EMERGENCIA NACIONAL Y CRISIS DE DEUDA

Salir de la recesión puede consagrar una Europa real de “dos velocidades” 
El capitalismo financiero se encuentra cómodo con los ajustes 
El actual diseño de la UE es fuente de asimetrías


Cuando se califica la situación actual como de emergencia nacional no solo se debe entender en el sentido de desastrosa o fuera de control, sino también como símbolo de que esta crisis está evolucionando de tal forma que vuelve a situar los intereses nacionales y la voluntad nacional como principio activo de la política. 

Empieza a ser innegable que, por encima de las políticas de ajuste, la carga de la deuda externa público-privada es, en los países del Sur, la pieza que hoy bloquea el arranque de la economía productiva y que su única solución (quita mas reestructuración de vencimientos) choca con los (des)equilibrios de poder y la ruptura de consensos en una Europa polarizada entre deudores y acreedores. 
Esta ruptura es evidente. Mientras en las últimas décadas del siglo pasado la solución europea se presentaba como sólida y la única posible, la crisis actual ha convertido a Europa en un avispero y en el centro del problema. 
Europa representaba entonces dos cosas: una integración voluntaria hacia espacios soberanos de mayor tamaño y un modelo social basados en sólidos consensos entre el capital y el trabajo. 
Hoy lleva camino de no representar ninguna de las dos. Aquel club de países voluntarios que defendía un poder institucionalizado que caminaba desde el consenso hacia la ponderación de cada país, medido en número de votos, capaz de reconocer los desequilibrios del proceso y ofrecer compensaciones a los más débiles (los fondos de cohesión y territoriales), se desliza peligrosamente al terreno de “lo fáctico”, hacia la construcción de una Europa alemana, que impone sus soluciones unilaterales favorables a los acreedores mientras congela el presupuesto y debilita los esquemas compensatorios. 
Lo que era transferencia voluntaria de soberanía se parece demasiado a una “imposición externa” que homogeniza soluciones tratando como homogéneos (meros deudores), casos disímiles. Lejos de ser una solución única, atractiva e integradora se parece demasiado a la impuesta bajo el imperio romano, los Austrias o a la unión napoleónica. ¿Hay algún organismo europeo en que se vote según el peso de cada país? Si Italia y España aportan el 28% de los fondos al BCE y al MEDE, (con Francia un 48%) más que Alemania (27%) no deben poder influir en las decisiones? Hay que volver a un club con reglas claras. 
El hecho probado es que las prioridades europeas se escapan a los equilibrios que caracterizan a todo control institucional. Y que el capitalismo financiero se encuentra especialmente cómodo con una agenda tecnocrática basada en los ajustes mientras se demora permanentemente la convergencia fiscal y social. 
Los principios mercantiles privados, siempre presentes, siempre dominantes, quedan invalidados cuando interesa. Si cualquier concurso de acreedores conlleva un pacto deudor-acreedor con aplazamientos y quitas para asegurar la capacidad efectiva de pago del deudor, es porque se reconoce el principio del riesgo compartido omnipresente en toda operación financiera y porque es la única solución lógica que permite la supervivencia de unos y otros. Sin embargo, ese principio natural se les niega a los países periféricos: aunque estén al borde de la suspensión de pagos, o de la insolvencia, no pueden aspirar a una quita sobre la deuda. Están condenados a asumir todo el peso de la reestructuración aunque el ajuste social sin límite les instale en una depresión del consumo que lastre el desarrollo de la propia UE. “En España, el consolidado de bancos y sector público es muy probablemente insolvente”, afirma el experto en crisis William Buiter. Reducir una cifra que se retroalimenta (bancos comprando deuda publica, estado saneando bancos) y supera el 200% del PIB (de los que casi la mitad es deuda externa) significa muchos años de sequía de crédito e impide que el aumento de las exportaciones facilite el despegue de la inversión mientras el altísimo nivel de paro, la bajada de sueldos y la inseguridad jurídica laboral, junto al endeudamiento familiar, frena el consumo. Esa evidencia convierte en inasumible el coste social del desapalancamiento en exclusividad. 
La salida de la crisis requiere contemplar la suma de los recursos totales que serán necesarios para culminar no solo el saneamiento, en el que estamos, sino para poner en marcha el relanzamiento posterior. 
La lógica actual de ajustes pangermánica traslada los costes de saneamiento, aquellos que pagan el pato por operaciones fracasadas, enteramente sobre la periferia, mientras que habla de compartir y mutualizar los segundos, los que generan nuevas oportunidades rentables. 
Los alemanes y el centro europeo se niega a que sus bancos sufran por sus ligerezas crediticias, mientras aspiran a aprovecharse de nuevos programas europeos, como el Plan Marshall que proponen los sindicatos alemanes, financiados con fondos compartidos.
Añada a esa situación que por cada 100.000 de nuestros ingenieros, informáticos, economistas... empujados al exilio económico (la “movilidad exterior” de la que tanto se enorgullece la ministra Bañez) significa una transferencia de capital humano valorada en 5.000 millones de euros, un 0,5% del PIB. 
¿Quién sacará partido de esa situación cuando nuestros mejores profesionales se han desplazado allí para sobrevivir?
 Se trata de una salida de la crisis que consagra una Europa real de “dos velocidades”, con una distribución de recursos que favorecerá la recuperación del centro a través de programas financiados con fondos compartidos, mientras la periferia es obligada a asumir íntegramente su “pasado oneroso” sin poder contar con las transferencias de renta que homogenizan los derechos por pertenecer al mismo club. 
No solo hay que bajar la prima de riesgo o reclamar demoras en la velocidad del ajuste, hay que reducir la deuda citada en más de un tercio. El crecimiento será muy desigual y muy difícil de otro modo. Esa debe ser la clave de un nuevo consenso nacional y la clave de la convergencia de planteamientos desde los países del sur respecto al frente de acreedores. 
¿Qué efectos tendría la convocatoria de una Conferencia entre, al menos, las fuerzas progresistas del sur de Europa, partidos y sindicatos, que tuviera como único punto del orden del día el análisis de las dimensiones y viabilidad del pago de la deuda a la luz de la experiencia histórica? 
Hay que instalar la idea de que la reestructuración de sus cargas es una cuestión de supervivencia para la eurozona como reconoce el propio FMI. Múltiples experiencias históricas lo avalan: desde la que permitió el despegue alemán en los años 50 hasta la que representó el Plan Brady para America Latina en los 80. De lo contrario, una salida basada en la culpabilización de los países del sur no hará sino ahondar en más desequilibrios. Con lo cual quedaría demostrado que el actual diseño de la UE no sólo la incapacita para enfrentarse a crisis asimétricas, sino que, en sí misma, empieza a ser fuente de asimetrías, desigualdad fiscal y divergencias competitivas. Justo lo contrario que aspiraba a ser.

