gobierno Mas, junto con los del Gobierno del PP (aprobados en las Cortes Españolas con el apoyo del partido gobernante en la Generalitat de Catalunya, CiU), acentuaron de una manera muy marcada la recesión económica, con la consecuente bajada de actividad económica y disminución de los ingresos al Estado. Se ha mostrado una vez más que las políticas de austeridad han sido un suicidio económico, tal como incluso el Fondo Monetario Internacional (que ha sido una de las instituciones que más ha presionado a los gobiernos para que se hagan tales recortes de gasto público, incluyendo el social) ha tenido que reconocer en un reciente informe (ver mi artículo “Los neoliberales deberían pedir perdón al pueblo al pueblo español, incluido el catalán”, El Plural, 22.10.12).
Pero la otra causa del descenso de los ingresos al Estado era la bajada de impuestos que el Gobierno español, con el apoyo de CiU había llevado a cabo durante el periodo de expansión económica. Tal bajada de impuestos creó un crecimiento del déficit público estructural del Estado (y de la Generalitat), dato silenciado en la mayoría de medios de la Generalitat de Catalunya. En realidad, según los datos del Ministerio de Hacienda, la aplicación de la reforma fiscal del 2006 (aprobada con el apoyo de CiU) a nivel del estado español (y que naturalmente afectó a los ingresos de la Generalitat) significó una bajada de ingresos (equivalente a 19.540 millones de euros) en 2007, bajada de impuestos que fue muy acentuada en el impuesto de Sociedades y en las rentas superiores. El impacto de tal bajada de impuestos en los ingresos al Estado, que también afectaba a la Generalitat, ha sido una de las noticias menos visibles en los medios de mayor difusión en Catalunya. Tal bajada de impuestos causó, como he indicado, un aumento del déficit público estructural, tanto del Estado como de la Generalitat de Catalunya, déficit que apareció con toda claridad cuando el crecimiento económico se frenó y finalmente se colapsó, resultado del estallido de la burbuja inmobiliaria.

Cómo respondió CiU a la crisis

Cuando el déficit público se incrementó, la respuesta de CiU fue apoyar medidas de recortes de gasto público llevadas a cabo por los gobiernos españoles y más tarde, cuando gobernó la Generalitat de Catalunya, realizarlas con gran intensidad con la intención –según declaraciones de los portavoces del Gobierno CiU- de impresionar a Bruselas de la “seriedad y compromiso del Gobierno de la Generalitat”, homologando seriedad con la voluntad de tomar medidas impopulares (tal como también ha dicho y hecho el portavoz del Gobierno del PP en España). Estos recortes se hicieron con el argumento de que “no había otra alternativa”, mensaje promovido activamente por los medios de información, tanto públicos como privados, ocultando que sí que había alternativas. Veámoslas.
CiU aprobó en las Cortes Españolas la propuesta del Gobierno Zapatero de congelar las pensiones, incluyendo, naturalmente, las pensiones catalanas (con el fin de ahorrar 1.200 millones de euros, dedicados a reducir el déficit público). Podría haber tomado, sin embargo, otras medidas que hubieran conseguido incluso más fondos. Así, CiU podría haber apoyado el mantenimiento del impuesto de patrimonio (con lo cual se habrían conseguido 2.100 millones de euros) en lugar de eliminarlo, como hizo. O podría haber apoyado la eliminación de las rebajas (que respaldó) en el impuesto de sucesiones (por valor de 2.552 millones de euros), o podría haber apoyado revertir la bajada de impuestos (que había aprobado) de las personas que ingresaban más de 120.000 euros al año, consiguiendo 2.500 millones.
Un tanto idéntico podría haber hecho con los recortes, incluso más intentos, realizados por el Gobierno del PP, presidido por el Sr. Rajoy. Así, en lugar de apoyar los recortes del Gobierno Rajoy (que han impuesto una reducción de 6.000 millones de euros en la sanidad pública, que tendrá como consecuencia el desmantelamiento de tal servicio público), CiU podría haber apoyado la anulación de la bajada de impuestos de sociedades (que CiU había aprobado) de las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año (que representan un 0,12% de todas las empresas de España), consiguiendo con ello 5.300 millones de euros para el erario público (incluyendo a la Generalitat de Catalunya).
O CiU podría haber apoyado en las Cortes Españolas la reducción del subsidio que el Estado da a la Iglesia Católica para impartir docencia de religión católica en las escuelas públicas (incluidas las catalanas) a fin de ahorrar 600 millones de euros, permitiendo evitar los recortes a los servicios domiciliarios a las personas con discapacidades y dependientes. Y aquí, en Catalunya, el Gobierno CiU podría haber reducido su déficit a base de aumentar los ingresos a la Generalitat de Catalunya en lugar de centrarse tanto en los recortes. Incluso el Gobierno Cameron de Gran Bretaña, con afinidades políticas a las del Gobierno Mas, intentó reducir el déficit público, no sólo recortando el gasto público, sino también aumentando los impuestos. El Gobierno Obama de EEUU intentó una reducción del déficit a base de un equilibrio 50%/50%. Y el Gobierno socialista francés acaba de aprobar un presupuesto en el que el 80% de la reducción del déficit público se ha hecho a costa de aumentar los impuestos del capital y de las grandes fortunas, y sólo un 20% a base de más recortes del gasto público. No así el Gobierno Mas. El 98% de la reducción del déficit se ha hecho a base de recortes.

El mayor problema del retraso social de Catalunya y de España es la escasez de recursos del Estado, incluyendo de la Generalitat de Catalunya
El Gobierno Mas podría haber evitado muchos de sus recortes si hubiera recogido fondos ya existentes en Catalunya. Catalunya no es pobre. Su PIB per capita es el 110% del promedio de la UE-15. Su gasto público social, sin embargo, es sólo el 73% del promedio de la UE-5. Si fuera el 110%, Catalunya se gastaría casi 20.000 millones más que no se gastan, porque la Generalitat no los recoge. La Generalitat podría haber recogido, por ejemplo, 2.788 millones de euros mediante las siguientes medidas: 1.000 millones de euros a través de un impuesto finalista progresista que fuera a la sanidad pública, tal como ha hecho el Gobierno canadiense; 600 millones de euros a base de gravar los beneficios exuberantes del capital financiero (tal como ha sugerido, paradójicamente, el Fondo Monetario Internacional); 400 millones de euros manteniendo el impuesto de sucesiones; 538 millones de euros a base de recuperar el impuesto de patrimonio, modificándolo para centrarse en las grandes fortunas; 150 millones modificando las multas y sanciones para hacerlas progresivas (es decir, que una multa sancionadora sea mayor en la medida en que los ingresos de la persona o institución sancionada sean mayores, tal como ocurre en los países nórdicos); 150 millones de euros en impuestos verdes, haciendo pagar 5 euros por cada vuelo que despegue de aeropuertos catalanes, y así un largo etcétera.
Ninguna de estas medidas, por cierto, hubiera afectado a la mayoría de la ciudadanía a la que sí, en cambio, le afectan los recortes en sanidad, educación y otros servicios públicos de la Generalitat. Y, naturalmente, podría también reducirse, camino de eliminarse, el enorme fraude fiscal, muy acentuado entre las rentas superiores de Catalunya y en las grandes empresas. Aplicando a Catalunya la metodología utilizada por los técnicos de Hacienda para calcular el tamaño del fraude, éste es en Catalunya de 18.000 millones de euros (cifra que los propios técnicos consideran muy conservadora). CiU no se ha distinguido, ni en las Cortes Españolas ni en el Parlament de Catalunya, por haber iniciado o apoyado medidas correctoras de tal fraude.
Otras fuentes de ingreso para la Generalitat de Catalunya, que hubieran evitado los recortes, hubieran sido apoyar el aumento de impuestos al tabaco y al alcohol que hubieran podido recoger 200 millones, fondos que hubieran repercutido en mayores ingresos para Catalunya, o exigir a las mutuas patronales de accidentes y enfermedades laborales que paguen al sistema sanitario público catalán los gastos de atender a los pacientes accidentados o enfermos por causas laborales, y que hoy no pagan (representando un déficit de la sanidad pública de 230 millones de euros).
Todas estas son medidas que CiU y su Gobierno podría haber apoyado en las Cortes españolas, y aprobado y/o llevado a cabo en su gobierno, y que no hicieron. Y el que no lo hicieran responde a causas políticas. Es decir, hubieran afectado a los grupos sociales o intereses financieros y económicos que CiU representa o a los que no se atreve a enfrentarse. Como dijo recientemente un dirigente de Cáritas en Catalunya, ¿cómo los políticos pueden dar tanto dinero a la banca (CiU ha sido el partido que más ha apoyado al PP en el rescate bancario), y tan poco dinero a las poblaciones vulnerables que hoy están sufriendo enormemente? La respuesta del Gobierno CiU al incremento de la pobreza fue hacer la Maratón Antipobreza de la televisión pública TV3, que recogió 4 millones de euros. Si CiU y su aliado en las Cortes y en el Parlament (el PP) hubieran aprobado un impuesto sobre las transacciones bancarias de corto plazo (la mayoría de clara orientación especulativa) la Generalitat habría obtenido 300 millones de euros. Todas estas son medidas que CiU podría haber llevado a cabo en su Gobierno que hubiera podido hacerse como alternativas a los recortes. Ahora bien, ¿cómo es que, con la evidencia existente, y que presento en este artículo, el Gobierno CiU no sólo no está perdiendo popularidad, sino que puede ganar por mayoría? La respuesta es el argumento del “expolio”.

