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¡Las pensiones a la Constitución!

El gobierno se dispone a aprobar en solitario el primer paquete de la reforma de las pensiones exigida por el FMI y Berlín. Una agresión incalificable contra los pensionistas que no debemos dejar sin repuesta. Y contra la que ya se han levantado numerosas voces que reclaman, como exige la Mesa Estatal por el Referéndum de las Pensiones (MERP) desde su fundación, que las pensiones se blinden en la Constitución. 

La reforma va a sustituir la actualización de las pensiones en función del IPC, como se hacía hasta ahora, por otro sistema que tendrá en cuenta “los ingresos y gastos del sistema”. Fijando una subida mínima del 0,25% anual, sea cual sea la inflación, cuando exista “déficit”. Y una subida máxima de la inflación más 0,25% cuando haya “superávit”

¿Qué supone este cambio para los pensionistas? El gobierno ya ha reconocido que con el nuevo sistema, la Seguridad Social se “ahorrará” en los próximos nueve años 33.000 millones de euros. Es decir, que los pensionistas dejarán de cobrar esa cantidad. Pero sus cuentas tienen trampa.

Porque lo han calculado partiendo de que la inflación en España subirá un 1% en los próximos años, cuando el Banco Central Europeo prevé que la inflación media en la eurozona durante todo ese tiempo suba el 2%. Y en realidad, la media anual de la subida del coste de la vida en España desde que entramos en el euro alcanza el 3%.

"La campaña de la MERP se va abriendo paso, llegando a sectores sociales cada vez más amplios"  

Esto significa que aplicando la subida mínima del 0,25% habrá entre 70 y 110.000 millones de euros menos que antes de la reforma para los pensionistas. Un atraco
en toda regla por el que cada jubilado de nuestro país cobrará cada año, a partir de 2014, de 1.500 a 2.500 euros menos, si la inflación, como es previsible, llega al 2% o el 3%. Literalmente es robarle a cada pensionista dos o tres meses de pensión cada año

Sólo la aplicación de este primer hachazo muestra el futuro que están preparando esta gente: transformar el actual sistema público de pensiones en poco más que un sistema asistencial, casi de beneficencia. Abriendo así, además, el camino para que bancos y aseguradoras nacionales y extranjeras se hagan con una parte del “botín” de las pensiones, una caja que mueve en España 115.000 millones de euros cada año

Cada vez más solos

Las reacciones a esta agresión intolerable contra los pensionistas no se han hecho esperar. La Federación de Asociaciones de Mayores del Principado de Asturias –formada por mas de 80 organizaciones y 50.000 asociados– anuncia un campaña simbólica en la que exigirán al PP la devolución de su voto por incumplimiento del programa electoral ante una reforma de las pensiones que hará perder a los pensionistas “un 30% de poder adquisitivo, algo que hará a muchos entrar en estado de pobreza”.

Los sindicatos, desde UGT y CCOO hasta USO y CGT, han denunciado que “hacer que las pensiones dejen de crecer de acuerdo con el IPC es no garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de las mismas y empobrecer a los actuales y futuros pensionistas”, anunciando una campaña de movilizaciones contra la reforma.

Cayo Lara, de Izquierda Unida, ha afirmado que su organización “llevará a la calle la reforma de las pensiones”; el líder de Izquierda Abierta, Gaspar Llamazares, exige “un referéndum para que los ciudadanos se pronuncien sobre la reforma” y UPyD reclama que “se ahorre en otras cosas y no en pensiones”. El aislamiento político del gobierno en este tema es total, y ello constituye una de sus principales debilidades.

Encabezar la respuesta 

Pero si están aislados en el parlamento, todavía lo están más en la calle, entre el 90% de la población.

El artículo publicado hace unos días por el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Alicante, José Asensí, apoyando abiertamente “la iniciativa de la Mesa Estatal Pro-Referéndum de las Pensiones (MERP) de plantear una reforma constitucional del artículo 50 de la Constitución, para prohibir explícitamente la privatización de las pensiones, precedida de un Referéndum y de un amplio debate de la ciudadanía”, muestra cómo la campaña de la MERP se va abriendo paso, llegando a sectores sociales cada vez más amplios.

Las próximas iniciativas planteadas por la MERP –una nueva reunión, esta vez con la Defensora del Pueblo, para hacerle entrega de la segunda oleada de firmas, la publicación de un segundo manifiesto en la prensa nacional apoyado por cientos de organizaciones, personalidades y ciudadanos, la concentración de pensionistas a comienzos de diciembre en Madrid o el ciclo de conferencias-debate sobre las pensiones– han de servir para que la alternativa de blindar las pensiones en la Constitución mediante un amplio debate ciudadano y a través de un referéndum llegue todavía mucho más lejos y se convierta en un clamor nacional y popular.

Los próximos meses van a ser decisivos. La discusión en el parlamento de la reforma va a mostrar el aislamiento del gobierno y va a poner en la calle el debate sobre las pensiones. Tenemos que aprovecharlo para dar un salto cualitativo en la campaña, recogiendo cientos de miles de firmas más, ampliando el número de organizaciones y personalidades que forman parte de la MERP, creando un clima de opinión de que en esta batalla, donde el FMI, Berlín y el gobierno se enfrentan al 90% de población, sí se puede derrotarles y hacerles retroceder. De nosotros depende.

NO OS VAYÁIS, OS QUEREMOS

Comparto con algunos de mis compañeros en este espacio de opinión, mi admiración por la capacidad de movilización social y organización que los catalanes han vuelto a demostrar con la Vía Catalana. Y sin embargo, me produce desencanto esta marea independentista porque no comparto la misma admiración por los motivos que la impulsan.

No estoy en contra del derecho a decidir de los catalanes. Es más, creo que Cataluña debe hacer su consulta para despejar sus dudas de una vez por todas. Pero lamento que solo se haya conseguido movilizar a una mayoría de catalanes para separarse del Estado español y no para enfrentarse a un sistema capitalista monstruoso, a la tiranía del mercado o a una democracia corrupta que hace aguas no solo en España también en Cataluña.

Entiendo que en una coyuntura tan angustiosa como la actual, muchos catalanes encuentren en la independencia el camino para independizarse también de este sistema injusto y corrompido, pero no parece lógico que sea así en un territorio donde un gobierno nacionalista con niveles de podredumbre tan altos como en el resto de España, está masacrando con la misma impunidad que el gobierno español los derechos más básicos del Estado social.

Más bien parece que el poder ha encontrado en el independentismo una coartada perfecta para difuminar sus abusos, desactivar la presión social que le cercaba y recuperar la fidelidad de un pueblo herido que ahora piensa más en la herida de su orgullo que en las puñaladas traperas que le ha clavado su propio gobierno. El poder está utilizando la bandera como venda. Para curar heridas seculares y para tapar los ojos.

Muchos catalanes me diréis que no son los políticos sino el pueblo de Cataluña el que lidera este movimiento y que son los partidos los que se suben al carro. Sin embargo, al contrario de lo que ocurre con el 15M o las mareas, en esta oleada la ciudadanía se alía con las fuerzas políticas y eso me hace desconfiar. Me resulta perverso cómo el poder en Cataluña ha conseguido alinearse en el mismo bando que los ciudadanos a los que somete. Y cuando hablo de poder no me refiero solo a Artur Mas, me refiero a quienes pactan con él y quienes utilizan la independencia para sacar tajada electoral.

También en el resto del Estado juegan todos a sacar rédito político y distraer nuestra atención. Aquí nos ponen la bandera de España como venda en los ojos y heridas. Esto me lleva a pensar que el debate por la separación solo beneficia al poder y nos debilita como ciudadanía. El poder recupera adhesiones gracias a las identidades, entierra sus miserias y nos divide como ciudadanos que deberíamos aunar fuerzas frente a él en lugar de discutir nuestra separación. Mientras estemos ocupados en definir nuestra relación, no estamos en lo que tenemos que estar: la defensa de la justicia social. Y esa no es nacional, es internacional.

El enemigo de los catalanes no es España como país. 

El enemigo, pero no solo de los catalanes, de cualquier ciudadano, es esta España y esta Alemania y esta Europa vendidas al capital. Contra lo que todos los ciudadanos deberíamos pelear unidos

Con independencia del accidente de nuestra nacionalidad y lugar de nacimiento, es contra los mercados que controlan nuestros gobiernos y contra estos gobernantes que nos han vendido a los mercaderes. Eso sí que no es un accidente, eso es un atropello.

Quizá en un territorio más pequeño sea más fácil organizar la lucha social pero los movimientos de protesta de los últimos años han demostrado que la lucha es global y
se globaliza fácilmente. Por eso, creo que las fuerzas nacionalistas de izquierdas en Cataluña anteponen su interés particular al general. Tampoco entiendo que la izquierda española permanezca tan inactiva ante este debate. Creo que se confunde el respeto a la decisión de un pueblo con el exceso de prudencia. Debería haber trabajado mucho más activamente por la integración de Cataluña y el reconocimiento de su nacionalidad. Y ahora más que nunca debería hacerlo si no queremos perder definitivamente a una parte tan rica de nuestra sociedad como es la catalana.

No me extraña que haya una mayoría de catalanes que quiera irse de España (también hay muchos españoles que también queremos hacerlo). Muchos catalanes no se sienten españoles porque en el resto de España no se ha aceptado nunca de buena gana que se sientan catalanes. Muchos catalanes se han sentido a menudo con un pie fuera de España porque España ha querido obligarles a que tengan los dos pies dentro. Querían obligarles a que se sintieran tan españoles como los demás y han conseguido que sientan rechazo a lo español.