Entrevista a Santos M. Ruesga, miembro del Comité de Expertos

“El Gobierno tiene prisa por presentar la reforma de las pensiones ante la troika”

Santos M. Ruesga, catedrático de economía en la UAM y miembro del Comité de Expertos nombrado por el Gobierno explica en una entrevista exclusiva concedida a De Verdad TV las razones por las que votó en contra del informe sobre la nueva reforma de las pensiones aprobado por la mayoría del comite

En la entrevista, el catedrático de Economía expresa su convicción de que las prisas del gobierno vienen dictadas por las exigencias de la troika, que la reforma propuesta por el comité hará descender las pensiones muy por debajo de los salarios y que con ella se abre la puerta a las aseguradoras y bancos nacionales y extranjeros para el negocio de las pensiones privadas

Votó usted en contra del informe que aprobó el Consejo de sabios. ¿En qué puntos está en desacuerdo y por qué?

Básicamente es un desacuerdo global. El problema es el fondo de lo que plantea. El pensionista en el futuro tendrá una pensión proporcionalmente menor respecto a los salarios. En este momento la relación entre la pensión media y el salario medio está en torno al 48%. Es difícil hacer estimaciones a cincuenta años vista pero es posible que se llegue a un porcentaje del 30 % o incluso menor como consecuencia de la reforma y de los dos factores de sostenibilidad aprobados. El propio informe estima que en 25 años se reducirá la pensión en un 20% en términos nominales [...] 

"las pensiones se han convertido en un colchon social muy importante"

Es un contrasentido económicamente hablando rebajar las pensiones en la situación en la que estamos. Más en la medida en que las pensiones se han convertido en un colchón social muy importante dado el aumento del desempleo y la devaluación de los salarios consecuencia de las políticas de austeridad. En conclusión discrepaba en que este factor hubiera que aplicarlo en este momento y discrepaba en la propia esencia de este factor porque una vez más carga el ajuste sobre los pensionistas. En mi opinión el factor de sostenibilidad debe basarse en un trasvase de rentas y no en recortar las pensiones. Sin tocar otras partidas de gasto las administraciones deberían transferir dinero al sistema de pensiones (…) Si quisiéramos aplicarlo automáticamente bastaría con ligar el factor de sostenibilidad a un coeficiente sobre el crecimiento del PIB. Es decir que las pensiones se revaloricen en proporción al aumento de la productividad del sistema económico. Hay que cambiar la orientación de la reforma para mantener la suficiencia de las pensiones frente a recortarlas.

¿Son insostenibles las pensiones?