El déficit fiscal es un problema, pero no es el mayor problema de Catalunya
En cuanto al “expolio”, hay que indicar que, detrás de tal término belicista existe una realidad que le cuesta mucho al Estado español reconocer. Y es que la contribución de los impuestos derivados de Catalunya es excesiva (según los parámetros comparativos de transferencias interregionales en la mayoría de países de la Eurozona), en relación a los fondos que recibe del Estado. Esta es una realidad, cuya falta de reconocimiento por parte del Estado Central es un indicador más de un problema mayor, que es el gran desequilibrio que existe en la relación Estado Central-versus Catalunya a favor del primero y a costa del segundo (ver mi artículo “El nacionalismo españolista”. Sistema, 05.10.12). La constante oposición del establishment español, centrado en Madrid, al reconocimiento de la plurinacionalidad de España, ha sido la mayor fuente de frustración en grandes sectores de la población catalana, una falta de reconocimiento que aparece también en la decisión del Tribunal Constitucional de vetar puntos clave del Estatuto de Catalunya aprobado por referéndum por la población catalana.
Complementando esta decepción hubo la falta de respuesta y protesta por parte del establishment español (cuyas Cortes Españolas habían aprobado previamente tal Estatuto), después del “cepillazo” -término ofensivo que incluso causó gracia en el establishment madrileño- a la propuesta aprobada por el Parlamento Catalán. La falta de protesta del Gobierno Zapatero a tal hecho por parte de aquel establishment fue un factor contribuyente a la generalización del enfado en Catalunya hacia el Gobierno central.
Pero el punto final que ha rebosado el vaso ha sido la victoria del PP, que fue el partido que había llevado el Estatuto al Tribunal Constitucional, y cuya postura hostil hacia las reivindicaciones en Catalunya se ha traducido en sus declaraciones y comportamientos. El Gobierno no ha tomado ninguna medida sancionadora, por ejemplo, contra el militar que amenazó con una intervención militar ocupando Catalunya, de nuevo un caso que demuestra no solo la enorme insensibilidad democrática del Gobierno PP sino también su hostilidad hacia Catalunya.
Ahora bien, dicho todo lo que he dicho, varias realidades necesitan añadirse. Una de ellas es que la mayor fuerza política que ha apoyado las políticas neoliberales que ha estado aprobando el PP y que están causando unos enormes daños a las clases populares catalanas ha sido precisamente CiU. Y la otra vertiente es que, en reciprocidad, la fuerza política que ha apoyado constantemente las políticas neoliberales y regresivas en Catalunya ha sido el PP. Tales políticas están desmantelando el Estado del bienestar en Catalunya convirtiendo un Estado universal (con derechos universales que se aplican a toda la ciudadanía) en un Estado asistencial (para las personas sin recursos o especialmente vulnerables) con un gran debilitamiento de la fuerza del trabajo y una disminución de los derechos laborales, todo ello acompañado con una disminución de los derechos civiles y aumento de la represión.
Esto ha sido ocultado en los medios de comunicación de la Generalitat de Catalunya que han jugado un papel clave con su silencio ensordecedor sobre la naturaleza de estos hechos. TV3 ha alcanzado unos niveles de instrumentalización desconocidos desde la era pujolista, enfatizando la inevitabilidad de esta reforma y el “expolio” de Catalunya por parte de España. Tal expolio, sin embargo, no puede explicar el enorme déficit social de Catalunya. Explica parte pero no todo. De hecho, los datos de gasto en protección social de 2007 para Catalunya, que son los últimos disponibles, muestran que si se destinaran los recursos que configuran el déficit fiscal (que la Generalitat considera que es el 8% del PIB catalán) a gasto social según la asignación actual del presupuesto de la Generalitat, el gasto social por habitante en Catalunya todavía estaría lejos de alcanzar la cifra que le correspondería por el nivel de riqueza que tiene. En realidad, pasaría de 5.475 unidades de poder de compra (upc, unidades monetarias que tienen idéntica capacidad de compra, estandarizando el poder adquisitivo de países con diferente nivel de riqueza) a 6.236 upc, una cantidad todavía muy lejos de los 8.210 upc que se debería gastar por el nivel de riqueza que tiene. La mayor causa del retraso social de Catalunya es la misma causa del subdesarrollo social de España (como documenté en mi libro El subdesarrollo Social de España), es decir, el enorme dominio de las fuerzas conservadoras sobre el Estado español (incluido el catalán) a lo largo de su historia, y que se ha cristalizado durante estos dos años en la alianza PP-CiU en las Cortes Españolas, y CiU-PP en el Parlament. Y ahora ambas formaciones políticas están agitando las banderas con fines electorales.
Esta es la gran estafa y el fraude existente hoy en Catalunya y en España. La coalición gobernante de Catalunya, que tiene gran responsabilidad en el retraso social de las clases populares de Catalunya, se presenta ahora como la gran defensora del pueblo catalán, convirtiendo a su máximo aliado, el PP, en su máximo adversario, enarbolando la bandera catalana para mantenerse en el poder y continuar siguiendo las políticas neoliberales que han hecho tanto daño.
Ahora bien, los enfadados que marcharon en las calles de Barcelona el 11-S pidiendo autogobierno y el derecho a decidir (lo cual comparto), deben ser conscientes de que en la medida que voten a tal partido y a tal Gobierno, el motivo de su enfado no se resolverá, pues una futura Catalunya bajo el Gobierno CiU será muy semejante a la Catalunya de hoy, con los mismos recortes, las mismas políticas fiscales regresivas, la misma instrumentalización de los medios públicos, el mismo retraso social de Catalunya y la misma inmunidad frente a la corrupción que ha salpicado tan extensamente a este partido y a este Gobierno. ¿Es esta la Catalunya que desean? No es la Catalunya por la que la generación de mis padres, mi generación y generaciones posteriores lucharon durante la dictadura para que nuestros hijos y nietos pudieran vivir libremente en una Catalunya con democracia, pluralidad y justicia social. Esta Catalunya no existe y tampoco existirá si las fuerzas conservadoras dominan la transición de esta Catalunya a la otra Catalunya.