Nunca han estado como en casa en el Estado español porque siempre se les echaba en cara quisiesen tener casa propia, idioma propio, un Estatut a su medida, una fiscalidad diferente y una nación. Todo lo que se le ha concedido a Cataluña ha sido a regañadientes y ha sido aprovechado por el nacionalismo español para alimentar el anticatalanismo en el resto de España. Y también, digámoslo todo, se ha aprovechado en Cataluña para alimentar un interesado victimismo catalán. Pero no es momento de reproches sino de resolver nuestras diferencias y, si todavía no es tarde, aprender de un desencuentro que se prolonga ya demasiados años.

Creo que muchos catalanes no sentirían ahora ese deseo irrefrenable de marcharse si la incomodidad no hubiese durado tanto tiempo y, sobre todo, si no se redoblase cada vez que gobierna la derecha en España. Tanto hablar de la unidad indivisible de la patria y los que van a romperla son los conservadores. Manda güevos. El nacionalismo español es el que más ha consolidado el nacionalismo catalán. El nacionalismo español es el que más ha hecho en España por la independencia de Cataluña. Enhorabuena. Una razón más para pensar que es al poder a quien beneficia esta separación.

Quizá sea ya inevitable. Si queremos evitarla, el Estado español debe transformar de forma drástica su relación con Cataluña y debe reconocer tanto su diferencia como su nacionalidad. Los catalanes deben aprovechar este momento de fuerza para exigirlo. Lamentablemente, es improbable que la derecha española deje de utilizar el anticatalanismo en su propio beneficio. Aunque la herida es demasiado larga y profunda, es misión de la izquierda y de los ciudadanos que queremos a Cataluña con nosotros, intentar al menos neutralizar a las fuerzas que alejan a los catalanes del resto del país. Si se van, perderíamos una fuerza social y humana irremplazable.

Por eso cuando voten, porque votarán, deberíamos salir a la calle como los canadienses cuando Québec votó sobre su independencia, como contaba Vicente Vallés en un artículo reciente: con carteles en los que les digamos “No os vayáis, os queremos”.

¿Existen clases sociales?¿Hay conflicto entre ellas?

Una característica del tiempo que vivimos es la creencia, ampliamente extendida en los mayores fórums políticos y mediáticos del país, de que las clases sociales han dejado de existir. 





Aunque se acepta que en periodos anteriores las clases sociales hubieran existido, hoy se cree que han dejado de existir (o han dejado de ser relevantes en el estudio del comportamiento social) debido a los dramáticos cambios que ha sufrido la estructura social. En consecuencia, términos y conceptos como burguesía, pequeña burguesía y clase trabajadora han dejado de utilizarse para definir los distintos colectivos en los que la ciudadanía se ubica. En lugar de estos términos, la sabiduría convencional ha redefinido la estructura social catalogando a la población en tres categorías: los ricos, las clases medias y los pobres.

En esta categorización, a la mayoría de la población se la cataloga como perteneciente a las clases medias, tomando como característica definitoria el nivel de renta del individuo, independientemente del origen de tal renta o de la relación que tenga con los medios que producen esas rentas. Se incluyen así en estas clases medias un amplio abanico de rentas, que van desde los que son casi ricos a los que son casi pobres, abarcando de esta manera a la gran mayoría de la población. Para probar la veracidad y certeza de este análisis, los que presentan esta redefinición de la estructura social presentan encuestas que muestran que la mayoría de la ciudadanía se define como perteneciente a la clase media. Estas encuestas, sin embargo, son poco creíbles por la manera como se hace la pregunta en dichas encuestas: “¿Pertenece usted a la clase alta, a las clases medias, o a la clase baja?”. Puesto que se asume que la llamada clase alta son los ricos y la clase baja son los pobres, la identificación de la población con la clase media quiere decir (y solo quiere decir esto) que la mayoría de la población no se consideran ni ricos ni pobres, con lo cual tal identificación carece de relevancia y valor explicativo de comportamiento social.

Ahora bien, la definición de la mayoría de la población como clase media no es inocente. Por extraño que parezca, responde a un proyecto político profundamente conservador que intenta, por todos los medios, la desaparición de las categorías de clase social de los análisis sociales científicos (que derivan de todas las tradiciones sociológicas, desde Marx a Weber) y sobre todo de la categoría de lucha de clases, categorías definidas como “anticuadas” por la sabiduría convencional que se reproduce también entre las izquierdas. Se quiere hacer olvidar cómo el poder se genera y reproduce, que continúa basándose primordialmente, aunque no exclusivamente, en la relación que la población tiene con los medios que generan y distribuyen riqueza y rentas, así como en el tipo y condiciones de su trabajo. Las categorías de raza y génerocontinúan siendo categorías de poder que nos ayudan a entender también cómo se genera y reproduce el poder en nuestras sociedades. Pero la categoría clase social continúa jugando un papel fundamental para entender a nuestras sociedades, así como a sus instituciones. (En un artículo reciente he mostrado cómo el conflicto Capital-Trabajo ha jugado un papel determinante en la crisis financiera y económica actual -“Capital-Trabajo, el origen de la crisis actual”. Monde Diplomatique. Julio 2013-).

La realización de este hecho está reapareciendo muy rápidamente en estos momentos de profunda crisis financiera, económica y política. Y un caso claro es lo que está ocurriendo en EEUU, donde la percepción conservadora de la estructura social se inició, extendiéndose a otros países. La revista Truthout acaba de publicar una recopilación de datos sobre cambios en la pobreza en EEUU, Gary Lapon “Poor Prospects in a ‘Middle Class’ Society” (18.08.13), en que muestra la validez de las categorías de clases sociales para entender la situación de EEUU. En realidad, la mayoría de las clases medias son clase trabajadora cuya situación está deteriorándose muy rápidamente. Y los pobres son, también, en su gran mayoría, miembros de la clase trabajadora.

Según el censo de EEUU, en el año 2011 había 46,2 millones de estadounidenses considerados pobres, representando el 15% de la población (308 millones). El nivel de pobreza es de 11.900 dólares al año para un individuo y de 23.550 dólares al año para una familia de cuatro personas. El Economic Policy Institute, EPI, uno de los centros de análisis económicos de mayor credibilidad en EEUU, indica que esta cifra es muy inferior a la que debería considerarse como mínima para llevar una vida modesta pero digna (que se calcula, es el doble de estas cantidades). Algo menos de la mitad (40%) de la población estaría en esta condición.------ Y este porcentaje ha ido aumentando, resultado, sobre todo, del deterioro del mercado laboral, y muy en especial del descenso salarial. Mientras que el 60% de la población trabajadora tiene salarios que van de los 14 a los 21 dólares por hora, en la gran mayoría (el 58%) de nuevos puestos de trabajo pagan mucho menos. Solo el 22% pertenecen a los primeros niveles. Esto ha forzado el pluriempleo, una condición común que incluso no es suficiente para salir del nivel de pobreza de la población. En realidad, la mayoría de pobres son trabajadores de baja cualificación, cuyo salario no les permite salir de la pobreza.

¿Existe lucha de clases?

Este empobrecimiento de los diferentes componentes de la clase trabajadora y de sectores importantes de las clases medias que derivan sus ingresos de la renta del trabajo, junto con el enorme enriquecimiento de las rentas superiores que derivan sus rentas de la propiedad del capital, ha llevado a una polarización de la estructura social con un claro resurgimiento de la conciencia de clase.

Varias encuestas (véase la Pew Survey. 01.11.2013) han mostrado el gran crecimiento de la conciencia de clase y de la percepción de conflicto existente en tales clases, percepción que se ha dado en todos los sectores de la población. Así, el porcentaje de la población que indica que hay una lucha de clases (class conflict) ha subido de un 43% en 2009 a un 65% en 2012, porcentaje que alcanza incluso cifras mayores (un 74%) entre los afroamericanos. Entre los latinos es un 61%. Es también interesante indicar que entre la población joven (18-34 años) esta percepción (71%) era mayor que en los otros grupos etarios.

Ni que decir tiene que la composición de las clases sociales ha ido variando (siempre ha estado variando), así como la manera como se produce y expresa dicho conflicto. Por regla general, las clases más pudientes rechazan el concepto de conflicto de clases, y solo lo utilizan cuando ven que las otras clases toman acciones en defensa de sus intereses que afectan negativamente los intereses de las clases más pudientes. Así, el Partido Republicano, hegemonizado por la ultraderecha, acusa al movimiento sindical de incentivar la lucha de clases cuando propone aumentar los impuestos sobre los beneficios del capital. Pero en cambio, no utiliza tal expresión cuando se han bajado esos impuestos a costa de aumentar los impuestos sobre el trabajo.

Hoy la polarización social, con la enorme concentración del poder financiero y económico, ha redefinido la lucha de clases, creándose una alianza de clases (la clase trabajadora con componentes de la clase media, que constituyen las clases populares) frente a una minoría que incluye los miembros de las élites económicas y financieras, aliadas a las élites de los partidos dominantes y mayores medios de información, que hoy dominan la vida política y económica de nuestros países.

El eslogan utilizado por el movimiento Occupy Wall Street, el 1% en contra del 99%, intenta reflejar esta realidad, aun cuando supone una simplificación que tiene costes políticos, pues el 1% (en realidad es un porcentaje incluso menor el sector de la población que posee los medios de producción de bienes y servicios. En Catalunya son, como reconocía uno de ellos, el Sr. Millet, ex Presidente del Palau de la Música, persona conocedora como nadie de cómo funciona la burguesía catalana, solo 400 familias) tiene como aliados otro 9% ó 15% de la población (los sectores de las clases medias de rentas altas encargadas de la gestión y gobernanza del sistema, que incluye sectores importantes como los propietarios y gestores de los mayores medios de información) que juega un papel clave en la reproducción de su poder.