Hay expertos que hace ya quince años hablaban de la insostenibilidad de las pensiones. Algunos de ellos forman parte del comité y yo se lo he recordado. En el 1994 circulaban informes de carácter privado que defendían que en el 2010 las pensiones serían insostenibles y no ha ocurrido así. El déficit coyuntural de la seguridad social aparece en el 2011 con una cuantía pequeña del orden de 300 millones y cuando se dispara es en el 2012 que está por encima de los 10.000 millones. Es un problema sin duda pero se ha absorbido sin especiales problemas a través de ingresos extraordinarios del sistema y del Fondo de Reserva. El Fondo de Reserva permitirá absorber déficits similares al del 2012 que previsiblemente podrían repetirse en los próximos cuatros años según las propias previsiones del Gobierno [...]

"la estrategia es reducir paulatinamente las pensiones públicas para hacer hueco a las pensiones privadas"

Como cualquier sistema que se nutre de gastos e ingresos puede tener desequilibrios y en principio las hipótesis que barajamos para el futuro apuntan a un incremento de los gastos y no de los ingresos si no se toma ninguna medida. El sistema no está en riesgo inmediato de quiebra. Los riesgos importantes empezarían a manifestarse a partir del 2030 si las previsiones se cumplen. Esto es normal, ocurre en otros escenarios de gasto público y está bien abordarlo. Pero como todo depende de cómo lo abordes.

Puedes reducir el gasto por pensionista pero también puedes aumentar los ingresos aumentando las cotizaciones por salarios reales o subir el tipo de cotización. Otra opción si no quieres hacerlo vía cotizaciones es que el Estado haga más transferencias al sistema de la seguridad social. En este momento el Estado transfiere un punto del PIB para pagar los complementos a mínimos, las pensiones contributivas… Mis estimaciones me dicen que en el 2050 el trasvase sería del 2% del PIB. El escenario que yo planteo es que el ajuste se haga vía solidaridad y no con cargo a la parte más débil y vulnerable de nuestra sociedad que son los pensionistas. Todos antes o después pasaremos por ser pensionistas. Ésta no es una discrepancia técnica sino ideológica y política.

A fin de cuentas la reforma de un sistema de pensiones es de orden político. Aumentemos los ingresos y mantengamos un cierto nivel de la pensión media. En ningún sitio estaba dicho que las reformas debiéramos aplicarlas ya de manera inmediata. ¿Por qué tantas prisas? Porque el Gobierno tiene prisa por presentar antes de final de año una ley de reforma del sistema de pensiones ante la Troika que manifieste que las pensiones se van a recortar y el impacto del sistema de pensiones en el déficit se reducirá a partir del año que viene.

Bruselas exige taxativamente la reforma de las pensiones ¿Qué otros intereses económicos hay detrás de las presiones políticas?

En el corto plazo los intereses son políticos en relación a la reducción del déficit. Y a largo plazo si el sistema de pensiones va ir recortando paulatinamente la renta relativa del pensionista una parte de los futuros pensionistas tratarán de buscar sistemas de ahorro para complementar su pensión. Las aseguradoras y bancos de dentro y fuera del país vienen manifestando su interés por que el negocio de los fondos de pensiones se amplíe. Yo en principio no tengo ningún inconveniente siempre y cuando eso no se haga a costa de la reducción de las pensiones públicas. La estrategia es reducir paulatinamente las pensiones públicas para hacer hueco a las pensiones privadas. Esto es lo que yo no voy a defender ni defiendo.

"Me parece bien que los ciudadanos expresen su opinión en un referéndum sobre las pensiones

El sistema de fondos de pensiones privados en España es poco eficiente. Los españoles durante los últimos cuarenta años hemos hecho nuestro fondo de pensiones privado que se llamaba hipoteca y compra de vivienda.

Una parte fundamental del complemento de rentas de los pensionistas es la renta imputable a la vivienda propia. Si hoy la tasa de jubilados con vivienda propia no fuera tan alta tendríamos con las pensiones actuales que son relativamente bajas un grave problema. En parte se amortigua lo bajo de las pensiones con que el 80% de los jubilados tiene una vivienda en propiedad.

El error desde el punto de vista de los fondos de pensiones es pensar que existe un gran volumen de negocio cuando la tasa de ahorro del país se cae vertiginosamente al primer síntoma de recesión económica. Tengo bastantes dudas de que haya un volumen importante de ciudadanos que hagan una contribución importante a los fondos privados incluso ante el miedo o la expectativa de que las pensiones públicas se reduzcan. Por poner un ejemplo: la aportación de los trabajadores para los fondos de pensiones de empleo no llega a más de 200 euros al año. Y las desgravaciones fiscales sobre los fondos de pensiones son solo una ilusión. Nos encontraríamos en un hipotético escenario de mayores niveles de pobreza y marginalidad.