Vicenç NavarroCatedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra

martes, 30 de octubre de 2012

La reforma educativa del PP

Educación de Clase
 
La Florida europea con un abismo social insalvable
 
La nueva reforma educativa del PP ya está en marcha. Aún en su fase de “cocción” las líneas maestras apuntan a un gigantesco abismo social

Los recortes en Educación van a suponer, según comunicó el gobierno español a Bruselas, más de 10 mil millones de euros en 5 años. Pero ya este curso empieza con 6 mil millones menos. Más de 40 mil profesores van a perder sus puestos de trabajo, las tasas universitarias se elevarán a los 1.500 euros de media anual, y las condiciones para acceder a becas van a endurecerse enormemente.
Sin duda, y solo para empezar, los recortes van a suponer una significativa reducción de la plantilla, aumento de las horas de trabajo del personal docente, del ratio de alumnos por profesor, el cierre de centros escolares, masivamente en las zonas rurales, y un deterioro acelerado de las infraestructuras.
Solo con esta radiografía basta para tomar conciencia de cuál es el destino inmediato de nuestro sistema educativo. A partir de aquí cualquier otro análisis se añade a un futuro en el que para cualquier familia española tener un hijo en la universidad va a suponer un lujo insostenible. Ni hablar de dos o de tres. No tardaremos en tener que tomar decisiones como cuál de nuestros vástagos es el que debe tener el “privilegio” de estudiar una carrera, y eso, solo para los pocos que se lo puedan permitir.
Lo cierto es que el gobierno español está aplicando a pies juntillas las exigencias en el terreno educativo planteadas por la carta del Banco Central Europeo en septiembre del 2011. Aunque el contenido de la carta no se ha hecho público, ni por parte de Zapatero ni de Rajoy, la política de la Troika es más que conocida, como lo es también para la Sanidad.
España ha de agudizar y multiplicar su perfil de “país de camareros”, la Florida europea en la que el abismo social entre la minoría privilegiada y la gran mayoría sea insalvable.

"Aumenta el control de los monopolios sobre la Educación"

Al servicio del pueblo
Cada uno de los puntos en los que las organizaciones y la comunidad educativa denuncian el proceso de privatización son contundentes y evidentes. Pero el aspecto principal del proyecto educativo del PP, continuación del proyecto del PSOE con otras “apariencias”, no es la contradicción entre lo público y lo privado, sino entre los intereses del 90% de la sociedad y los de los principales centros de poder, el FMI y Berlín, la banca y los monopolios. Una educación para el saqueo, o una educación al servicio del pueblo.
Si no salimos de la discusión exclusiva entre lo público y lo privado, incluso algunos argumentos utilizados por el PP pueden servir de reclamo para algunos sectores sociales que realmente van a ser seriamente perjudicados, como el resto, dividiendo a la gran mayoría que sufrimos los recortes. Tal y como pasó con la Reforma Laboral, en la que el PSOE consiguió enfrentar a sindicatos y empresarios, cuando estos últimos son vilipendiados por una reforma al servicio de los intereses de los grandes monopolios, que son quienes realmente se benefician del abaratamiento de la mano de obra y la “flexibilización” del mercado laboral.
La sociedad del conocimiento
Bajo estas grandilocuentes palabras se articula todo el proyecto de convertir el sistema educativo en un taller de aprendices o un aparcamiento de parados, como decía Ricardo Moreno en su “Panfleto Antipedagógico”.
Cada una de las medidas que el gobierno prepara no buscan más que un doble objetivo: satisfacer las exigencias de la Troika, entregando el suculento botín de los presupuestos educativos al cumplimiento del pago de una deuda usurera, y reformar las estructuras educativas aumentando en control de las grandes corporaciones sobre la formación de las actuales y futuras generaciones.
La propuesta estrella del gobierno se basa en la reducción en un año de la ESO y el “incentivo económico” de la FP. Una reestructuración que es presentada como la solución al fracaso escolar. Lo alumnos podrán entrar antes en los ciclos de Formación Profesional con el aliciente de poder combinar su aprendizaje con “trabajo remunerado” en las empresas. De esta manera el currículum se adapta a las necesidades del mercado laboral.
La misma existencia de 6 millones de parados y la Reforma Laboral definen con precisión las consecuencias de este cambio. Pero la realidad es que el sistema educativo va a transformarse en un gigantesco “taller de aprendices”, de mano de obra barata, que nutrirá las necesidades del mercado laboral, enmascarando así los datos del fracaso escolar que, en una gran parte, se trasvasarán a los datos del paro.
Por otra parte, al no atajar ninguna de las causas reales del fracaso escolar, es de suponer que éste, aún con repuntes maquillados, se mantendrá o incrementará en lo fundamental, por lo que miles de estudiantes no obtendrán la titulación mínima necesaria y se convertirán en mano de obra no cualificada sometida a condiciones de trabajo ultraprecarias. Ya actualmente, según el informe del MEC “Datos y Cifras del Sistema Universitario Español 2010-2011”, de los casi seis millones de parados en España, el 21,3% tienen Educación Primaria, el 37,1%, Primera etapa de Educación Secundaria, el 22,4% son de Segunda etapa de Educación Secundaria y sólo el 10% son universitarios.

"Unos pocos privilegiados accederán a los niveles superiores"

Nadie debe olvidar que este cambio conlleva que el Estado corra con parte de los gastos que de otra manera deberían asumir las empresas; que como ya ocurre en la Comunidad de Madrid, las empresas serán responsables del diseño del 60% del currículum, lo que supone la adaptación de los contenidos a “los intereses del mercado”; y que las realmente beneficiadas no van a ser las pequeñas y medianas empresas, ni si quiera una gran parte de las grandes, sino los monopolios (y los bancos que los participan o dirigen) que son quienes aumentan los beneficios al abaratar los costes y no ven perjudicadas sus ganancias por la caída del poder adquisitivo de los españoles, pues una gran parte de sus mercancías se venden fuera de nuestras fronteras. Por otra parte, las miles de empresas que dependen subsidiariamente de las multinacionales son forzadas a bajar los precios, reduciendo su margen de beneficios, y el resto directamente no vende porque la gente no compra.
Por no hablar de la ausencia de un tejido productivo nacional que permita ese supuesto aumento de la cualificación y formación de trabajadores en los sectores más cualitativos de cualquier economía. El tejido productivo está en manos del capital extranjero, porque lo que manda para el resto es el sector servicios, precario y en descomposición.
Solo los mejores
Algunas de las banderas levantadas por el gobierno han sido las de la “efectividad”, la “competencia”, el “esfuerzo” y el “respeto a la autoridad”, que en amplios sectores educativos, frente al desastre de la LOGSE, han sido exigencias desde hace años. Como se dice popularmente, “se pilla antes a un mentiroso que a un cojo”
En primer lugar, la propuesta del PP pasa por caminar hacia una educación separada por niveles, como ocurre en Holanda, en los que, en función de que “los peores” no lastren a “los mejores”, se les divide en tramos según sus notas y rendimiento. No hace falta muchos conocimientos educativos para saber que la estrategia de los guetos no tiene nada que ver con la mejora educativa. En definitiva, que una pequeña minoría sea la elegida para poder acceder a los niveles superiores, mientras que a la gran mayoría se le condena al fracaso, al paro y, en el mejor de los casos, al seiscientoseurismo.
En segundo lugar, el proceso de “privatización” es en realidad un aumento del control y la capacidad de decisión de los monopolios sobre nuestra educación básica, secundaria y universitaria. Ya no es la externalización de los servicios básicos, como limpieza o comedores, ni la creación de bolsas de paro gestionadas por ETTs (propiedad de los monopolios en su mayoría), sino la participación directa de entidades privadas y fundaciones en la gestión de colegios públicos, universidades y su financiación, como ya hemos visto a través de Universia del Banco Santander, la Fundación Botín, y ejemplos como el del CEIP El Álamo en Madrid.
A esto hay que añadir que la mejora de la formación y evaluación del profesorado irá pasando progresivamente a manos de las fundaciones, como está pasando con la red de hospitales públicos en toda España, en el caso de los profesionales de la Sanidad. No es casualidad que el PP insista en hablar de por qué tenemos una Sanidad alabada en todo el mundo y una Educación mediocre, y en proponer una formación docente tipo MIR. El problema no es la forma de la estructura, sino quién la dirigirá o ya lo está haciendo.
Y, por último, el descenso de la tasa de natalidad (estimaciones de un descenso del número de estudiantes universitarios del 1,5% medio anual), los recortes y la injerencia de los monopolios en la financiación y la gestión universitaria, está provocando dos fenómenos. El de la creación de una élite de universidades que se encargarán de la formación del pequeño núcleo de privilegiados destinados a ocupar los puestos dirigentes e intermedios de las multinacionales y del Estado. Y un descenso acusado de la tasa de población universitaria con la extinción de incontables universidades, relegando a una gran parte de las universidades públicas al papel de meras expendedoras de títulos que conducirán al futuro licenciado a optar entre trabajos precarios, la interinidad vitalicia, o emigrar a países tecnológicamente avanzados de nuestra área geográfica.
 