De ahí que el eslogan del conflicto entre los de abajo contra los de arriba, aunque exitoso desde el punto de vista mediático, sea insuficiente, pues no tiene la suficiente característica definitoria de señalar por qué unos están arriba y otros están abajo. Las categorías científicas de clases trabajadoras y medias (o clases populares) frente a las clases dominantes, llámense burguesía, clase capitalista o Corporate Classcomo en EEUU, describe mejor lo que está ocurriendo, que es un conflicto entre las clases populares, que son la mayoría de la población en cualquier país, y la minoría, que deriva su poder de clase de la propiedad de los medios de producción y distribución, así como de los medios de legitimación y persuasión, y sus aliados en las distintas ramas del estado encargadas de reproducir su dominio sobre la mayoría de la población. Así de claro.

 [Aconsejo la lectura del libro The Democratic Class Struggle, por desgracia nunca traducido y publicado en España, de mi amigo Walter Korpi, el analista más interesante e influyente entre las fuerzas progresistas del norte de Europa y de gran influencia en el mundo académicoanglosajón. En España aconsejo el excelente libro de Marina Subirats, Barcelona: de la necesidad a la libertad. Les clases sociales en los albores del siglo XXI].

La gran banca se aprovecha de la crisis para hacerse aún más grande

Crecen, luego nos expolian













Ya sabíamos que la crisis no es igual para todos. Pero lo que muchos no sospechaban es que gracias a los llamados "rescates" bancarios –que no son sino un auténtico saqueo de los recursos públicos– la banca está aprovechando la crisis para crecer aún más rápido y hacerse más grande a costa del dinero de todos. Según los últimos informes de la patronal bancaria (AEB), la gran banca controla hasta un 62% más de depósitos que al inicio de la crisis.

Los principales grupos bancarios, Santander, BBVA, Popular y Sabadell acumulan 1.082.000 millones de euros en depósitos de sus clientes, según los datos del informe de la AEB a 30 de junio de este año, 2013.

Los datos revelan un hecho fundamental, la crisis no sólo no les ha impedido crecer, sino todo lo contrario: el sistema de rescates bancarios impuesto por el FMI y Berlín, y ejecutado por los gobiernos de Zapatero y Rajoy, les ha servido para seguir creciendo y multiplicar su tamaño.

El hundimiento de las cajas de ahorros, sostenido (rescatadas) con miles de millones de dinero público –agravado por los escándalos de las preferentes y el saqueo de sus directivos con millonarias indemnizaciones, jubilaciones y bonus– ha sido aprovechado por la gran banca para quedarse con los clientes y sus depósitos.

La gran mayoría de las cajas han sido saneadas con miles de millones de los contribuyentes para ser vendidas a precio de saldo a la gran banca. Así la Caja de Ahorros del Mediterráneo fue entregada al Sabadell por 1€ después de ser reflotada por el FROB con más de 5.000 millones de euros.

"La gran banca está aprovechando de la crisis para crecer aún más rápido y hacerse aún más grande"

El Santander de Botín, líder del sistema financiero, es el que más dinero ha captado: 250.000 millones de euros, hasta los 595.000 millones de euros en depósitos a 30 de junio de 2013. ¡Un 72,5% más que al inicio de la crisis!

El BBVA, segundo banco del sistema financiero, ha incrementado sus activos en un 27%, alcanzando con los 29.373 millones de euros de UNNIM (la suma de las cajas de Sabadell, Terrasa y Manlleu) – “comprada” también por 1 euro– los 340.000 millones de euros en depósitos.

El Sabadell, gracias a las compras del Guipuzcoano y la CAM, ha triplicado sus depósitos, pasando de 33.000 millones hace cinco años a 98.000 millones de euros.

 El Popular ha multiplicado por dos el volumen de sus depósitos tras la compra del Pastor, hasta los 106.000 millones de euro

Engordan pero no prestan

No sólo han engordado sus depósitos, sino que la acelerada acumulación del ahorro de los españoles no ha ido acompañada con un aumento proporcional del crédito a las empresas y las familias.

 Zapatero y Rajoy han justificado los sucesivos rescates financieros con la cantinela de que había que 
“salvar a la banca para favorecer el crédito”.

Han fabricado una gran mentira: mientras la gran banca se quedaban con un 62% más de nuestros ahorros en sus depósitos, los préstamos familiares-empresariales sólo han crecido un 9% en los últimos cinco años y medio. El grupo Santander lleva cinco años estancado en la concesión de crédito. Y lo que han aumentado el BBVA (un 8,8%), el Popular (un 13%) y el Sabadell (un 77%) se debe a los créditos que han asumido de las cajas con las que se han quedado.

Dicen que no prestan porque han tenido que cubrir las nuevas exigencias de capital impuestas por la reestructuración bancaria y dotar de más fondos al Fondo de Garantía de Depósitos. Una auténtica y desvergonzada justificación. Porque no sólo tienen los depósitos, también disponen de los 248.293 millones de euros logrados del Banco Central Europeo entre el 1% y el 0,5% de interés.

La realidad es que durante la crisis Botín y Cía han aumentado sus depósitos en más de 670.000 millones de euros, pero siguen negando –con la complicidad del gobierno– el crédito, el dinero fresco y efectivo que necesita nuestra economía y las familias para salir de la crisis.

Las consecuencias de la reforma de las pensiones

LA REFORMA RECORTARÁ 1.500 EUROS ANUALES A CADA PENSIONISTA











El Gobierno se ha quedado muy corto al evaluar cuánto reducirá el gasto en pensiones con la reforma que acaba de plantear. En el anteproyecto, difundido este lunes, el Ministerio de Empleo calcula que se ahorrará unos 33.000 millones en nueve años. Pero, para llegar a esa estimación, la Seguridad Social supone que la inflación solo será del 1% anual en ese periodo, una hipótesis que contrasta con la realidad de los últimos años. Con parámetros más ajustados, la cuenta se eleva de forma notable: si se toma una inflación del 2%, la utilizada por el Banco Central Europeo en toda la zona euro, el recorte entre 2014 y 2022 rondaría los 70.000 millones, más del doble que la estimación oficial. Y si en los cálculos del Ejecutivo se sustituye el 1% anual de inflación por el 3%, que ha sido el promedio de IPC en España desde el arranque de la zona euro, la reducción sobrepasaría de largo los 110.000 millones.

Este ahorro para las arcas de la Seguridad Social se traducirá en un recorte del poder adquisitivo de los pensionistas. La prestación media de un jubilado, según el último dato publicado, asciende a 13.746,88 euros al año, repartida en 14 pagas de 981,92 euros. Con la estimación del Gobierno (inflación del 1%), la pensión de 2019 será 638 euros inferior a lo que sería si no se aplica la reforma. Si la inflación en los próximos seis años se situara en el 2% anual, la devaluación acumulada en el mismo periodo equivaldría a 109 euros mensuales, unos 1.527 euros en todo el año. Con el 3% de inflación, lo perdido por los pensionistas llegaría a 2.460 euros, más de 175 euros en cada paga.

La reforma que plantea el Gobierno tiene dos patas: cambiar la fórmula de actualización anual de las pensiones, ligada ahora al IPC, y relacionar la cuantía de la pensión con un nueva variable, la esperanza de vida a los 67 años. Ambas propuestas confluyen en el mismo objetivo, frenar el aumento del gasto en pensiones. Sin embargo, solo el primero, que entraría en vigor el próximo año —el parámetro ligado a la esperanza de vida no se incorporará hasta 2019— es el que influye en el recorte estimado hasta 2022.

Desde 1998, para actualizar las pensiones, se aprobaba cada año una subida anual, equivalente a la inflación esperada, anclada al 2% anual. Y si, en noviembre del ejercicio en curso, el IPC superaba ese porcentaje, se compensaba a los pensionistas. Las excepciones han llegado en los últimos años, cuando la crisis empezó a hacer estragos en las cuentas de la Seguridad Social. En 2011, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero las congeló. Para 2012, Rajoy limitó la subida al 1% anual y se saltó la compensación por la inflación en noviembre. Para este año, el incremento inicial quedó en el 2% para los que cobran menos de 1.000 euros al mes (el 70% de los pensionistas) y el 1% para el resto.

La reforma plantea sustituir el sistema vigente por una fórmula, elaborada por un comité de expertos, que vincula las subidas de las pensiones a los ingresos (cotizaciones) y gastos (pensiones) del sistema. A ese índice el Gobierno ha incorporado dos topes: un suelo (una subida del 0,25%) en el caso de que la fórmula refleje que los ingresos no son suficientes para financiar los gastos; y un techo (inflación más 0,25%), para cuando el sistema arroje superávit.

Las cuentas del Gobierno dan por hecho que el índice de revalorización reflejará una situación de déficit hasta, al menos, 2018. Es una estimación coherente con una economía que refleja tasas de paro superiores al 20% desde 2009, un desempleo que, según la previsión del propio Ejecutivo, no bajará del 25% hasta 2018. Y, en paralelo al descenso de cotizaciones, el número de pensionistas no dejará de crecer. Solo en 2022, según Empleo, la fórmula empezará a reflejar mejores ingresos.

Ese escenario lleva al Ejecutivo a aplicar el límite inferior de revalorización previsto (un incremento del 0,25%, poco más que una congelación de pensiones), o una cifra muy similar, en seis de los nueve años previstos. Es en ese periodo (2014-2019), donde se concentra el grueso de la reducción, que el Gobierno calcula por comparación con lo que subirían las pensiones “en ausencia” de los cambios introducidos. Es aquí donde Empleo da por hecho que, sin la reforma, las pensiones subirían un 1%. Y que el recorte viene dado por ese 0,75% de diferencia que se dejarían de aumentar las pensiones. Sobre el gasto total en pensiones, esa menor subida se traduciría en un ahorro de 809 millones en 2014, que se iría acumulando en ejercicios posteriores (incide también el aumento de pensionistas) hasta alcanzar los 33.000 millones hasta 2022.