Desde la calle y distintas plataformas se exige un referéndum sobre la reforma de las pensiones. ¿Apoya usted que se debata, reflexione y vote una cuestión tan trascendental para todos?

Sería importante definir el objetivo del referéndum. Es perfectamente posible que igual que en su momento se reformó la Constitución para garantizar un objetivo de equilibrio de las cuentas públicas con el cual yo tampoco estoy de acuerdo porque creo que no es una política adecuada se podría hacer una consulta pública o llegar a un acuerdo de las fuerzas políticas para garantizar la suficiencia de las pensiones. Si las fuerzas políticas no lo acuerdan pero una mayoría de ciudadanos lo exigen  en un cuestión con una trascendencia singular que va a afectar al 30% de la población en los próximos 30 años.

Alarmantes signos de rearme en Japón

Japón celebró una ceremonia el martes en conmemoración del 68º aniversario del ataque con bomba nuclear a manos de EEUU contra Hiroshima.





El mismo día, en una ceremonia no tan pacífica, Japón presentó el mayor buque de guerra de su Fuerza de Autodefensa Marítima en un puerto cerca de Tokyo.

El gran buque, de nombre Izumo, toma su nombre de un crucero utilizado durante la invasión a China a principios del siglo XX.

Aunque es llamado un "destructor equipado con helicóptero", el nuevo barco, con una longitud de 248 metros y un peso de 19.500 toneladas, es parecido mucho a un portaaviones.

Con la capacidad para acomodar 14 helicópteros, el barco también está disponible para la nave de rotor basculante US Osprey. Con modificaciones mínimas el buque puede ser remodelado para convertirse en un portaaviones totalmente operativo, lo cual es considerado generalmente como un arma ofensiva y por ello prohibida por la constitución japonesa.

El artículo 9 de la constitución actual de Japón dice que "nunca se mantendrán fuerzas terrestres, marinas y aéreas así como otros potenciales de guerra".

Por este motivo, la presentación de este buque es una violación de la cláusula pacífica, y otra alarmante señal de que el gobierno japonés está buscando deshacerse de la constitución pacifista y reforzar sus fuerzas militares.

En una provocación previa, que supuso fuertes protestas tanto dentro de Japón como en los países vecinos, el vice primer ministro de Japón, Taro Aso, dijo la semana pasada que Japón podría "aprender de la técnica" que la Alemania Nazi utilizó para alterar la constitución de Weimar.

El político japonés parece sugerir que igual que el régimen Nazi reconstruyó de manera clandestina un ejército formidable, Japón podría reforzar su ejército sin llamar la atención pública o provocar criticismos.

A ojos de la región, la presentación del Izumo, y la propuesta de Aso de emular las tácticas Nazis, indican un intento de resucitar los esqueletos del ignominioso pasado militarista nipón.

Por ello, existen razones suficientes para que la comunidad internacional se preocupe por el potencial restablecimiento del militarismo japonés.

El rearme encubierto bajo la apariencia de "autodefensa" llevaría a las naciones asiáticas a una carrera armamentística que amenazaría la estabilidad de la región.

Durante la ceremonia de Hiroshima, el primer ministro japonés Shinzo Abe prometió asegurar que "el horror y la devastación causada por las armas nucleares no se repita".

Para ello, Japón debe reflexionar sobre su pasado de agresión, acabar con el rearme, y volver al camino de la paz. 

¿Otro movimiento del "cerco a China"

Obama perfeccionando su japonés, o una nueva línea de barcos de recreo?

La Defensora del Pueblo responde a la MERP Blindar las pensiones en la Constitución

Tras la reunión que representantes de la Mesa Estatal pro-Referéndum de las Pensiones (MERP) tuvieron el pasado 26 de junio con el adjunto a la Defensora del Pueblo y la entrega de las primeras 220.00 firmas apoyando una reforma para blindar las pensiones en la Constitución mediante un referéndum, la Defensora del Pueblo ha enviado a la Mesa Estatal el escrito que reproducimos a continuación.