" ...el enfrentamiento entre sectores populares que deben estar unidos"

Según las últimas cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el 2011 más de 62.000 españoles emigraron a países europeos (la mayoría jóvenes universitarios en busca de un primer empleo), fuga masiva de cerebros que ligada al drástico recorte de inversiones en I+D+i terminará por convertir a España en un país sin investigación e innovación, condenándonos a comprar patentes extranjeras y producir productos de bajo perfil tecnológico que requieran mano de obra de escasa o nula cualificación y fácilmente explotable.
Carceleros con tiza
En cuanto al “respeto a la autoridad”, nos encontramos con una de las subversiones más torticeras por parte del gobierno, de un problema sufrido por los profesionales y que preocupa enormemente a las familias.
Tengamos en cuenta que los profesionales del sistema educativo van a dejar de participar, cada vez más, de la gestión de los centros y de la elección de contenidos; que su formación y evaluación va a estar controlada por fundaciones privadas, que sus puestos de trabajo van a depender progresivamente de las “necesidades del mercado”, y que sus condiciones laborales serán de extrema saturación y ausencia total de medios. En este contexto, el único resorte “educativo” en manos de los maestros va a ser la acción coercitiva del Estado, no el ejercicio democrático de la autoridad docente. Serán las leyes y las autoridades administrativas y judiciales las que velen por el cumplimiento de las normas y el mantenimiento del orden.
Educación para el saqueo
A todo lo visto anteriormente, hay que añadir la base de todo el proceso: el saqueo. Como decíamos al principio el objetivo sobre el que se asienta toda la reforma es el del gigantesco trasvase de rentas a manos de banco y monopolios, especialmente extranjeros. Por mucho que la cara visible sea en muchos casos una marca nacional, las obligaciones de pago son unas y van en dirección a Washington y Berlín.
Recientemente el ministro Wert se encargó de recordar que “el gasto educativo tiene que ser compartido por las familias”, y en su reforma se ha preocupado de concretarlo.
Con las subidas de las tasas universitarias y las matrículas escolares, el aumento de los costes del material y los libros escolares (además de la subida del IVA), la jibarización de las becas , y la externalización de las actividades extraescolares, lo que va a implantarse en Educación es un auténtico copago. Un auténtico saqueo.
Por otra parte, el aumento de la población escolar de origen inmigrante (12,2 % del total de población escolar) y la irregular distribución de la misma en los centros docentes sostenidos con fondos públicos (un 80% va a la escuela pública y solo el 20% a colegios concertados), ha conllevado la necesidad de ingentes medios materiales y humanos y el consiguiente aumento de las partidas presupuestarias que no podrán materializarse por los recortes, quedando la enseñanza pública convertida, en muchos casos, en guetos de inmigrantes. A parte del aumento de las desigualdades, esto tendrá como consecuencia principal el enfrentamiento entre sectores populares que deben estar unidos ante un ataque que nos afecta a todos.
Recientemente un dirigente de la CEOE decía que los españoles debemos aprender de la “cultura del esfuerzo del pueblo chino”. Lo que se olvidó decir es que China crece al 9%, ha elevado el nivel de vida de su población, reducido la mortalidad infantil, el analfabetismo, y está, detrás de Brasil, a la cabeza en la lucha contra el hambre, según organizaciones como ActionAid, porque su gobierno, como el de Brasil, India, Ecuador o Bolivia, defiende su independencia del FMI y pone los recursos nacionales al servicio de los intereses del país.

lunes, 29 de octubre de 2012

Elecciones catalanas 25-N

Un programa para el 90% del pueblo de Cataluña
 
Queremos que la mayoría de catalanes tengamos "derecho a decidir" sobre nuestro futuro. Algo imposible con la sumisión al FMI y Merkel que predica Artur Mas
 
Atajar el segundo gran déficit, el pago de la deuda pública, negociando una quita o un aplazamiento del 70% en su pago durante los próximos cuatro años.
 
Ante la convocatoria de elecciones anticipadas, la organización de nuestro partido en Cataluña hemos iniciado un intenso proceso de asambleas, reuniones y debates abiertos con el fin de establecer el programa autonómico para las elecciones del 25-N. Un programa que responda a las necesidades y las demandas de la mayoría del pueblo. Y en el que, por eso mismo, llamamos e invitamos a participar en su elaboración definitiva a todos. Estas son la primeras conclusiones. Una primera aproximación al programa que irá ampliándose en los próximos días y semanas en sucesivas reuniones y debates.
1º.- Acabar con el primer gran déficit fiscal de Cataluña para crear 800.000 puestos de trabajo productivos en los próximos cuatro años.
El principal déficit fiscal de Cataluña no está, como engañosamente hace creer Mas o ERC, en sus relaciones con el resto del España, sino que se produce en el interior de Cataluña, entre bancos, monopolios, multinacionales y grandes fortunas con el 90% de la población catalana. Los números son claros.
Sólo las mayores 50 empresas catalanas por beneficios –todas ellas con facturaciones superiores a los 300 millones de euros anuales– que deberían pagar 2.871 millones de euros cada año por el 30% de impuestos por sus beneficios (que fueron de 9.393 millones de euros en 2010), pagaron en realidad sólo 601 millones. Un déficit de 2.270 millones cada año.

"Los intereses del pueblo de Cataluña están en unirse con el 90% del pueblo del resto de nacionalidades y regiones de España"

Sólo 4 bancos catalanes o que operan en Cataluña, (La Caixa, BBVA, Sabadell y Catalunya Caixa) se han beneficiado de inyecciones de dinero público en los últimos 4 años que suman 11.357 millones de euros.
Sólo 32.000 catalanes, de los más de 7,5 millones de habitantes de Cataluña, han dejado de pagar 1.050 millones de euros en dos años gracias a la primera medida que tomó el gobierno de Mas eliminando el impuesto a los patrimonios superiores a 700.000 euros. Y se ahorrarán 2.101 millones más en los próximos 4 años si Artur Mas vuelve a ganar las elecciones
Los sindicatos calculan que el fraude fiscal en Cataluña en 2010, vía paraísos fiscales, blanqueo de capitales e ingeniería contable, fue de 16.000 millones de euros. De los cuales, el 66% corresponde a grandes empresas y grandes fortunas. Es decir, más de 10.500 millones de euros al año.
En consecuencia, proponemos las siguientes medidas:
-50% de impuestos sobre beneficios a bancos, grandes empresas y multinacionales. La recaudación, 18.786 millones de euros en la próxima legislatura destinada íntegramente a un plan de inversión pública para crear medio millón de puestos de trabajo productivos y de utilidad social.
-Aprobación de un ley autonómica que obligue a los 3 grandes bancos que se han beneficiado de inyecciones de dinero publico para aumentar su negocio (BBVA, La Caixa, Sabadell) a crear un fondo especial por un importe igual al dinero público recibido, 8.389 millones de euros. Fondo destinado exclusivamente a la concesión de créditos blandos (al 1,5% de interés) a pymes y autónomos para la inversión productiva con el objetivo de crear 250.000 puestos de trabajo.
-Transformación de Caixa Cataluña en un banco público, cuyo poder y capacidad de control esté en manos de sus ahorradores y depositantes, los verdaderos dueños del dinero. Poner los más de 75.000 millones de euros en activos de Caixa Cataluña (un 35,6% del PIB anual de Cataluña) al servicio de un ambicioso pan de reindustrialización, modernización y expansión del tejido productivo catalán.
-Reposición inmediata del impuesto de patrimonio para aquellos patrimonios superiores a 700.000 euros. Invertir toda la recaudación (525 millones de euros anuales) a un plan público de desarrollo de la I+D+i.
-Creación de un cuerpo de inspectores y técnicos dependientes de la conselleria d´Hisenda, dotados de los medios necesarios para perseguir el fraude fiscal. Negociar con el gobierno central que el 75% del dinero recaudado procedente de la persecución del fraude fiscal de empresas o contribuyentes radicados en Cataluña vaya directamente a la Generalitat, y se dedique al plan de inversión pública para crear empleo y a la construcción de las infraestructuras necesarias.