La elección de ese incremento teórico del 1% para calcular cuánto ahorrará con la reforma se basa en que esa ha sido la subida aprobada por el Ejecutivo del PP para la mayoría de pensiones en los dos últimos ejercicios. En 2012, esa decisión llevó a una notable pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas (la inflación de noviembre fue del 2,9%). Este año, es muy probable que la inflación ronde ese 1%, pero será consecuencia de una combinación de factores (tasa de paro en máximos, actividad económica muy débil, subidas de impuestos como la del IVA dejan de pesar en el IPC) muy difícil de repetir. De hecho, en los últimos 14 años, solo en un mes de noviembre, el de 2009 (el año de la Gran Recesión), el IPC español se situó por debajo del 1%. El promedio de inflación en ese periodo es del 2,9% anual. Ni siquiera en la zona euro, habitualmente menos inflacionista que España, ese 1% es habitual: el promedio en el mes de noviembre desde 1999 se sitúa en el 2,1%.

Además los topes incorporados por el Gobierno a la fórmula que elaboraron los expertos dificultan la recuperación de poder adquisitivo perdido. Si la diferencia entre inflación y subida de la pensión es del 0,75%, como plantea el Gobierno (un IPC del 1% en comparación con tope mínimo del 0,25%), la pérdida de poder adquisitivo de un año malo solo se recupera cuando se suceden tres años buenos, pues lo máximo que puede subir la pensión es la inflación más 0,25%.

Con una estimación del IPC más cercana a lo ocurrido en los últimos años, el tiempo para recuperar el poder adquisitivo que pierden los pensionistas se eterniza. Una merma del 1,75% (inflación del 2%, tope mínimo del 0,25%) en un solo año malo requiere siete años buenos para compensar lo perdido. Si esa merma es del 2,75% (inflación del 3%), harían falta 11 ejercicios con superávit de ingresos para compensar un solo año malo. Las pérdidas de poder adquisitivo que anticipa el Gobierno hasta 2019 con la aplicación de su reforma exigirían entre 18 años (con una inflación del 1% hasta 2022) y 71 años (si el IPC es del 3%) consecutivos de superávit de ingresos en el sistema de pensiones. Otra evidencia más de que la simple aplicación de esta reforma, sin propuestas adicionales, lograría el objetivo de frenar el gasto en pensiones a expensas del poder adquisitivo de los jubilados.

ESLOVENIA

¿PRÓXIMO RESCATE?




La crisis del euro ha estado en un segundo plano últimamente, pero los problemas que enfrentan los bancos en Eslovenia están llegando a un punto crítico. Miles de millones de euros en créditos morosos hacen que el país sea un candidato para el próximo rescate

Según informaciones, los ministros de Finanzas de la zona euro están considerando si Eslovenia puede necesitar ayuda externa para reforzar su sistema bancario. El diario económico alemán Handelsblatt informó el jueves que el Eurogrupo debe discutir sobre el país en su próxima reunión el viernes

Se espera que el ministro de Finanzas esloveno Uros Cufer informe a sus homólogos de la eurozona sobre la situación financiera del país, que se ha deteriorado en los últimos meses. El país está en recesión, y todavía está luchando para reducir su déficit presupuestario de acuerdo con el mandato de la UE de un máximo del 3 por ciento del producto interno bruto.

Eslovenia fue la primera ex República Yugoslava en unirse a la OTAN y la UE, y una vez fue aclamada como un modelo para otros antiguos países europeos socialistas que buscaban establecer economías competitivas. Pero su creciente nivel de vida parece haber sido construida en parte sobre créditos dudosos.

El Gobierno de Eslovenia anunció la semana pasada que iba a liquidar dos pequeños bancos privados, Factor Banka y Probanka, y pondría 1.3000 millones de euros para garantizar los pasivos de los bancos. El gobernador del banco central dijo que las medidas eran para ayudar a evitar una corrida en otros bancos del país .

Las dos instituciones financieras representan sólo el 4,4 por ciento de los activos bancarios totales del país. Pero los observadores creen que el problema podría ser mucho más amplio, con préstamos malos en todo el sector bancario esloveno por un total de más 7 mil millones de euros.

Handelsblatt también cita fuentes anónimas de la zona euro, que afirma que el Banco Central Europeo probablemente tendría que conceder a los bancos de Eslovenia "asistencia de emergencia de liquidez"
 ( ELA ) –algo que los bancos chipriotas recibieron en grandes cantidades en el período previo al rescate soberano de ese país realizado en marzo.

El gobierno de Liubliana busca desesperadamente evitar convertirse en el quinto país de la zona euro en aceptar un rescate internacional de las finanzas del Estado. Los cuatro países que ya lo han hecho –Grecia , Irlanda , Portugal y Chipre– se han visto obligados a hacer recortes presupuestarios draconianos y alzas de impuestos que han enfrentado a una fuerte resistencia de los votantes. España también recibió préstamos de emergencia de la Unión Europea para su sistema bancario, pero evitó un rescate gubernamental completo.

A 40 años del golpe de Pinochet en Chile…

Quien ha acabado ganando es Allende




Cuarenta años después, en el mundo hispano quien está ganando son los que defienden ideas y proyectos similares a los de Allende. Y quienes pierden son los que se identifican con Pinochet o Kissinger.

Hace exactamente 40 años, un golpe teledirigido desde Washington y ejecutado por Pinochet segaba las esperanzas que, para Chile y todo el mundo hispano, significaba el gobierno de Salvador Allende. El pinochetismo ha sido la imagen más sombría de hasta dónde está dispuesto a llegar Washington para defender sus intereses en lo que consideran su “patio trasero”, frente a las aspiraciones de los pueblos. ¿Pero qué balance podemos hacer, cuatro décadas después, de esta lucha sin cuartel entre el imperio y los pueblos? ¿Realmente, a pesar de todos los sufrimientos provocados, ha acabado ganando Pinochet? ¿O lo que ha avanzado en el mundo hispano, y cada vez con mayor fuerza, han sido las alternativas antihegemonistas y progresistas, conquistando un ámbito de independencia y de progreso que en 1.973 parecía impensable?

 Hoy ya nadie puede negar que detrás de Pinochet estaba Kissinger. Principalmente porque la catarata de documentos desclasificados por las autoridades norteamericanas demuestran, más allá de toda duda, que EEUU fue el cerebro del golpe que acabó con el gobierno de Salvador Allende.

En 1970, por orden directa de Richard Nixon, se constituyó un comité encabezado por Henry Kissinger y Richard Helms, el entonces director de la CIA, para coordinar los planes subversivos en Chile. Que intensificó su actividad cuando se confirmó el triunfo electoral de Allende.

"Lo que ha ocurrido en el mundo hispano demuestra que, por muy poderoso que sea el imperio, la fuerza de los pueblos, cuando es consciente y está organizada, es imparable" 

Desde Washington se decidió el asesinato de René Schneider, jefe del ejército chileno de profundas convicciones democráticas. EEUU abrió una “cuenta sin límite” para financiar la desestabilización de Chile. Y oficiales norteamericanos sondearon y reclutaron a Pinochet para encabezar el golpe.

El fascismo pinochetista ejecutó a 3.214 luchadores, y torturó a 38.000. Pero las listas de “objetivos” las había elaborado previamente la CIA.

Todo esto, y muchas cosas más, está documentado. Nadie puede negarlo.

El fascismo pinochetista forma parte de la cadena de golpes e intervenciones organizada por Washington. Invadiendo la República Dominicana en 1965, y teledirigiendo la instauración de dictaduras en Brasil (1964), Bolivia (1971), Uruguay (1973) o Argentina (1976).

Así respondía el imperio a los deseos de los pueblos hispanos por liberarse del asfixiante dominio norteamericano.

En los años ochenta, el FMI sustituyó a los dictadores militares como principal ejecutor de los planes norteamericanos. Imponiendo en todo el mundo hispano draconianos “planes de ajuste” que empujaron a países enteros a la miseria para garantizar la cuota de explotación de los bancos y monopolios yanquis.

¿Pero qué ha pasado desde entonces? ¿Realmente los dictadores “patrocinados” por Washington consiguieron “extirpar” la rebelión… o esta no ha dejado de crecer? ¿Y la intervención y el saqueo del FMI sobre el mundo hispano se ha incrementado… o por el contrario está en retroceso?

Cuatro décadas después, podemos afirmar con rotundidad que quien está ganando la batalla es Allende y los pueblos del mundo hispano, y no Pinochet y Washington.

En los años 70 y 80, la desesperación y debilidad del imperialismo norteamericano frente a la lucha de los pueblos iberoamericanos, le llevó a desatar una oleada de sanguinarios fascismos que parecían haber extirpado de raíz la rebelión. No era verdad. La rebelión no paraba de crecer. La admirable resistencia de los pueblos hispanos ante los fascismos “made in Washington” fue un ejemplo de combatividad. La rotunda oposición al saqueo impuesto por el FMI se desató en todo el continente.

Y gracias a esa lucha –a veces soterrada y aparentemente sin incidencia, pero siempre persistente- los tiempos han cambiado… y de que manera.

Hoy los gobiernos proyanquis son minoría en el continente americano. El legado de Allende se ha convertido en un movimiento antihegemonista que triunfa en cada vez más países, ganando para el mundo hispano una autonomía respecto a Washington hasta hace muy poco impensable.

En Venezuela, un movimiento profundamente antihegemonista encabezado por Hugo Chávez dio el pistoletazo de salida a la rebelión de la Patria Grande.

Inmediatamente, en Brasil, un amplio frente popular representado por Lula conquistaba el gobierno.

