Algo más que una sentencia insultante
¿Se habría atrevido el tribunal a hacer lo mismo si las más de 800 víctimas de los asesinos de ETA fueran británicas o francesas?
El fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) revocando la doctrina Parot y exigiendo poner en libertad “en el más breve plazo” a la etarra Inés del Río, autora confesa de 24 asesinatos, concediéndole una indemnización de 30.000 euros, es un intolerable e insultante escarnio para las víctimas que repugna a cualquier persona de bien. Pero también el último y más revelador síntoma de la pérdida de peso internacional y la imparable degradación de España a la que estamos asistiendo en los últimos tres años.
La doctrina Parot, vigente desde 2006 tras ser avalada por el Tribunal Supremo y el Constitucional, supuso una interpretación jurídica gracias a la cual los beneficios penitenciarios pasaron a aplicarse sobre cada una de las penas impuestas, buscando otorgar el necesario grado de proporcionalidad del castigo a la relevancia de los delitos cometidos. No puede ser que los años pasados en prisión sean los mismos para quien ha matado a una persona que para quien ha asesinado de forma fría, premeditada e implacable a 24.
La sociedad española aplaudió de forma prácticamente unánime una medida que evitaba que los presos etarras se beneficiaran de las lagunas de una ley procedente de los tiempos del franquismo. Se equivocan gravemente quienes desde la izquierda, en nombre de conceptos jurídicos abstractos, elogian la sentencia sin ser capaces de reconocer la agresión concreta y dolorosa que supone para las víctimas, a su derecho a la justicia y a la dignidad de su memoria.
"¿Qué derechos está protegiendo, los de las víctimas o los de los verdugos?"
Al invocar el principio de la irretroactividad en la aplicación de las leyes desfavorables a los delincuentes para derogar la doctrina Parot, la sentencia del TEDH permitirá que decenas de etarras condenados a miles de años por centenares de asesinatos salgan en libertad en los próximos meses. ¿Se habría atrevido el tribunal a hacer lo mismo si las más de 800 víctimas de los asesinos de ETA fueran británicas o francesas?
Que, además, el TEDH exija a España la puesta inmediata en libertad de Del Río y obligue al estado a indemnizarla supone añadir la afrenta al ultraje. Como ha señalado el juez británico Mahoney –uno de los dos discrepantes de la sentencia–, en ningún otro caso previo equiparable el Tribunal se había atrevido jamás a imponer a un Estado la forma concreta de ejecución de sus sentencias.
¿No sabía el gobierno lo que se estaba tramando en el tribunal europeo? ¿No tenía ningún medio a su alcance para influir sobre la sentencia? Y lo que es más sangrante, ¿por qué se afana en aplicar el fallo sólo 24 horas después de dictado? ¿Acaso desconoce cómo otros gobiernos de la Unión Europea han desobedecido sentencias de ese mismo tribunal cuando las consideraron lesivas para sus intereses nacionales y contrarias a su ordenamiento jurídico? ¿Quién ha dado poderes al tribunal de derechos humanos europeo para decidir la política antiterrorista española? ¿Es más, qué derechos está protegiendo, los de las víctimas o los de los verdugos?
La infamante sentencia del TEHD viene a sumarse, en otro orden de cosas, a acontecimientos recientes como la pérdida del puesto del que España siempre había disfrutado en el comité ejecutivo del Banco Central Europeo, el humillante fracaso en conseguir la Presidencia del Eurogrupo para el ministro español de Economía o la bochornosa eliminación a las primeras de cambio en el intento de obtener los Juegos Olímpicos para Madrid, donde fuimos superados por la candidatura turca.
"¿No sabía el gobierno lo que se estaba tramando en el tribunal europeo?"
Basta observar las dos últimas Cumbres Iberoamericanas, a las que no han asistido la mitad de jefes de Estado y de Gobierno, para comprobar la actual falta de peso de España en el mundo. Las provocaciones y ninguneos de un irrelevante apéndice colonial como Gibraltar se han convertido en la principal ocupación en la agenda del ministro español de exteriores. En las cumbres europeas, la voz de España ha dejado de ser siquiera percibible. Tras 6 años de mandato, Obama no se ha dignado, a pesar de las múltiples peticiones, a recibir ni a Zapatero ni a Rajoy en la Casa Blanca. Y viendo las reacciones del gobierno, parece ser que hasta Rajoy ha sido excluido del listado de líderes mundiales espiados por la Agencia de Seguridad Nacional norteamericana.
No es casualidad que esta relevante pérdida de peso político y de degradación de la proyección internacional de España vaya acompañada del vertiginoso proceso de empobrecimiento y saqueo exterior al que estamos siendo sometidos. Cuanto más débil sea España políticamente, cuanto menor sea nuestro peso internacional, más facilidades para que las grandes potencias mundiales, capitaneadas por Washington y Berlín, puedan abalanzarse para saquear nuestra riqueza, para apoderarse de nuestras principales fuentes productivas. Lo estamos viendo estos días con el auténtico desembarco del gran capital extranjero a la caza de las mejores gangas de una España que, como decía esta misma semana un editorial de El País, no sólo está en venta, sino además barata.
La economía del país en venta por liquidación, el bienestar del 90% de la población desmantelado, el consenso político y las fortalezas jurídicas construidas a lo largo de décadas para hacer frente al embate criminal del terrorismo dinamitadas, las alianzas internacionales propias con las que proyectar los intereses españoles en el mundo maltrechas, la propia unidad nacional cuestionada,… Seguramente desde la crisis del 98 España no había sufrido la culpable insolvencia de unas élites dirigentes conduciendo al país a tal grado de postración, irrelevancia y desmoronamiento.
Urge poner fin a esta deriva. Ni España ni los españoles debemos ni tenemos por qué soportar a una oligarquía parasitaria y a una clase política corrompida que para salvar sus negocios y privilegios están dispuestas a entregar el país, hundiéndolo en la irrelevancia política, la degradación total y la ruina económica. Formar un Frente Amplio de Unidad capaz de unir al 90% de la población española en torno a un programa de regeneración política y salvación nacional, de redistribución de la riqueza, ampliación de la democracia y defensa de la soberanía y la dignidad nacional se ha convertido en la más urgente de las tareas.
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