“Estimados Sres.:
Hemos recibido su escrito, que fue registrado con el número arriba indicado (...)
El Defensor de Pueblo tiene encomendada, por el artículo 54 de la Constitución (...), la defensa de los derechos comprendidos en el Título 1 de la norma suprema y, a tal efecto, supervisa la actuación de las Administraciones públicas y el esclarecimiento de sus actos y resoluciones a la luz de lo dispuesto en el artículo 103.1 del texto constitucional.
Del contenido de su escrito se desprende su intención de suscitar un debate sobre el alcance, el contenido, los niveles de protección y el carácter público del sistema de pensiones, así como su petición de celebración de un referéndum para reformar la Constitución, en cuyo articulado desean que se recoja explícitamente el mantenimiento del poder adquisitivo real de las pensiones.
Este aspecto de la protección de los mayores viene regulado en el capítulo correspondiente a los principios de la política social y económica de la Constitución, que establece que los poderes públicos garantizarán la suficiencia económica de los ciudadanos durante la tercera edad mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas.
Con relación a esta cuestión, el Defensor del Pueblo, en el marco de una investigación de oficio que se encuentra en trámite, ha recomendado al Ministerio de Empleo y Seguridad Social que el Gobierno de la Nación asuma el compromiso de compensar la pérdida de capacidad adquisitiva que vienen sufriendo las pensiones publicas, en el momento que se recupere el equilibrio de las cuentas de la Seguridad Social y no resulte necesario acudir al Fondo de Reserva para garantizar la liquidez del sistema.
En este sentido, nos encontramos a la espera de las iniciativas que puedan adoptarse para evaluar el grado de aceptación de esta recomendación.
Por otra parte, debemos comunicarles que la Constitución española, en su artículo 166, establece que la iniciativa de reforma constitucional se ejercerá en los términos previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 87, que se refieren al Gobierno, el Congreso, el Senado y a las Asambleas de las Comunidades Autónomas. Una vez impulsado un proyecto de reforma constitucional, su aprobación requiere la mayoría de las Cámaras que se concreta en los artículos 167 y 168, así como la tramitación de los procedimientos que en ellos se determinan, que pueden llegar a incluir, dependiendo del tipo de reforma de que se trate, la disolución de las Cortes, la elección de unas nuevas Cámaras y su sometimiento a referéndum para su ratificación como conclusión del procedimiento.
En lo que se refiere a la solicitud de la celebración de un referéndum, que se incluye en el debate ciudadano al que se alude en su escrito, les informamos que, según lo dispuesto en el artículo 92 de la Constitución, las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos, que será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados.
La autorización para la convocatoria de consultas populares por esta vía, es competencia exclusiva del Estado y la Ley orgánica 2/1980, de 18 de enero, que regula las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum, no atribuyen al Defensor de Pueblo la iniciativa a este respecto.
No obstante, según lo establecido en el articulo 77 de la Constitución, las Cámaras pueden recibir peticiones individuales y colectivas por escrito, que pueden ser remitidas al gobierno, que estará obligado a explicarse sobre su contenido siempre que las Cámaras así lo exijan.
A la vista de lo anteriormente expuesto, con esta misma fecha se ha considerado oportuno remitir copia del escrito por ustedes presentado ante esta institución, a los presidentes del Senado y de Congreso de los Diputados, al objeto de que tomen conocimiento del mismo y determinen lo que estimen conveniente”. Les saluda muy atentamente:
Soledad Becerril
Defensora del Pueblo

Explicar, no ocultar

La ausencia de un relato contrastado del accidente de Santiago ceba las especulaciones


Un relato contrastado de los hechos es mucho más necesario que dejar que corran las especulaciones y las conjeturas, en parte alimentadas por los comentarios informales y las medias palabras procedentes de las empresas públicas Adif y Renfe.





Ana Pastor, la ministra de Fomento, se mostro por fin dispuesta a comparecer en el Congreso para dar explicaciones: ya era hora. También debería explicarse la Xunta de Galicia, que niega descoordinación en las tareas de rescate durante las primeras horas tras la tragedia, pese a los indicios de lo contrario. El maquinista del Alvia siniestrado ha aceptado ante el juez haberse “despistado” al creer que estaba en otro tramo y frenar tarde. La apertura de las cajas negras del convoy debe arrojar luz sobre lo ocurrido en la cabina de pilotaje. Cualesquiera que sean las responsabilidades penales y civiles del conductor —y por ende de Renfe como empleador— es sorprendente que el acceso a una curva muy cerrada no esté equipado con un sistema de frenado automático. No menos extraño resulta que esa situación sea compatible con un trazado que obliga a reducir fuertemente la velocidad (de 200 a 80 kilómetros por hora) en un espacio y un tiempo muy cortos. Son algunas de las dudas suscitadas y las que pueden albergarse respecto a otros puntos de la red. Más allá de la tragedia en sí y del dolor provocado por la pérdida de tantas vidas humanas, la alta velocidad ferroviaria funciona muy bien en España. Pero cabe preguntarse si las prisas políticas son malas consejeras
Pudo ser excesiva la puesta en servicio de un tramo ferroviario como el de Ourense-A Coruña, presentado como de alta velocidad aunque parte de su recorrido no está construido ni aparentemente equipado como tal. Hay que deslindar las verdaderas prestaciones exigidas a un servicio que, sin ser estrictamente de AVE, ha operado como si lo fuera. El enorme esfuerzo inversor ha incluido la instalación del sistema de seguridad electrónica más avanzado (ERTMS) en 1.786 kilómetros, un récord, pese a lo cual solo está disponible en algo más de la mitad de la red de alta velocidad. Eso no quiere decir que el resto sea inseguro, sino que debe ser operado con más precauciones. Despejar las dudas suscitadas es un ejercicio de credibilidad tan necesario como una visión realista de lo que es alta velocidad y lo que no lo es. Lo que está en duda no es la competencia técnica de las empresas españolas del sector, sino las posibilidades inversoras de este país para convertir en realidad todo cuanto aquellas pueden hacer tecnológicamente posible. Y eso no hay que ocultarlo, sino explicarlo.
Lo absurdo es refugiarse en la sugerencia de que las explicaciones pertenecen a los arcanos de la ingeniería.