Le siguieron en Bolivia la victoria de Evo Morales, en Ecuador el gobierno patriótico de Rafael Correa, en Uruguay el Frente Amplio gana la presidencia, en Perú Ollanta Humala gana las elecciones...

Y hasta Argentina dijo basta, y gracias a la movilización popular consiguió pasar de estar condenada por el saqueo del FMI a ser un agujero negro sin solución, a encabezar los índices de crecimiento.

Todas estas experiencias, a pesar de sus diferencias, comparten un mismo denominador común.

Todos estos gobiernos han ganado autonomía respecto a Washington, lo que les ha permitido redistribuir la riqueza en beneficio de la mayoría y ampliar la democracia.

Esgrimiendo un programa que, salvando las distancias del tiempo transcurrido, guarda muchas semejanzas con el defendido por el gobierno de Allende.

EEUU continúa siendo una amenaza para los pueblos hispanos. Lo hemos comprobado en la asonada militar que derrocó al gobierno hondureño –amparada desde Washington-, o en el “golpe político” que ha defenestrado al presidente paraguayo, Fernando Lugo.

Pero los pueblos hispanos se han levantado. Y están ganando la batalla. Eso nadie puede negarlo.

Gracias al margen de autonomía conquistado respecto a Washignton, el mundo hispano ha ganado un protagonismo global que antes nadie podía soñar. Disfrutando, por ejemplo, de un importante crecimiento económico, mientras en Europa nos golpea la crisis originada en Wall Street.

La “Patria Grande” –esa unidad del mundo hispano frente al imperio norteamericano con la que soñaron muchos luchadores- se ha levantado, y ya no acepta quedar relegada al papel de “patio trasero” de la superpotencia.

Y Washington tiene cada vez más problemas para controlar un territorio que habían considerado de su exclusiva propiedad desde hace más de un siglo.

Lo que ha ocurrido en el mundo hispano en los últimos veinte años demuestra que, por muy poderoso que sea el imperio, la fuerza de los pueblos, cuando es consciente y está organizada, es imparable.

Hoy Pinochet es repudiado en todo el mundo. Mientras que Allende es homenajeado.

En Chile, la candidata de la derecha –más proyanqui que pinochetista- apenas alcanza el 12% en las encuestas para las inminentes elecciones presidenciales. Mientras que una plataforma de unidad progresista –que por primera vez incluye a la izquierda socialista y comunista- es la favorita. Y esta coalición presenta como “punto estrella” de su programa la reforma constitucional. Aunque cueste creerlo, en Chile todavía está vigente la constitución de 1.980, redactada por Pinochet al dictado de Washington. Pulverizar este “corsé” político, que impide la aplicación de las transformaciones que la mayoría demanda, es imprescindible.

En este cambio mucho ha tenido que ver la movilización popular, encabezada por los estudiantes, pero a la que se han sumado muchos sectores populares.

El dominio norteamericano, a pesar de haber esgrimido sanguinarios fascismos como el de Pinochet, retrocede. Mientras que las ansias de independencia y libertad de los pueblos avanzan.

Esta es una tendencia irresistible. EEUU sigue siendo la única superpotencia. Dispone de poderosos instrumentos para intervenir económica, política y militarmente, y han demostrado muchas veces de lo que son capaces de hacer.

Pero sabemos que el futuro pertenece a los pueblos. Y los hechos no hacen sino demostrarlo.

Cuarenta años después, en el mundo hispano quien está ganando son los que defienden ideas y proyectos similares a los de Allende. Y quienes pierden son los que se identifican con Pinochet o Kissinger.

Y todo esto ha sido posible gracias a la organización y lucha de los pueblos. Incluso en los peores momentos de las dictaduras más sanguinarias, la rebelión avanzaba soterrada pero persistentemente.

Toda esa entrega y determinación es la que ahora da sus frutos.

Esta es una lección que nos ofrece la lucha de los pueblos del mundo hispano. Y que en España debemos aprender… y poner en práctica.

Todo nuestro apoyo "Hay que defender la sanidad publica"

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¿Maneras de ahorrar?

Empeora el acceso a los antitumorales

Los precios de los antitumorales son abusivos, pero el filtro de los recortes más

En España, en dos años, el tiempo que pasa entre la aparición de nuevos antitumorales y la autorización para su uso clínico ha pasado de 9 meses a 18. En algunas ocasiones se posterga su entrada al SNS a dos años. 

Las negociaciones entre gobierno y multinacionales farmacéuticas impide la rápida incorporación de estas nuevas especialidades, con lo que los pacientes están en una especie de “corredor de la muerte burocrático”. Entre la espada del combate al déficit público para salvar la banca y la pared de los beneficios empresariales de las grandes farmacéuticas.

Una vez autorizado el uso del medicamento, tal como denuncian oncólogos y asociaciones de pacientes, entramos en las reevaluaciones que llevan a cabo las comunidades autónomas y las limitaciones que introducen algunos hospitales. Estas pueden retrasar o llanamente impedir su uso, con lo que acaban accediendo los pacientes de unas Comunidades Autónomas y no los de otras, los de un Hospital pero no los de otro.

Los fármacos antitumorales, o antineoplásicos, son uno (junto a las terapias del SIDA) de los pilares presupuestarios de los grandes hospitales españoles hacia los grandes laboratorios. 

Los precios son considerados por los propios oncólogos como “demasiado elevados”, “insostenibles”, por lo que, ponen por sí mismos en riesgo el acceso a los fármacos por parte de pacientes que los necesitan. Ya sea porque se lo tienen que costear directamente, a través de seguros privados o a través de sistemas sanitarios públicos, como el nuestro, que se están viendo degradados. 

"No se negocia a la baja los precios por la sumisión" 

Precios en espiral

La espiral de precios afecta, especialmente, a las nuevas moléculas que salen al mercado.

Los especialistas advierten que el coste de los medicamentos prácticamente se ha duplicado en la última década y cómo de los 12 compuestos contra el cáncer aprobados el año pasado por la FDA estadounidense, 11 tienen un coste superior a 77.000 euros anuales por paciente. En diez años hemos pasado de un gasto medio de 3.800 € mensuales por enfermo a más de 10.000. Dos de estos antitumorales fueron rechazados el pasado año por el Ministerio de Sanidad, por su alto precio.

El argumento de los laboratorios es cansino: desarrollar un nuevo fármaco ronda los 1.000 millones de euros y el 40% del aumento de la esperanza de vida entre 1986 y 2000 se debe a los nuevos medicamentos aparecidos en este periodo. Pero los hechos hablan de otra cosa.

Un reciente artículo que recoge el sentir de 120 oncólogos de todo el mundo especializados en la leucemia mieloide crónica en la revista Blood, de la Sociedad Americana de Hematología (entre ellos oncólogos del prestigioso MD Anderson Cancer Center de Houston (EE UU) o de la Clínica de Navarra), repasa la evolución en el tratamiento de un tipo de leucemia que hasta hace 12 años era mortal, la mieloide crónica. La aparición del imatinib (Glivec por su nombre comercial, desarrollado por Novartis) revolucionó el tratamiento como pocas veces sucede en el complejo mundo de la lucha contra el cáncer. De una esperanza de vida de cuatro años se pasó a controlar (cronificar) la enfermedad en más del 90% de los casos.

Cuando el producto se aprobó en los Estados Unidos, en 2001, el coste anual era de 30.000 dólares (23.000 euros) por paciente. La cifra se ha disparado a 90.000 dólares (69.000 euros). Los ingresos de Novartis —que recientemente ha perdido la batalla que mantenía con India por la patente de este fármaco— ligados a Glivec asciendieron en 2012 a 4.700 millones de dólares (3.600 millones de euros).

En España, el tratamiento con Glivec es de algo más de 30.000 euros al año —que asume la sanidad pública— frente a los 69.000 euros en EE UU.

En EEUU el enfermo con bajo poder adquisitivo tiene directamente una barrera a seguir viviendo; gobierno, aseguradoras y farmacéuticas forman una tríada que imponen al ciudadano un saqueo mortal, “tanto tienes, tanto vives”.

¿Sistemas públicos?

Y aunque aquí haya sistemas públicos no estamos fuera del problema, al revés. Nos están obligando a reconvertir nuestra sanidad para que pueda haber un

trasvase efectivo de riqueza hacia sus fondos de inversión sanitarios, grandes aseguradoras y empresas proveedoras de servicios sanitarios. 

"Maneras de ahorrar para ellos, de morir para nosotros" 

El proyecto de degradar política y económicamente España se traduce en hechos como este. En cinco años, España ha pasado de estar en cabeza en la incorporación de fármacos oncológicos, junto a Austria, a situarse a la cola, junto a Portugal o Grecia.

Por eso el gobierno no destina fondos a ampliar la sanidad pública y universal. No porque no los haya, sino porque tienen que ser trasvasados al otro lado del Atlántico

En los últimos tres años, el gasto en sanidad en España ha caído un 10,6%, lo que equivale a 6.700 millones de euros menos en los presupuestos destinados a salud, mientras que en ese espacio de tiempo hemos pagado más de 100.000 millones de euros sólo en intereses de una deuda pública que ha sufrido la arbitrariedad de las agencias de calificación de riesgo norteamericanas.

No se negocia a la baja los precios de los medicamentos por la sumisión y el apego al poder de los grandes laboratorios. Apego que se traduce en compensaciones crematísticas a diferentes niveles por parte de éstos a los partidos en el gobierno de turno

Se sabe, por ejemplo, que la patente del Glivec caduca en tres años. Saldrán genéricos y su precio rondará el 10% del actual. ¡El 10%! Y, aún así, ¡ganarán dinero! ¿Hay algún argumento más sólido para imponer una rebaja drástica de precios?