2º.- Atajar el segundo gran déficit, el pago de la deuda pública, negociando una quita o un aplazamiento del 70% en su pago durante los próximos cuatro años y dedicar ese dinero a la subida de las pensiones hasta un mínimo de 1.000 euros mensuales, a mejorar la sanidad, la educación y los servicios sociales.
El segundo gran déficit que hay que atajar en Cataluña es el provocado por un volumen de deuda publica que supera ya los 48.000 millones de euros, el 21% del PIB de Cataluña. Como media, el coste de la deuda (amortizaciones más intereses) supone un gasto anual de 4.200 millones de euros, casi la mitad de ellos sólo en intereses. Pero esa deuda no ha ido destinada a mejorar la atención sanitaria, la educación o la asistencia social, puesto que la Generalitat, a pesar de gobernar un país cuya renta per cápita es un 117% de la media europea, dedica en su presupuesto a esos capítulos un 1,2% menos que la media del conjunto de Comunidades Autónomas españolas y varios puntos más por debajo de lo que destinan los países de la UE con niveles de renta similares a Cataluña..
Y si los gastos sociales no lo son, ¿quiénes han sido durante todo este tiempo los que se han beneficiado del dinero conseguido a través del constante y creciente incremento de la deuda pública de Cataluña?
Los grandes beneficiarios de la deuda pública catalana han sido, en primer lugar, las grandes constructoras, que han hecho su agosto llevándose las licitaciones de los grandes proyectos e infraestructuras a un precio muy superior al de mercado, gracias al famoso 3% de comisión entregado a los partidos encargados de adjudicar las grandes obras publicas.
En segundo lugar, el régimen burocrático-administrativo autonómico creado por la clase política catalana. Que ha sobredimensionado las estructuras administrativas y burocráticas a fin de dotarse de una fiel base clientelar de apoyo. Creando una maraña de organismos públicos o semipúblicos (entidades, sociedades mercantiles, consorcios, fundaciones públicas, fundaciones público-privadas,...) que de conjunto suman un gasto de más 11.000 millones de euros anuales, más de un tercio de los presupuestos de la Generalitat, y son responsables del 19,6% de la deuda pública catalana.
En tercer lugar, la deuda pública emitida por la Generalitat supone –y cada vez más, a medida que ha ido subiendo la prima de riesgo y los intereses– un gigantesco negocio para los grandes bancos extranjeros y nacionales. En 2012, pagaremos 1.994,34 millones de euros sólo en intereses, un 6,2% de los presupuestos de la Generalitat, tres veces más de lo que se pagó en 2.008 y 2,7 veces más que la suma de todos los recortes en sanidad y educación previstos para este año. Cogiendo la media de los últimos tres años, el pago de la deuda, sumando intereses más amortización, supondrá a las cuentas públicas catalanas un gasto de 16.752,8 millones de euros en los próximos cuatro años.
Por eso, nuestro programa propone las siguientes medidas:
-Imponer a los acreedores una moratoria del 70% en el pago de los intereses y las amortizaciones de la deuda en los próximos cuatro años, o hasta que se acabe la crisis y la economía catalana vuelva a crecer a tasas de al menos el 3%, en el pago. Una medida que permite disponer de 11.727 millones de euros en la próxima legislatura para dedicarlos aumentar la inversión pública en sanidad, educación y servicios sociales, creando así una nueva fuente de creación de empleos.


 "Para crear empleo, imponer un 50% de impuestos sobre beneficios a bancos, grandes empresas y multinacionales""

-Realizar una auditoría ciudadana e independiente sobre la deuda pública, no sólo la de Cataluña, sino la del conjunto de España. Auditoría que permita determinar que parte de ella ha sido utilizada para mejorar las condiciones de vida de la mayoría de la población, y que parte ha estado destinada al enriquecimiento de una minoría a costa de los presupuestos públicos. Declarando esta última como deuda ilegítima y por tanto exenta de la obligación de pago.
-Reducir en un 30% los gastos en la administración pública catalana. Rebaja de un 25% en los salarios de todos los cargos públicos con rentas anuales superiores a 60.000 euros. Y de un 50% para quienes ganan más de 120.000. Prohibición de ocupar más de un cargo público remunerado. Supresión del salario en especie para los altos cargos de la administración (dietas, tarjetas a cuenta del erario público, coches oficiales,...) Adelgazamiento de la ineficaz estructura improductiva de la alta administración autonómica (asesores nombrados a dedo, consejos consultivos de todo tipo,..) Liquidación de todas aquellas empresas, sociedades mercantiles, fundaciones y consorcios públicos que en el plazo de dos años no consigan ser autosuficientes y financiarse por sus propios medios,... Aplicar todas estas medidas de ahorro hasta reducir los gastos de la administración en un 30% significa ahorrar 10.000 millones de euros cada año. Destinar todo ese dinero a revalorizar anualmente las pensiones hasta que en el plazo de 5 años la pensión mínima esté situada en los 1.000 euros mensuales. Y a desarrollar el tercer pilar del Estado del bienestar, la ayuda a la dependencia.

3º.- Frente al aumento de la pobreza y la exclusión social, redistribución salarial y referéndum sobre las pensiones.
-La última encuesta de la propia Diputación de Barcelona dice que el 21,9% de los catalanes viven con rentas inferiores al umbral de la pobreza, el 28% de los niños viven en familias pobres y 2,2 millones de catalanes, casi un 30% de la población, viven en riesgo de exclusión social.
Ante ello proponemos:
-Redistribución salarial. Nadie con un sueldo inferior a 1000 euros al mes, nadie por encima de 10.000. Según el último informa realizado por los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA), 1,5 millones de trabajadores catalanes (el 55,2% del total) cobran sueldos inferiores a los 1.000 euros mensuales. Mientras tanto, una ínfima minoría de 20.000 personas en Cataluña –gestores, ejecutivos, miembros de dirección y altos funcionarios– cobran un salario medio anual de 390.000 euros, más de 32.000 euros cada mes. Sólo con que a esta gente se les aplicara la medida de limitación del salario máximo a 10.000 euros mensuales, se podría hacer inmediatamente una redistribución salarial por la que más de 1 millón de trabajadores que actualmente ganan, de media, entre 750 y 800 euros al mes, pasaran a cobrar automáticamente 1.000 euros mensuales.
-Elevación del tramo autonómico del IRPF hasta el 55% para las rentas superiores a los 300.000 euros anuales y del 75% para las superiores a los 700.000 euros. Mediante una reforma así, un estudio de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y de la Universidad de Barcelona (UB) concluía que se puede financiar una renta básica equivalente a 5.400 euros anuales para cada adulto y 2.700 euros para los menores de 18 años.
-Frente a las exigencias de FMI y Berlín de que se aplique ya la edad de jubilación a los 67 años, el aumento de los años necesarios de cotización, la liquidación de la revalorización automático de las pensiones según el IPC y la privatización, total o parcial, de sistema público de pensiones, proponemos que sea el pueblo quien decida democráticamente mediante un referéndum blindar las pensiones.
Un referéndum para incluir en la Constitución la defensa del poder adquisitivo de las pensiones, cerrando así la puerta a que cualquier gobierno presente o futuro pueda dejar de aplicar la revalorización, o haga recaer sobre los pensionistas, copagos y otros sangrantes recortes sanitarios. Un referéndum que prohíba expresamente cualquier tipo de privatización total o parcial del sistema público de pensiones.