RAJOY ENVÍA UN MENSAJE DE FORTALEZA A BERLÍN

La comparecencia de Mariano Rajoy ante el Congreso de los Diputados (en sede del Senado) ha reafirmado la estabilidad de la mayoría parlamentaria española ante los centros de poder europeos y los observatorios financieros internacionales.


Primera conclusión, por tanto: España vive una tormentosa situación política que va para largo, en medio de una grave crisis económica, pero no regresa a la zona de riesgo sistémico cuando faltan dos meses para las importantes elecciones alemanas.
Primera conclusión: señal de estabilidad a Bruselas y Berlín.

Segunda: se ha restablecido un cierto voltaje entre los dos partidos principales (muy desgastados en las encuestas).

Tercera: Izquierda Unida y UPyD han tenido oportunidad de afinar su diálogo con los descontentos y probablemente no la han desaprovechado.

Cuarta conclusión: no se ha aminorado, en absoluto, el enorme fastidio de la sociedad ante la degradación de la situación económica y política del país, un estado de ánimo que contiene muchos matices y que oscila entre la angustia, el desasosiego, el desapego y la irritación aguda. Estado de ánimo que en Catalunya ha cristalizado en la corriente del adiós (firme proyecto político en unos casos, ensoñación en otros: abrir una puerta y decir adiós).

 En el plano de la relación entre la política y la sociedad, hoy nada se ha solucionado. Ha sido una sesión con muchos nervios, en la que no creo que pueda señalarse como perdedor al presidente del Gobierno. ¿Rajoy vencedor? No. No lo enfoquemos como una crónica deportiva.
Las batallas políticas no se rigen por el marcador automático. Con un discurso que contenía mucho trabajo de hemeroteca, Mariano Rajoy ha conquistado el titular de la jornada. "Me equivoqué". (Es decir, reconoce públicamente que se equivocó dando confianza a Luis Bárcenas y se siguió equivocando defendiéndole una vez establecida la imputación judicial).
Ese es el mensaje del día, un movimiento de apertura que probablemente la oposición no esperaba, ya que estas semanas se ha trabajado mucho con la idea de un presidente descolocado; un presidente diésel que siempre deja pasar el tiempo, combinando astucia, paciencia e indolencia.
Nadie esperaba esa claridad: "Me equivoqué". Un mensaje que recuerda al del Rey después del episodio de Botswana. (El paralelismo acaba aquí. El momento es otro, las circunstancias no son las mismas y la sociedad no tratará al presidente con la misma benevolencia que al Jefe del Estado).