Maneras de morir

Un ejemplo de esta dilación es el caso de everolimus (Afinitor en su nombre comercial, del laboratorio Novartis) para sus indicaciones en cáncer de pecho en determinadas pacientes (aquellas con sobreexpresión del gen HER2 y sensibles a la terapia hormonal). La Comisión Europea (CE) aprobó su uso en julio de 2012 y aún no se ha incorporado a la lista de fármacos subvencionados por red pública para tratar tumores de mama (ya está para renales). Bastante más tiempo lleva esperando la eribulina (Halaven, laboratorios Eisai), aceptada en Europa en marzo de 2011 para tumores de mama mestastásico tratados ya con dos terapias previas. 

Más de dos años después, sigue a la espera de acuerdo. En situación similar está el vemurafenib (Zelboraf, Roche) autorizado por la CE en febrero 2012 para el melanoma metastásico en pacientes que expresan una mutación específica (la V600E, presente en el 60% de los melanomas) en el gen BRAF. El ipilimumab (Yervoy, BMS), para melanoma avanzado, tuvo que aguardar desde julio de 2011

hasta octubre 2012. El precio en el SNS por tratamiento es de 57.000 euros.

La Fundación para la Excelencia y la Calidad de la Oncología, en la que se encuentran 27 jefes de servicio de hospitales españoles, advirtió recientemente de que seguir existiendo tardanza en la incorporación de nuevos fármacos y diferencias territoriales en el acceso a un mismo medicamento “lo conseguido hasta ahora en oncología en términos de supervivencia y calidad de vida en España puede sufrir un retroceso importante”. También el Grupo Español de Pacientes con Cáncer (Gepac) ha trasladado sus quejas. “Cuanto más tiempo tarda en incorporarse a la sanidad pública, menos gasta la Administración al no administrar estos fármacos, es una cuestión de ahorro”, plantea la presidenta de la entidad, Begoña Barragán. Maneras de ahorrar para ellos, sí. Maneras de morir, para nosotro

Salud ordena al Clínic ceder parte de su actividad a un hospital privado

El centro público perderá 74 camas y 17,5 millones hasta fin de año

El Sagrat Cor, de la multinacional IDC Salud, gran beneficiado de la operación

La Generalitat impone una “alianza estratégica” entre ambas instituciones

Salud pedirá hasta 15 millones a los nuevos patronos del Clínic

El hospital Clínic deberá cerrar 74 camas —un 9% del total— y reducir su presupuesto en 17,5 millones de euros de aquí a fin de año por orden del Departamento de Salud. Sometido a un recorte de tarifas y actividad e inmerso en un proceso de privatización de su gestión, la institución —centro de referencia internacional que atiende a 540.000 habitantes de Barcelona—, deberá perder peso en favor del hospital Sagrat Cor, controlado por la multinacional IDC Salud (antigua Capio). Este asumirá gran parte de la actividad de baja complejidad —la más rentable para el sector privado, según los expertos consultados— que ahora dejará de hacer el Clínic. Salud, además, quiere que esta privatización de actividad se haga con “el apoyo profesional” de los responsables del hospital público.

El cierre de 42 de las 74 camas del Clínic se hará con derivaciones al Sagrat Cor

El director del hospital, Josep Maria Piqué, comunicó el plan al comité de empresa en una reunión el pasado jueves. Las medidas de recorte son consecuencia de la reducción del 4,6% en las tarifas que la Generalitat paga al Clínic —14 millones de euros menos al año— y de la pérdida de actividad equivalente al 1% de los ingresos anuales —3,5 millones—. Las áreas más afectadas son las de medicina interna, neumología, aparato digestivo y también la cirugía traumatológica, vascular y general, según un documento interno al que ha tenido acceso EL PAÍS. El plan de Salud no sería posible sin la “alianza estratégica” entre el Clínic y el hospital de IDC Salud.

El Sagrat Cor se configura así como el principal beneficiario de la aplicación al hospital Clínic del Plan de Reordenación Territorial (RAT), un ambicioso proyecto para redibujar el mapa sanitario catalán que Salud no ha querido detallar en su conjunto y que se está aplicando progresivamente por zonas. Las derivaciones a este centro, que ya tiene un concierto con el Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) permitirán al Clínic cerrar 42 de las 74 camas fijadas y “reordenar” 2.079 altas

Cifras del ajuste
ANTÍA CASTEDO
 El Hospital Clínic debe reducir su gasto en 17,5 millonesde euros de aquí a final de año.
 El hospital tendrá que cerrar 74 camas, mientras que parte de esa actividad la realizará el Sagrat Cor.
 El centro perderá un 9% de las mesas quirúrgicas.
 El recorte salarial alcanzará un máximo de 6,7 millones de euros, el equivalente a la mitad de una paga mensual de la plantilla.
 Una veintena de médicosde más de 65 años deberán jubilarse.
 Unos 45 profesionalesserán recolocados.

Un portavoz de IDC Salud afirmó por correo electrónico que “estas coordinaciones implican una mejor adecuación de los ingresos” hospitalarios y, entre otras ventajas, también permite un “mayor control de los enfermos crónicos”. Todo ello, sigue la empresa, permite priorizar altas, reducir el número de camas necesarias y mejorar la “colaboración entre profesionales”.

Salud, por su parte, argumenta que el tijeretazo al Clínic, que el año pasado contó con un presupuesto de 441 millones de euros, obedece a los mismos criterios que se aplican en otros hospitales. “Buscamos que la actividad se haga en el lugar más adecuado y eficiente”, manifestó un portavoz.

Pero el argumento no convence a los sindicatos. “Estas medidas van contra el sistema público”, denunció Sergi Hurtado, de CC OO. “No entendemos por qué cierran camas en el Clínic, que es un hospital público, para enviarlas a uno privado”, criticó en la misma línea Ana Muela, de la Asociación Profesional de Enfermería del Clínic (APIHC). “La atención en la privada podrá ser más barata, pero la calidad no es la misma cuando los medios que se dedican son menores y se busca el beneficio económico”, abundó. El Clínic se quedará con 323.000 habitantes de su área de referencia para asistencia de baja complejidad,
mientras que el Sagrat Cor asumirá unos 100.000, detallaron fuentes sindicales presentes en el encuentro con Piqué.

Salud asegura que el plan pretende aumentar la eficiencia

IDC Salud asumió la gestión del Sagrat Cor en octubre de 2011, cuando su propietario (la Aliança) pasaba por una situación financiera muy delicada. La multinacional se comprometió a invertir 27 millones de euros allí para mejorar las instalaciones. El sindicato CGT denunció que Salud pretende con esta reordenación “salvar a un grupo empresarial sanitario”.

Como parte del plan de ahorro, el Clínic dejará de suministrar medicación ambulatoria a pacientes de fuera de su área de referencia. Además, el hospital cerrará otras 32 camas y dejará de atender a un millar de pacientes gracias a cambios en el modelo de atención y “mejoras de eficiencia”, tales como potenciar la hospitalización a domicilio. También se cerrarán el 9% de las mesas quirúrgicas.

Buena parte del ahorro (hasta un máximo de 6,7 millones de euros) recaerá sobre los empleados 

El cierre de camas obligará a desplazar internamente a 45 profesionales de enfermería e implicará una reducción en la contratación de personal suplente. También se prevé la prejubilación de una veintena de trabajadores, en su mayoría médicos mayores de 65 años. “Los pacientes y los trabajadores acabamos siempre asumiendo el coste de los recortes”, lamentó Raúl López, de UGT. El Clínic tiene una plantilla de cerca de 4.500 personas.

Buena parte del ahorro (hasta un máximo de 6,7 millones de euros) recaerá sobre los empleados, a los que la dirección prevé recortar el equivalente a la mitad de una paga mensual, una medida que empezará a negociarse con el comité de empresa la semana que viene. Además, la dirección del hospital echará mano de los recursos de Barnaclínic, el área privada del hospital, para complementar el ahorro que no pueda alcanzarse con las otras medidas.

La dirección comunicó a los representantes de los trabajadores que es “consciente” de la “complejidad de este nuevo proceso de reducción presupuestaria” y del “esfuerzo que representa”. El Clínic ya tuvo que cerrar 76 camas cuando Salud le aplicó el primer tijeretazo en 2011. IDC gestiona también del Hospital General de Cataluña, en Sant Cugat.

LOS PENSIONISTAS PERDERÁN UN TERCIO DE PODER ADQUISITIVO EN 15 AÑOS

Casi al mismo tiempo que el Consejo de Ministros aprobaba el anteproyecto de ley de reforma de las pensiones, CCOO y UGT le pedían que lo retirara y comenzara a “decir la verdad”:

las pensiones pueden llegar a perder hasta un 28% de poder adquisitivo en los próximos 15 años si se aplican el factor de sostenibilidad y el índice de revalorización tal cual los ha diseñado el Gobierno. 

El Ministerio de Empleo convocó a los sindicatos y la patronal a una reunión en la que no les proporcionó el anteproyecto de ley que en esos momentos se estaba estudiando en La Moncloa. A pesar de que los responsables del departamento que dirige Fátima Báñez aseguraron a los agentes sociales que los cambios eran sólo formales, éstos desconfían. Los sindicatos y la CEOE reprocharon igualmente al Gobierno cómo ha programado el debate sobre la reforma: haciendo coincidir el diálogo con los agentes sociales con la petición de dictamen a un órgano consultivo como el Consejo Económico y Social (CES) y después con la tramitación parlamentaria del anteproyecto.