4º.- Derecho a decidir, si. Soberanía sí y ya, pero de Washington y Berlín
Artur Mas levanta ahora la bandera del derecho a decidir. Su motivo no es otro que ocultar que ha sido durante estos años el más aventajado discípulo del FMI y de Merkel en aplicar recortes salvajes y empobrecer a la sociedad catalana a niveles no vistos desde hace décadas.
Lo que busca es dividir y enfrentar al pueblo catalán entre sí, y con el resto del pueblo español. Nosotros sí reclamamos, y siempre lo hemos hecho, el derecho a decidir.
Derecho a decidir no ser intervenidos y saqueados por Washington y Berlín. Porque, ¿quién decide hoy lo que pasa en Cataluña? ¿El gobierno de Rajoy, Madrid? Pero si cada día vemos cómo Rajoy hace exactamente lo contrario de lo que dice, porque se lo imponen Obama y Merkel, el FMI y Bruselas. Ellos son los que deciden en España. Y eso lo sufrimos igual en Barcelona que en Cádiz, en Girona que en Badajoz, en Lleida que en Vigo.
Y para que la banca extranjera pueda llevarse un botín de más de 100.000 millones de euros cada año es para lo que personajes como Zapatero, Rajoy y Mas aplican recortes salvajes. Porque cada euro que paga un jubilado por sus medicinas, cada euro recortado en el cierre de ambulatorios y quirófanos, por cada médico, enfermera o maestro despedido, cada euro de más que sacan de recortar becas y aumentar tasas universitarias o de subir el IRPF y el IVA es un euro que va a engordar la cuenta de beneficios del Deutsche Bank, el Paribas o el Citigroup.
Esto es lo que está pasando aquí y ahora, en Cataluña y en el resto de España. Que un puñado de bandidos financieros, de dentro, pero sobre todo de fuera, están decidiendo que la mayoría nos tenemos que empobrecer a base de recortes y rebajas de salarios y pensiones para ser ellos cada vez más ricos.
¿Hablamos del derecho a decidir? De acuerdo. Pero entonces lo primero que hay que decir es que hay que quitárselo a quienes están decidiendo sobre nuestros salarios, sobre nuestra salud, sobre el futuro de nuestros hijos y nietos.
Cuando el peligro de que nuestro país sea nuevamente intervenido es más grande que nunca, Artur Mas levanta la bandera de la independencia y abre una línea de fractura que amenaza con dividirnos mañana y nos debilita hoy frente a la ofensiva de Washington y Berlín para relegarnos a ser un país de tercera o cuarta división.
Los intereses del pueblo de Cataluña están en unirse con el 90% del pueblo del resto de nacionalidades y regiones de España para hacer frente común contra quienes desde Wall Street o Francfort vienen a saquearnos. Y contra aquellos que, tanto en Cataluña como en el resto de España, les abren las puertas de par en par esperando recibir unas migajas.



Programa 10 Puntos
 
 

sábado, 27 de octubre de 2012

"Huelga ibérica",




Primera movilización general en España y Portugal
El 14-N, ¡todos a la Huelga General!
Convertir el 14-N en una auténtica jornada de paro nacional extendida a todos los sectores y capas sociales del país
 
 
 
Y si las gigantescas manifestaciones en Portugal se hicieron hace dos semanas al grito de ¡Qué se joda la Troika!, poniendo al FMI y a Merkel en el blanco de su lucha, el 14-N se trata de hacer lo mismo en España.
 
El próximo 14 de noviembre estamos todos convocados a una nueva huelga general, la segunda contra el gobierno de Rajoy y la tercera desde que en mayo de 2010 Zapatero marcó el camino de los recortes y ajustes plegándose a las exigencias de Obama y Merkel.
Pero a diferencia de las anteriores, esta tercera huelga general está convocada por un amplísimo frente de unidad sindical y social, materializado en el apoyo de la Cumbre Social, una plataforma unitaria en la que además de CCOO y UGT están presentes la USO y el CSIF así como otras 150 organizaciones que representan a más de 900 asociaciones sociales y ciudadanas de todo tipo.

"A diferencia de las anteriores, esta tercera huelga general está convocada por un amplísimo frente de unidad "

Es justamente la amplitud de esta plataforma la que permite que por primera vez la huelga general del 14-N pueda adquirir el carácter de una verdadera jornada de movilización nacional, total.
Una jornada a la que la Cumbre Social ha llamado a sumarse no sólo a los trabajadores, sino también a los parados, los pensionistas y los consumidores. Es decir, al 90% de la población. De lo que se trata ahora es de poner todos los medios para que este llamamiento se haga realidad efectivamente y el 14-N se convierta en un auténtico paro nacional extendido a todos los sectores y capas sociales del país.
Y no sólo del nuestro. Que la huelga general se celebre conjuntamente en España y Portugal tiene un especial significado. Porque sitúa ante millones de personas cómo los ataques que padecemos tanto españoles como portugueses tienen un origen común, más allá de nuestras fronteras, en los planes de saqueo impuestos por el FMI y Berlín..
Las multitudinarias movilizaciones que tuvieron lugar en Portugal entre el 15 y el 22 de septiembre pasado dieron como resultado que el gobierno luso se viera obligado a retroceder y anular el decreto que rebajaba un 7% el salario a los trabajadores. Una victoria popular sin precedentes desde que el país fue intervenido por la Troika.
Y si las gigantescas manifestaciones en Portugal se hicieron hace dos semanas al grito de ¡Qué se joda la Troika!, poniendo al FMI y a Merkel en el blanco de su lucha, el 14-N se trata de hacer lo mismo en España. Porque con rescate o sin él, ellos son, aquí como en Portugal, los máximos responsables de la oleada de ataques, recortes y ajustes que sufrimos el 90% de la población.

viernes, 26 de octubre de 2012

Asamblea

Sabado 27 de 17.00 a 21.00 h.
asamblea-debate sobre el pograma a presentar en las elecciones catalanas basandose en 5 ejes principales y posibles propuestas de los asistentes, asistencia libre
1º eje.- Acabar con el primer gran déficit fiscal
de Cataluña para crear 800.000 puestos de trabajo productivos en los próximos cuatro años..
2º eje.- Atajar el segundo gran déficit, el pago de la deuda pública, negociando una quita o un aplazamiento del 70% en su pago durante los próximos cuatro años y dedicar ese dinero a la subida de las pensiones hasta un mínimo de 1.000 euros mensuales, a mejorar la sanidad, la educación y los servicios sociales.
3º eje.- Frente al aumento de la pobreza y la exclusión social, redistribución salarial y referéndum sobre las pensiones.
4º eje. Derecho a decidir, si. Pero qué y por quién.
5º eje. Soberanía sí y ya, De Washington y Berlín

http://www.facebook.com/events/217078801755508/

jueves, 25 de octubre de 2012

Nos han confirmado la aceptación de las candidaturas en las 4 provincias. Por lo tanto nos presentamos a las elecciones autonómicas de Catalunya el 25-N, en Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona.
 

Nueva subida de los intereses de la deuda





La imposición de la reforma constitucional en agosto del 2011, dictada por el FMI, Merkel y Sarkozy, y aprobada por el PSOE y PP, tenía un objetivo claro: garantizar que la banca extranjera cobraría la deuda por encima de todo.
 