Quizás las estrategias de la oposición estaban inicialmente pensadas para acosar a un Rajoy evasivo y ello también ha determinado el curso del debate. Rubalcaba, sólido, duro, acerado, sin duda satisfecho por haber forzado la comparecencia del presidente, ha ejercido de líder de la oposición, sin hallar una idea sintética capaz de desbordar el "Me equivoqué". Rubalcaba ha concluido con un golpe seco: "¡Márchese!". Una petición contundente, replicada con la misma fuerza con Rajoy: "No pienso dimitir, porque soy inocente". El presidente ha jugado fuerte, como si estuviera convencido de que no habrá mayores sorpresas en la instrucción judicial. Y el líder del PSOE ha quedado a la espera de nuevas revelaciones del preso de Soto del Real y sus albaceas en la prensa de Madrid. ¿Rubalcaba prisionero de un campo mediático que siempre ha detestado? En cualquier caso, el secretario general del PSOE ha intentado reafirmarse hoy como líder de la oposición, ha podido restablecer un cierto voltaje entre los dos principales partidos y ello le concede un poco más de margen de maniobra en la compleja situación interna de su formación política, con un asunto no muy agradable en Andalucía.
Bruselas y Berlín han recibido un mensaje claro: "El Gobierno español no está en riesgo; su estabilidad parlamentaria sigue intacta". Este era el principal objetivo de Rajoy. Llegar a septiembre con la situación acotada, esperar a que en otoño maduren las señales de mejora económica ("indicios alentadores" es la nueva expresión oficial que sustituye a los ‘brotes verdes’ de Elena Salgado) y acaso proceder, en septiembre u octubre, a una remodelación de Gobierno para intentar recuperar la iniciativa. El Partido Popular llega a agosto mellado, pero no destrozado. El verano, sin embargo, aún no ha concluido y habrá actividad en los juzgados. La sesión ha sido áspera, nerviosa, trufada de citas literarias y filosóficas (unas mejor traídas que otras) y rematada por una curiosa aportación retórica de Rajoy: su discurso, como hemos dicho, estaba repleto de citas de políticos socialistas defendiendo la presunción de inocencia y advirtiendo contra los juicios paralelos. Citas de Felipe González y Alfredo Pérez Rubalcaba, principalmente.
El redactor del discurso, muy escrupulosamente, señalaba la conclusión de las citas con la fórmula al uso, entre paréntesis (fin de la cita). Rajoy, muy mentalizado de que hoy era el día de mostrarse enérgico, ha leído esos entre paréntesis literalmente.

Fin de la cita, fin de la cita, fin de la cita…. iba repitiendo el presidente, dando título a la canción del verano. Fin de la cita, a la espera de acontecimientos.

Reforma de las pensiones

Pactos, mentiras y saqueo de las pensiones 






 De todo lo que se ha dicho y escrito desde que el comité de expertos presentó su informe sobre la reforma de las pensiones, la valoración más ajustada a la verdad la ha pronunciado el aristócrata Henri de Castries, presidente de la aseguradora francesa AXA –uno de los dos gigantes de los seguros en Europa junto a la alemana Allianz– al decir, “¿quiere una pensión decente? Ahorre. El Estado no se la dará”.

Con su desvergonzada afirmación, el Conde de Castries ha puesto sobre la mesa las dos claves ocultas que presiden la reforma del sistema de pensiones. En primer lugar quién la está imponiendo. No la situación de la Seguridad Social, las necesidades económicas del país ni el envejecimiento de la población, sino los intereses de las grandes aseguradoras europeas y los fondos privados de pensiones norteamericanos que manejan conjuntamente un total de 14 billones de dólares en todo el mundo, casi el 25% del PIB mundial

Un enorme botín extraído directa y mensualmente de la nómina de millones de trabajadores, gracias al cual los grandes bancos que los manejan poseen y controlan unos activos globales totales de 43 billones de dólares, el 72% del PIB mundial total.

En segundo lugar, que su urgencia para que el gobierno la aplique ya sin tardanza en 2014 reside en que necesitan extender su gigantesco negocio a España, dado que desde el inicio de la crisis, los fondos privados de pensiones de los países de la OCDE han perdido un tercio de su valor, encabezados por los norteamericanos que acumulan la mitad de esas perdidas.

Pero apoderarse, en todo o en parte, de los 110.000 millones de euros que mueve el mercado de las pensiones español cada año, exige previamente liquidar nuestro sistema público de pensiones, dejarlo reducido a su mínima expresión. De forma que un número creciente de personas –las que puedan costeárselo– entreguen una parte cada vez mayor de su salario a los fondos
privados de pensiones, es decir, a la gran banca y las oligarquías financieras más potentes del planeta. La reforma propuesta por el comité de expertos se encamina hacia ese objetivo.

Una vez descifrados los complejos artificios y fórmulas matemáticas en que basan lo que ellos llaman “el factor de sostenibilidad”, la conclusión a la que ha llegado el catedrático de Economía de la Escuela de Minas Roberto Centeno, es que la reforma “empezaría con un recorte del 12% en 2014, para llegar a algo más de la mitad en doce o catorce años”. Es decir, que a partir de 2025 o 2027, la inmensa mayoría de los trabajadores –que ya habrán empezado a jubilarse a los 67 años– se quedarán con una pensión inicial media de alrededor de 500 euros.

Mentiras estadísticas y de clase Pero la dureza de la reforma, su impopularidad y el rechazo de la inmensa mayoría les están obligando a tratar de crear previamente un amplio clima de opinión, intentando desactivar o minimizar la profunda oposición social que saben que van a encontrar. Para ello han lanzado una sofisticada campaña de mentiras y una ofensiva en toda regla para tratar de obtener el voto favorable a la reforma –o al menos su neutralidad– de PSOE, nacionalistas conservadores y sindicatos.