La ministra Báñez reiteró ayer su voluntad de “escuchar y tomar en consideración” todas las aportaciones que hagan sindicatos, patronal y grupos parlamentarios. Ante los dos primeros, el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, se comprometió a estudiar las propuestas alternativas que le presentó el responsable de Protección Social de CCOO, Carlos Bravo. Según explicó éste al término de la reunión, Empleo está abierto a discutir “mecanismos de corrección de los efectos” que causa sobre las pensiones el índice de revalorización del Gobierno. Lo que los sindicatos entienden como un reconocimiento implícito de que las pensiones perderán poder adquisitivo

Un factor y un índice  

El anteproyecto aprobado en Consejo de Ministros incluye un factor de sostenibilidad, ligado a la esperanza de vida, que comenzará a aplicarse en 2019 y reducirá la cuantía inicial de la prestación de los futuros jubilados. Además, crea el citado índice de revalorización, que sustituirá al IPC, el parámetro que actualizaba las pensiones según crece el coste de la vida. De acuerdo con la fórmula diseñada por Empleo, la cuantía de las prestaciones dependerá ahora de los ingresos y gastos de la Seguridad Social, así como del déficit o superávit del sistema, que se calculará según las medias de los 11 ejercicios anteriores.

Posteriormente, se aplicará un suelo del 0,25% para las épocas de recesión y un techo del IPC más el 0,25% que les impedirá subir por encima de ese porcentaje en fases de expansión económica. Ambos topes le han servido al Gobierno para afirmar que las pensiones “no bajarán nunca”.

Perderán sobre todo en recesión

Los sindicatos y la oposición parlamentaria, sin embargo, no han tardado en corregir al Ejecutivo. Las pensiones no bajarán en términos nominales, pero sí en términos reales, es decir, teniendo en cuenta la inflación. Y lo harán “particularmente en los años de depresión, sin que vayan a recuperar la pérdida de poder adquisitivo en la fase de recuperación”, explica UGT en el análisis sobre la propuesta del Gobierno que ha elaborado su Gabinete Técnico Confederal. De hecho, según sus cálculos, con una inflación media del 2% –el objetivo fijado cada año por el Banco Central Europeo–, por cada ejercicio de recesión, las pensiones podrían perder un 1,75% de poder adquisitivo, mientras que en los años de expansión sólo se recuperaría el 0,25%. Es decir, por cada año de recesión harían falta siete años para recuperar el poder adquisitivo perdido.

Otro tanto ocurriría con la llamada tasa de sustitución de la prestación: la diferencia entre el último sueldo que se cobra como trabajador y la primera pensión que se percibe como jubilado. Actualmente esa tasa se encuentra entre el 75% y el 80%. El informe del comité de expertos que el Gobierno reunió para hacer una primera propuesta sobre pensiones alertaba de que sus fórmulas iban a causar una “disminución significativa” de la pensión media sobre el salario medio. Y las presentadas ahora por el Ejecutivo se parecen como dos gotas de agua a las de los 12 sabios.

Así que Empleo está dispuesto a redefinir alguno de los elementos de la fórmula que servirá como índice de revalorización: el factor multiplicador del superávit, o qué se van a considerar ingresos y qué gastos del sistema, según revelaron los sindicatos. Hace una semana Fátima Báñez presentó su fórmula como un “mecanismo automático que evitará la discrecionalidad de las decisiones políticas en el futuro”. Pero ayer el ministerio ya reconoció ante los interlocutores sociales la existencia de “elementos discrecionales”, que deberá decidir cada Gobierno.

Qué pasará en año electoral 

Por ejemplo, según la propuesta de Empleo, uno de los parámetros de la fórmula, el que regula la velocidad de corrección de los desequilibrios que sufran las cuentas de la Seguridad Social, será fijado cada año en los Presupuestos Generales del Estado. “Entonces”, destaca el informe de UGT, “el propio Gobierno dictaminará cada año cómo va a influir el superávit o el déficit del sistema en la revalorización de las pensiones, respondiendo más a la coyuntura económica del país y a decisiones políticas –qué ocurrirá en años de elecciones– que a motivos objetivos”.

Lo mismo puede decirse de las estimaciones y proyecciones que los técnicos utilizarán para calcular el índice, apuntó Carlos Bravo. El análisis de UGT revela que más de la mitad de los datos que se necesitan son estimaciones de los cinco años siguientes al ejercicio del que se trate: de precios, de los ingresos y gastos del sistema, de la pensión media y del número total de pensiones contributivas. Con ellas y con los datos de los cinco años anteriores, se extraerán medias móviles. Cualquier estimación, razona el informe del sindicato, parte de “ciertas premisas e hipótesis que no son totalmente asépticas y objetivas”.

Además, las proyecciones que deberán emplearse también parten de hipótesis de futuro “que cuentan con una alta probabilidad de error y pueden estar sujetas a intereses concretos”. UGT recuerda que tantoSuecia como Alemania actualizan sus pensiones sólo tomando como referencia “datos ya oficializados y conocidos”, no “proyecciones que reflejen la situación económica del país en un tiempo futuro”.

Aumento de cotizaciones 

El Gobierno también se mostró dispuesto el viernes a estudiar la propuesta alternativa que le presentó CCOO. Se trata de una “batería de medidas” a corto, medio y largo plazo que suman un ahorro de 43.097 millones de euros, cuatro puntos del PIB. Para que España equiparara su gasto en pensiones a la media de la Unión Europea –el 13,5%–, debería crecer en poco más de tres puntos.

 CCOO sugiere aumentar, de forma inmediata pero temporal, las cotizaciones a la Seguridad Socialpor contingencias comunes. Así, argumenta el sindicato, se resolvería el déficit coyuntural del sistema, fruto de la destrucción de empleo. A medio plazo, propone aumentar la base máxima de cotización y equiparar las bases medias de cotización de autónomos y asalariados del Régimen General. Ambas medidas estaban ya previstas en la reforma de las pensiones que el Gobierno consensuó con los sindicatos y la patronal en 2011. También quiere que el Estado asuma los gastos de personal de la Seguridad Social y que las reducciones de cuotas a los empresarios se conviertan en programas de bonificación.

Y a largo plazo el sindicato pide políticas de reactivación económica para crear empleo, mejorar la lucha contra el fraude, una reforma fiscal y que los Presupuestos del Estado financien ciertas prestaciones que ahora cubre la Seguridad Social.

El IPC, ni en pintura 

Los órganos de dirección de la CEOE analizarán el próximo miércoles la propuesta de pensiones del Gobierno. Antes de la reunión, el secretario general de la patronal, José María Lacasa, se limitó a reafirmar el compromiso de los empresarios con un “sistema de pensiones estable y sostenible en el tiempo”.

Aún no hay calendario para próximas reuniones con los sindicatos y la CEOE, que tampoco cuentan aún con el documento que vio ayer el Consejo de Ministros. “Es la primera vez que desconocemos lo que se va a aprobar”, se quejó la responsable de Política Social de UGT, Carmen López, antes de afear al Gobierno su “concepto” de Diálogo Social. En todo caso, la mirada de Empleo está más en Bruselas. La primera fórmuladel índice de revalorización que les puso encima de la mesa a los agentes sociales el pasado día 2 incluía el IPC, tal y como explicó entonces la propia ministra a los periodistas en rueda de prensa. Sin embargo, cuatro días después les hizo llegar un documento en el que desaparecía de la fórmula la evolución de los precios. En su lugar, los ingresos y los gastos del sistema se presentan en términos reales –descontada la inflación–. El resultado es, pues, el mismo. Pero UGT atribuye el cambio a “motivos políticos”: la Comisión Europea no quiere ver referencia alguna al IPC.

Rescatar a la banca cuesta a cada español 4.675 euros

Su rescate, nuestro saqueo







Desde 2007 el Estado ha desembolsado 220.000 millones de euros en los diferentes "rescates" bancarios. Hacer las cuentas es sencillo: a cada español los "rescates bancarios" de Zapatero y Rajoy nos ha costado, hasta el momento, 4.675 euros. De ellos 850 euros están ya perdidos definitivamente. Los demás los iremos perdiendo aceleradamente.

En apenas 5 años, el Estado ha desembolsado 220.000 millones de euros en los diferentes "rescates" bancarios aprobados por Zapatero y Rajoy. En inyecciones de capital directos, dinero a fondo perdido, al llamado sistema financiero se les han entregado 88.000 millones de euros, incluyendo las garantías concedidas a los grandes bancos que se han quedado con entidades "nacionalizadas". Otros 130.000 millones de euros por compra de activos ("tóxicos") y avales. Según la Comisión Europea, 40.000 millones de euros son ya prácticamente irrecuperables. Pero la cifra de irrecuperables se dispara otros 140.000 millones de euros si tenemos en cuenta:

Primero, los esquemas de protección de activos (EPA) que cubren los "riesgos encubiertos" que pudieran tener los grandes bancos que se han quedado con cajas nacionalizadas;

"A cada español los "rescates bancarios" de ZP y Rajoy le cuestan 4.675 euros" 

Segundo, que la financiación del Estado se convierte en deuda pública, que computa como déficit público (sólo en 2012 empeoró el déficit en 3,6 puntos del PIB) y encarece los intereses que pagamos por ella (más de 40.000 millones anuales); y Tercero, los "activos tóxicos" ocultos de las cajas que aún están en el FROB,
Bankia, Catalunya Banc y NovaCaixaGalicia.

Hacer las cuentas es sencillo: a cada español los "rescates bancarios" de ZP y Rajoy le cuestan 4.675 euros. De ellos 850 euros están ya perdidos definitivamente. Los demás los iremos perdiendo aceleradamente

El diabólico circuito alemán

Además de los 220.000 millones de euros entregados a la banca con las inyecciones de capital, la compra de activos y los avales, hay otro mecanismo que incrementa el coste del rescate bancario y que se oculta sistemáticamente.