 
 
 
La montaña que crece sin parar
 
España pagará en 2013 más de 38.000 millones de euros de intereses por la deuda. El 80% de cada euro de los recortes va a parar a la banca, extranjera (francesa, alemana, norteamericana…) y española
 
Lo que España habrá de pagar por los interese de la deuda pública alcanzará en 2013 su nivel más alto de las últimas décadas. Más de 38.000 millones de euros. El doble de lo que pagábamos antes del estallido de la crisis. 9.000 millones de euros más que este mismo año 2012. Más que el salario total de todos los funcionarios del Estado, y casi lo mismo que se va a recortar en pensiones, sanidad o educación. ¿Pero quién se beneficia de este espectacular aumento de los intereses de la deuda?-Bancos franceses (25%): 8.937 millones de euros -Bancos alemanes (22%): 7.865 millones de euros-Bancos y fondos de inversión norteamericanos (17%): 6.077 millones de euros-Bancos y fondos de inversión británicos (14%): 5.005 millones de euros-Resto de la UE (16%): 5.700 millones de euros-Bancos y fondos “asiáticos” (principalmente China)(10%): 4.400 millones de euros-Banca española (45%), encabezada por el BBVA y el Santander: Más de 17.000 millones de euros
Buscar con datos actualizados quienes son los dueños de la deuda es una tarea casi imposible. Pero si cruzamos los datos del Banco de España y los informes del Banco Internacional de Pagos (BIP), referidos a final de 2011, podremos tener una información bastante aproximada.
La deuda pública española, una de las más bajas del mundo cuando estalló la crisis, está creciendo vertiginosamente gracias al proceso de transformación de la deuda privada, especialmente de la banca, en deuda pública mediante los llamados planes de rescate bancarios.


"Cada euro de los recortes en pensiones, salarios, sanidad, educación…, va a parar a los bancos y fondos de inversión alemanes, franceses, norteamericanos o españoles

La deuda pública española ha alcanzado en el segundo trimestre de este año un récord histórico, superando los 800.000 millones de euros, más del 75% del PIB. Y con ella, con la prima de riesgo disparada, muchos meses por encima de los 500 puntos, los intereses que habremos de pagar: más de 38.000 millones de euros en 2013, 9.000 millones más que este año tal y como recogen los Presupuestos Generales del Estado que prepara el gobierno. ¿Pero quién se lo lleva?

El reparto del botín

Según los informes del Banco de España y otros informes de las entidades financieras, el 55% de la deuda está en manos extranjeras (los no residentes) por un 45% en manos de la banca española. Una tendencia que se mueve a favor de los bancos españoles que compran dinero del BCE al 1% y al 0,75% y lo invierten en deuda soberana al 6% 0 7% de interés. La deuda en manos extranjeras se distribuye así: el 34,5% está en manos de los bancos centrales; el 17,39% en las entidades financieras, el 14,56% en los fondos de inversión y pensiones controlados por ellas y un 5% aproximadamente en manos de las grandes compañías aseguradoras.
Según los informes del BIP y del Banco de España de 2011, la banca francesa es el principal acreedor de la deuda española, con el 25%, seguida de la alemana con u 22%, la banca y fondos norteamericanos con un 17%, y otros países de la UE con el 16%. China se estaría convirtiendo en otro importante comprador de deuda soberana española, con un 10% aproximadamente.
La banca española con el 45% de la deuda española, especialmente BBVA y Santander, son los otros grandes dueños de la deuda española. Además están en un proceso expansivo de compra, gracias a la “barra libre” del Banco Central Europeo, que les permite coger dinero del BCE al 1% o el 75% y colocarlo al Tesoro español con intereses del 6% y 7%. Un gran negocio a costa de saquear el país y al 90% de la población en su propio beneficio. ¡Su patriotismo acaba donde empiezan sus intereses!
Cuando se recorta el sueldo a los funcionarios, se eliminan maestros o médicos, cuando se recortan las pensiones, la sanidad o la educación, no se está “saneando la economía nacional” como pretenden hacernos creer, sino ejecutando un gigantesco trasvase de las rentas de cada ciudadano español a las cuentas del gran capital financiero extranjero y español. Cada euro de los recortes va a parar a los bancos y fondos de inversión alemanes, franceses, norteamericanos o españoles propietarios de la deuda.

miércoles, 24 de octubre de 2012

Referéndum en Escocia

 
¿Independencia? De Londres bien, de Washington ni hablar
 
Tal vez Escocia pueda ser algún día independiente de Londres, pero lo que no se le permite de ninguna manera es ser independiente de Washington. Independencia sí, pero dentro de un orden. El orden que exige seguir siendo un peón militar de EEUU dentro de la OTAN. ¿Este es el ejemplo de independencia que nos propone seguir Mas?
 
 
Washington utiliza el territorio escocés como base del sistema de submarinos Trident de disuasión nuclear.
 
A los pocos días de anunciarse el acuerdo alcanzado entre los gobiernos de Londres y Glasgow para realizar un referéndum sobre la independencia de Escocia, el Partido Nacionalista Escocés (SNP) –impulsor de la iniciativa del referéndum– celebraba un congreso cuyo objetivo primordial era cambiar su histórica posición ante la OTAN.
Desde que fue creada tras la Segunda Guerra Mundial, el SNP jamás aceptó que Escocia formara parte de la OTAN. De hecho, durante todo este tiempo ha denunciado cómo los gobiernos británicos, junto con Washington, han utilizado durante décadas el territorio escocés y la privilegiada situación en el Atlántico Norte de sus rocosos acantilados y fiordos para instalar bases militares de la OTAN, entre ellas la que ahora mismo acoge el sistema de submarinos Trident de disuasión nuclear.

"¿Es este el ejemplo de independencia que nos proponen seguir Mas y Urkullu?"

Sin embargo ahora, con la perspectiva del referéndum por la independencia, los dirigentes del SNP se han tenido que volcar para forzar a sus bases a que acepten la permanencia de una hipotética Escocia independiente en el seno de la OTAN. Cosa que finalmente consiguieron por un estrecho margen de 29 votos, 394 a favor y 365 en contra.

Para salvar la cara, y ganar la votación por los pelos, los dirigentes del SNP ligaron la propuesta de aceptación de la OTAN a la completa desnuclearización de una Escocia independiente. Una trampa que en España conocemos sobradamente, por haberla sufrido en propia carne. ¿O no fue esa una de las cláusulas que introdujo Felipe González para forzar la voluntad popular en el referéndum sobre la OTAN en nuestro país en 1986? Más de 25 años después, aviones y buques de guerra norteamericanos siguen paseándose por nuestro territorio sin que nadie ose preguntarles el tipo de armamento que llevan.

Tal vez Escocia pueda ser algún día independiente de Londres, pero lo que no se le permite de ninguna manera (“eso no puede ni debe pensarse”) es ser independiente de Washington. Independencia sí, pero dentro de un orden. El orden que exige seguir siendo un peón militar de EEUU dentro de la OTAN y pagando tus deudas a los bancos extranjeros. ¿Es este el ejemplo de independencia que nos proponen seguir Mas y Urkullu? Deberían aclararlo rápidamente.

Premio Nóbel de Medicina


 
 
Las Farmacéuticas bloquean las medicinas que curan porque no son rentables impidiendo su distribución
 
El ganador del Premio Nobel de Medicina Richard J. Roberts denuncia la forma en la que operan las grandes farmacéuticas dentro del sistema capitalista, anteponiendo los beneficios económicos a la salud y deteniendo el avance científico en la cura de enfermedades porque curar no es tan rentable como la cronicidad.