 Del alcance de la campaña de mentiras nos da una idea el hecho de que el fin de semana posterior a la publicación del informe de los expertos, los cinco mayores medios de comunicación nacionales (El País, El Mundo, La Vanguardia, ABC y El Periódico de Cataluña) publicaron 23 artículos dedicados a la reforma de las pensiones. Y ni uno sólo de ellos cuestionaba ni uno sólo de los argumentos dados en el informe para recortar las pensiones.

Esto es sólo el preámbulo de la ofensiva propagandística a la que vamos a asistir en las próximas semanas y meses para justificar y presentar como inevitable el recorte de pensiones. Y de entre todas las que están utilizando, hay una que destaca sobre todas las demás: la mentira estadística que afirma que el aumento de la esperanza media de vida de la población repercute automáticamente en el mismo aumento de años de vida de los ancianos.

Esto no es así, porque el aumento de la esperanza media de vida en los países occidentales (entre ellos España) obedece en primer lugar al enorme descenso de la mortalidad infantil y de la población joven en general. No es que los ancianos vivan ahora 10 años más que en 1990, sino que se ha rebajado enormemente la mortalidad en edades más tempranas.

Pero además de la mentira estadística con la que quieren hacernos comulgar con ruedas de molino, ligar la pensión a la esperanza media de vida tiene un profundo componente de clase. Es el “tanto tienes, tanto vives”. Hoy, en España, las personas de las clases acomodadas, las que
pertenecen al 10% de la población con mayores recursos y riqueza disfrutan, como media, de 10 años más de esperanza de vida que las personas situadas en el 10% inferior.

Un alto ejecutivo de un banco o una gran empresa es muy probable que viva 5, 7 o 10 años más que la mayoría de los empleados que trabajan bajo sus órdenes. La reforma obligará a los trabajadores a cotizar dos años más, hasta los 67 (y ya hay quien habla de alargar la jubilación hasta los 70) , y cobrar menos pensión, para que sus jefes puedan disfrutar de sustanciosas pensiones todos los años que les sobrevivan.

¿La antesala del pacto? 

Pero la oposición al recorte de las pensiones es tan amplio y profundo, que no es suficiente con la ofensiva propagandística y mediática.

 Washington y Berlín han puesto fecha fija para la reforma: a comienzos de 2014 debe estar aplicándose. Y el gobierno de Rajoy –presto a atender a sus exigencias– teme quedarse sólo, consciente del enorme coste político y electoral que acarrea. Por eso está haciendo lo posible –y hasta lo imposible– para tratar de sumar a Rubalcaba, a CiU, PNV y los sindicatos mayoritarios hacia un pacto sobre la reforma de las pensiones. O, como mínimo, que ninguna de estas fuerzas adopte una actitud demasiado beligerante y hostil hacia ella

 La disposición mostrada por Rubalcaba, firmando un pacto con Rajoy para asistir con un programa común a la próxima cumbre europea empieza a dibujarse como la posible antesala de un pacto de alcance y dimensión superior, que incluya también la reforma de las pensiones.

 De hecho, según informaciones reveladas por el diario digital Voz Pópuli, Rubalcaba “está defendiendo en privado la necesidad de alcanzar un pacto con el PP en un asunto tan sensible como éste”. Una parte de la dirección de PSOE se muestra favorable a “alcanzar algún tipo de acuerdo en la reforma de las pensiones porque hay margen para ello y es un tema de Estado”. Al parecer, lo que Rubalcaba habría comunicado a Rajoy son las fuertes resistencias que está encontrando en el seno del partido como la dificultad principal para empezar a dar este paso.

Por su `parte, en el seno de los sindicatos, la posición tibia –si no claudicante– de Toxo ante el voto favorable de su representante en la comisión de expertos al informe de reforma de las pensiones, ha desatado una verdadera tormenta política en todos los niveles, desde la misma dirección de CCOO hasta los afiliados.

Desde que lanzamos la campaña hemos venido insistiendo en que en este terreno, el de las pensiones, es en el que nuestros enemigos son más débiles y están más aislados. Y que por eso debíamos convertirla en el centro de la batalla política en torno a la cual acumular fuerzas el pueblo,
derrotarles y hacerles retroceder para estar así en condiciones de cambiar la correlación de fuerzas.

 Las continuas vacilaciones y dilaciones del gobierno, las fisuras que se están abriendo en torno a este tema en el seno de las fuerzas políticas y sindicales no son más que las primeras manifestaciones visibles de esta debilidad y aislamiento, ahora que el FMI y Berlín han dictado su ejecución inmediata.

 Cuanto más avancemos en difundir, extender y organizar la campaña, cuanto más ampliemos la unidad en torno a la MERP, cuantas más fuerzas del pueblo sumemos para llevarla adelante, más multiplicaremos las fracturas y divisiones en el campo de los enemigos.