Es el negocio montado por el Banco Central Europeo (bajo diseño alemán) para prestar dinero barato a la banca y que ésta compre deuda española. La banca española ha recibido 250.000 millones del BCE a un interés de entre el 1% y el 0,5%, dinero que ha invertido en comprar deuda española con un interés del 5%. La diferencia de intereses nos cuesta a todos los españoles 38.000 millones de euros que se llevan Botín y compañía.

¿Por qué no se presta ese dinero del BCE directamente al Estado por el que todos nos ahorraríamos esos 38.000 millones de euros de intereses? Porque el diseño alemán para el BCE es un auténtico circuito diabólico. Así se garantizan un mecanismo para que la banca española les devuelva a los bancos alemanes los préstamos y los intereses con los que aquellos financiaron la burbuja inmobiliaria.

La Defensora del Pueblo traslada al Congreso y al Senado la exigencia de la MERP de blindar las Pensiones en la Constitución.

La única manera de blindar las Pensiones es prohibiendo su privatización de forma explícita en la Constitución. 



La MERP ha solicitado una entrevista con la Defensora del Pueblo a finales de octubre para hacer la segunda entrega de firmas que se sumen a las 217.000 ya presentadas, intensificando la campaña de recogida de apoyos a su manifiesto fundacional.

La Mesa Estatal Pro-Referéndum de las Pensiones ha recibido recientemente respuesta de Soledad Becerril, Defensora del Pueblo, a la petición de amparar el blindaje de las Pensiones y su poder adquisitivo en la Constitución con un referéndum vinculante tras un amplio debate ciudadano público.

El pasado 27 de junio, representantes de varias organizaciones de la MERP se reunieron con Francisco Fernández Marugán, Adjunto Primero de la Defensora del Pueblo, solicitando el amparo de la Institución ante el ataque que sufren las Pensiones y exigiendo blindarlas en la Constitución.

La Defensora del Pueblo en su carta de respuesta a la MERP dice que “se ha considerado oportuno remitir copia del escrito por ustedes presentado ante esta Institución a los presidentes del Senado y del Congreso de los Diputados, al objeto de que tomen conocimiento del mismo y determinen lo que estimen procedente”

La MERP, que agrupa ya a 60 organizaciones y cuenta con el apoyo de 100 personalidades del mundo de la cultura, la ciencia, la política y la economía, considera que la defensa de las Pensiones afecta al 90% de la sociedad y su mantenimiento adecuado es una línea roja que no permitirá que se traspase. Porque solo una minoría está interesada en liquidar las Pensiones Públicas y evitar su blindaje constitucional. Respecto a las últimas decisiones del Gobierno sobre las Pensiones, la MERP denuncia que el nuevo cálculo para revalorizarlas es una agresión en toda regla. Y, aunque se retrase la aplicación del “factor de sostenibilidad” a 2019 (factor que rechaza frontalmente), se producirá una pérdida inmediata del poder adquisitivo de las Pensiones.

Las medidas del Gobierno en realidad son una rebaja encubierta de las Pensiones. Ante las declaraciones hechas  por la ministra Fátima Báñez, la MERP ha respondido que la única forma de blindar las Pensiones es prohibiendo su privatización de forma explícita en la Constitución. Tras la primera reunión del nuevo curso político, la MERP llama a toda la ciudadanía a apoyar la recogida de firmas y la movilización para que se multipliquen las adhesiones y apoyos a la campaña para blindar las Pensiones en la Constitución.

La MERP se dirige también a todas las organizaciones que representan a los diferentes sectores de la sociedad, sin distinción ideológica, de credo o siglas, para que se unan la campaña y participen en la misma.

http://www.merp.es/

Empobrecer y fragmentar el país

Los halcones de Berlín y su programa para España













Mientras media Europa vive pendiente de los resultados de las inminentes elecciones germanas, las fuerzas políticas y de clase alemanas evalúan la correlación de fuerzas europea y trazan sus planes de futuro para el continente. Y por segunda vez este año, los halcones de Berlín han insistido en su programa para España: empobrecer a la población rebajando todavía un 30% mas los salarios y fragmentar el país, convirtiendo a Cataluña y Euskadi en poco más que protectorados germanos.

Hace unos meses era la Fundación Ebert –patrocinada políticamente por la socialdemocracia y económicamente por grandes magnates de la industria y las finanzas alemanas– la que presentaba los posibles escenarios del futuro de la UE, uno de los cuales contempla la ruptura de algunos de los Estado-nación actuales. Lo que daría lugar a “una Europa matriz con Alemania en el centro y un euro restringido a las economías más sólidas”.

El informe de la Fundación Ebert precisaba de forma concreta como un claro ejemplo de ese posible nuevo mapa político europeo los casos de “Cataluña y la Italia del norte”. Un escenario en el que, afirmaban, “no son los Estados los que rompen con la unión monetaria, sino las regiones prósperas las que rompen con los Estados para intentar incluirse en una zona de integración central”. Se les olvidó añadir que, por supuesto, bajo hegemonía alemana.

"En el caso de España, los salarios tendrían que bajar todavía un 30%"

Han pasado apenas unos meses desde que se hiciera público el informe, y los halcones de Berlín han vuelto a insistir en exponer su programa de empobrecimiento y fragmentación. Esta vez por boca de Bernd Lucke, profesor de Economía de la Universidad de Hamburgo y cofundador del partido euroescéptico alemán Alternative frür Deutschland (Alternativa para Alemania). Formación política que aspira a convertirse en partido bisagra con capacidad de influir políticamente en el futuro gobierno de Merkel a través de los sectores más agresivos de la democracia cristiana.

Y cuyas posiciones políticas se alinean con los de representantes tan cualificados de la gran burguesía alemana como el presidente del Bundesbank, Jens Weidmann, el presidente de la Federación de la Industria Alemana (BDI), Ulrich Grillo –que recientemente pidió a Grecia que pusiera en venta sus islas para devolver el dinero del rescate– o de la familia Springer, propietaria del diario Bild, el de mayor tirada en Alemania, quien se refiere a Mallorca como el 17 länder (región o estado federado) alemán. En una entrevista al diario El Mundo, Lucke exponía sin pelos en la lengua su alternativa económica y política para España.

De entrada, una afirmación tajante: “si un día, algo muy poco probable, yo fuese canciller federal, llevaría a Bruselas un programa para que los países del sur de Europa abandonasen el euro de forma no traumática para el sistema y regresasen a sus antiguas monedas. Así podrían abordar la tarea de recuperar competitividad desde una perspectiva más real”.

Pero su programa no se reduce a propuestas generales, también para cada país tienen su propia alternativa: “En el caso de España, los salarios tendrían que bajar todavía un 30% para hablar de una producción realmente competitiva (...) Sin esa bajada, no se volverá a crear empleo como para reactivar la economía”. Es decir, si ya hoy la mayoría de los asalariados españoles cobran sueldos inferiores a los 1.000 euros, lo que barajan en Berlín es rebajar los sueldos por debajo de los 600 o 700 euros. Es posible, como dice Lucke, que así se reactive la economía, pero a costa de matar de hambre a la mitad de la población.

"Cataluña y País Vasco podrían permanecer en el euro, Andalucía no"

Puede que para los grandes monopolios alemanes, Volkswagen, Mercedes, Bayern, Basf,... no sea todavía la “solución perfecta” que idearon los nazis reclutando forzosamente centenares de miles de trabajadores europeos para trabajar gratuitamente en sus fábricas durante la Segunda Guerra Mundial, pero empieza a parecérsele bastante.

Como tampoco se limita a exponer medidas económicas, sino que no duda en saltar a un terreno político tan sensible como la misma integridad territorial de España y la configuración de nuestro actual Estado: “Hay muchas formas de hacerlo, varios proyectos diferentes [para los países que abandonen el euro]. El objetivo es que los que no puedan financiarse tomen distancia para crear así una línea de contención del problema. Y no es necesario pensar en países enteros. Cataluña, País Vasco y el norte de Italia podrían permanecer en el euro, por ejemplo, pero está claro que Grecia o Andalucía no forman parte de esta realidad.

Empeñarnos en lo contrario es negar la evidencia. Y cuanto más tardemos en darnos cuenta, más caro nos costará a todos”.

Países enteros no, que son difíciles de dominar y digerir. Mejor pensemos en países divididos y fragmentados. Cataluña y Euskadi sí, Andalucía no. El viejo sueño napoleónico de trazar una línea divisoria en el Ebro para anexionar a Francia los territorios que quedan al norte reaparece 200 años después, sólo que esta vez en versión germánica. Lo preocupante del asunto es que mientras lo de Napoleón no dejó de ser nunca un proyecto sobre el papel, la burguesía monopolista alemana ya ha ensayado recientemente, y con éxito, en la antigua Yugoslavia o en Checoslovaquia esta táctica de dividir y fragmentar para dominar y explotar mejor .

 La brutal y desvergonzada franqueza con la que está gente habla de empobrecer a la población del sur de Europa o de romper y dividir países como España e Italia no conoce límites. ¿Pero quiénes se han creído ellos que son, sino una burguesía criminal y degenerada que ha llevado por dos veces a Europa a la mayor carnicería que ha conocido jamás la humanidad? ¿Con su trayectoria de barbarie y crueldad, qué lecciones de progreso y bienestar creen que pueden venir a dar a la vieja y sabia Andalucia?

La cosa no tendría mayor importancia ni iría más allá de la insignificante opinión de un oscuro profesor de Hamburgo si no fuera porque llueve sobre mojado. Y porque aunque el partido que él representa muy probablemente no llegará siquiera a rebasar la barrera del 5% para entrar el parlamento alemán, la reiterada e insidiosa propaganda sobre este asunto que desde Berlín se insiste en trasladar a la opinión pública revela, de forma tan inquietante como peligrosa, que oscuras nubes de tormenta se están gestando desde uno de los corazones más negros de Europa.