Hace unos días se publicó una nota sobre datos revelados que muestran que las grandes compañías farmacéuticas en Estados Unidos gastan cientos de millones de dólares al año pagando a doctores para que éstos promuevan sus medicamentos. Para complementar reproducimos esta entrevista con el Premio Nobel de Medicina Richard J. Roberts quien señala que los fármacos que curan no son rentables y por eso no son desarrollados por las farmacéuticas que en cambio sí desarrollan medicamentos cronificadores que sean consumidos de forma serializada. Esto, señala Roberts, también hace que algunos fármacos que podrían curar del todo una enfermedad no sean investigados. Y se pregunta hasta qué punto es válido y ético que la industria de la salud se rija por los mismos valores y principios que el mercado capitalista, los cuales llegan a parecerse mucho a los de la mafia. La entrevista originalmente fue publicada por el diario español La Vanguardia:
 
 
¿La investigación se puede planificar?
- Si yo fuera ministro de Sanidad o el responsable de Ciencia y Tecnología, buscaría a gente entusiasta con proyectos interesantes; les daría el dinero justo para que no pudieran hacer nada más que investigar y les dejaría trabajar diez años para sorprendernos.
- Parece una buena política.
- Se suele creer que, para llegar muy lejos, tienes que apoyar la investigación básica; pero si quieres resultados más inmediatos y rentables, debes apostar por la aplicada…
- ¿Y no es así?
- A menudo, los descubrimientos más rentables se han hecho a partir de preguntas muy básicas. Así nació la gigantesca y billonaria industria biotech estadounidense para la que trabajo.
- ¿Cómo nació?
- La biotecnología surgió cuando gente apasionada se empezó a preguntar si podría clonar genes y empezó a estudiarlos y a intentar purificarlos.
- Toda una aventura.
- Sí, pero nadie esperaba hacerse rico con esas preguntas. Era difícil obtener fondos para investigar las respuestas hasta que Nixon lanzó la guerra contra el cáncer en 1971.
- ¿Fue científicamente productiva?
- Permitió, con una enorme cantidad de fondos públicos, mucha investigación, como la mía, que no servía directamente contra el cáncer, pero fue útil para entender los mecanismos que permiten la vida.
- ¿Qué descubrió usted?
- Phillip Allen Sharp y yo fuimos premiados por el descubrimiento de los intrones en el ADN eucariótico y el mecanismo de gen splicing (empalme de genes).
- ¿Para qué sirvió?
- Ese descubrimiento permitió entender cómo funciona el ADN y, sin embargo, sólo tiene una relación indirecta con el cáncer.
- ¿Qué modelo de investigación le parece más eficaz, el estadounidense o el europeo?
- Es obvio que el estadounidense, en el que toma parte activa el capital privado, es mucho más eficiente. Tómese por ejemplo el espectacular avance de la industria informática, donde es el dinero privado el que financia la investigación básica y aplicada, pero respecto a la industria de la salud… Tengo mis reservas.
- Le escucho.
- La investigación en la salud humana no puede depender tan sólo de su rentabilidad económica. Lo que es bueno para los dividendos de las empresas no siempre es bueno para las personas.
- Explíquese.
- La industria farmacéutica quiere servir a los mercados de capital…
- Como cualquier otra industria.
- Es que no es cualquier otra industria: estamos hablando de nuestra salud y nuestras vidas y las de nuestros hijos y millones de seres humanos.
- Pero si son rentables, investigarán mejor.
- Si sólo piensas en los beneficios, dejas de preocuparte por servir a los seres humanos.
- Por ejemplo…
- He comprobado como en algunos casos los investigadores dependientes de fondos privados hubieran descubierto medicinas muy eficaces que hubieran acabado por completo con una enfermedad
- ¿Y por qué dejan de investigar?
- Porque las farmacéuticas a menudo no están tan interesadas en curarle a usted como en sacarle dinero, así que esa investigación, de repente, es desviada hacia el descubrimiento de medicinas que no curan del todo, sino que hacen crónica la enfermedad y le hacen experimentar una mejoría que desaparece cuando deja de tomar el medicamento.
- Es una grave acusación.
- Pues es habitual que las farmacéuticas estén interesadas en líneas de investigación no para curar sino sólo para convertir en crónicas dolencias con medicamentos cronificadores mucho más rentables que los que curan del todo y de una vez para siempre. Y no tiene más que seguir el análisis financiero de la industria farmacológica y comprobará lo que le digo.
- Hay dividendos que matan.
- Por eso le decía que la salud no puede ser un mercado más ni puede entenderse tan sólo como un medio para ganar dinero. Y por eso creo que el modelo europeo mixto de capital público y privado es menos fácil que propicie ese tipo de abusos.
- ¿Un ejemplo de esos abusos?
- Se han dejado de investigar antibióticos porque son demasiado efectivos y curaban del todo. Como no se han desarrollado nuevos antibióticos, los microorganismos infecciosos se han vuelto resistentes y hoy la tuberculosis, que en mi niñez había sido derrotada, está resurgiendo y ha matado este año pasado a un millón de personas.
- ¿No me habla usted del Tercer Mundo?
- Ése es otro triste capítulo: apenas se investigan las enfermedades tercermundistas, porque los medicamentos que las combatirían no serían rentables. Pero yo le estoy hablando de nuestro Primer Mundo: la medicina que cura del todo no es rentable y por eso no investigan en ella.
- ¿Los políticos no intervienen?
- No se haga ilusiones: en nuestro sistema, los políticos son meros empleados de los grandes capitales, que invierten lo necesario para que salgan elegidos sus chicos, y si no salen, compran a los que son elegidos.
- De todo habrá.
- Al capital sólo le interesa multiplicarse. Casi todos los políticos – y sé de lo que hablo- dependen descaradamente de esas multinacionales farmacéuticas que financian sus campañas. Lo demás son palabras…
 
Grandes compañías (o mafias) farmacéuticas pagaron 281 millones de dólares en el 2009 a doctores; 384 doctores recibieron más de 100 mil dólares para que promovieran medicamentos en Estados Unidos
 
 
La gente de ProPublica ha hecho un excelente trabajo dando a conocer información sobre los pagos de 281 millones de dólares que hicieron grandes compañías farmacéuticas a doctores en el 2009 y en algunos casos en el 2010 para que estos promovieran sus medicamentos. Las cifras sólo incluyen información revelada por siete de las más grandes farmacéuticas en proceso de cumplir con la ley de transparencia Physician Payments Sunshine Act que obligará desde el 2013 a todas las compañías a revelar los pagos que hacen a los doctores en Estados Unidos.
En la base de datos de ProPublica se pueden consultar los nombres de los 384 doctores que recibieron más de 100 dólares de compañías farmaceúticas, en un claro conflicto de interés que trafica a fin de cuentas con la salud, la vida y la muerte.
Pagar a doctores para que promuevan sus medicamentos (o dicten favorables conferencias) no es ilegal pero es ciertamente cuestionable desde el punto de vista ético. A la hora de decidir qué medicamento recetar o qué procedimiento seguir los doctores pueden estar siendo influenciados por estas grandes compañías. Y si se toma en cuenta el hecho de que muchas de estas sustancias están diseñadas sólo para tratar síntomas pero no para curar (como sostienete el video al final de esta nota) para así mantener el negocio, este compromiso ético en el que los doctores son puestos es alarmante. (estas compañías son todas trasnacionale spor lo cual seguramente está pasando en tu país). Los pagos nos muestran que el Big Pharma es una mafia global cuyo máximo negocio no es curar a las personas sino mantenerlas enfermas para que sigan comprando medicinas como si fueran grandes cárteles de drogas (aunque pensándolo bien justamente es lo que son)


 
 
Las compañías que más gastaron fueron AstraZeneca, Cephalon, GlaxoSmithKline, Eli Lilly, Johnson & Johnson, Merck and Pfizer. Entre estas compañías vendieron el 36% de los más 300 mil millones de dólares en medicamentos prescriptos que la industria generó en Estados Unidos en el 2009. El Lilly, la que más pago a doctores, en algunos caso hizo pagos repetidos al mismo doctor modificando las iniciales del nombre de dicho doctor.