martes, 6 de marzo de 2018

¡¡Ya está aquí!!

¿Se imaginan un país con más de 4 millones de parados, cientos de miles de inmigrantes en grave situación para encontrar un puesto de trabajo y una gran parte de las familias españolas con graves dificultades para hacer frente a los pagos de las hipotecas y la subida de los precios?

Pues a eso estamos abocados en la actual crisis. La recesión económica, es decir la crisis con sus peores consecuencias sobre la economía del país ya está aquí.
Un año después de abierta la crisis de las “hipotecas subprime” a nivel mundial la quiebra de Lehman Brothers en Wall Street, corazón financiero de la superpotencia norteamericana, la mayor quiebra de la historia, ha conmocionado los mercados mundiales, extendiendo y ampliando la crisis, haciendo aparecer el fantasma del “crac” del 29 y la recesión, alejando las perspectivas de recuperación de las economías nacionales y complicando la salida a flote de los sectores más débiles de las empresas y la población.

En España a la crisis mundial se superpone la quiebra de nuestro propio sistema de crecimiento de los últimos 20 años basado en un sector, el de la construcción, de baja productividad y mínimo valor añadido, un insostenible sistema de endeudamiento y acentuación de la dependencia exterior de nuestra economía.

Las consecuencias para la economía española, doblemente afectada por la crisis exterior e interior son catastróficas, y en particular para el empleo, ya que estamos ya en el 12’5%, vamos camino de acabar el año en más del 14% y podríamos superar el 20% en 2009, lo que supondría más de 4 millones de parados en las listas del INEM, algo impensable hace apenas un año.

El gobierno de Zapatero se ha enrocado en minimizar la crisis y sus efectos sobre la economía española, sin reconocer su responsabilidad, evidentemente no en la crisis de las “hipotecas basura” con origen en EEUU, sino en las causas específicas que agravan la crisis en nuestro país. ¿Por qué han mantenido el modelo económico (el del ladrillo) heredado de las etapas anteriores cuando todo indicaba que había que cambiarlo?

¿Por qué no se ha aprovechado las etapas de crecimiento para abordar los cambios estructurales que permitieran hacer en un país avanzado y competitivo? ¿Por qué no se han aprovechado los años de crecimiento, “de vacas gordas”, para impulsar una redistribución más justa de la riqueza?
Y sobre todo, ¿por qué no se han abordado los problemas estructurales de nuestra economía, concentrados en la dependencia del exterior, un modelo basado en la construcción, el despilfarro de los recursos públicos en todos los niveles de la administración (central, autonómica y local) y una distribución de la riqueza que beneficia sobre todo a la oligarquía financiera y los monopolios. Basta mirar cómo durante quince años han crecido hasta el 73% los beneficios del IBEX-35 mientras los salarios perdían el 4% de su poder adquisitivo.

El gobierno de Zapatero, como los anteriores, ha mantenido una economía con pies de barro. Cuyo crecimiento está basado en la dependencia y el endeudamiento exterior y en mantener como base un sector, el de la construcción, de baja productividad y escaso valor añadido. Y, por lo tanto, con una creación de empleo apoyada en bases tan débiles que se han derrumbado con estrépito a los primeros embates de la crisis.

Acabar con las cuatro dependencias

El principal problema estructural económico de nuestro país es su dependencia: sus cuatro grandes dependencias.
Dependencia de la financiación exterior. España es el país proporcionalmente más endeudado del mundo, con mayor deuda “per cápita” del planeta. Durante todos estos años no hemos crecido en base a nuestras propias posibilidades, sino al endeudamiento exterior; por lo que un resfriado financiero en los mercados mundiales provoca en nuestro país una auténtica epidemia de gripe; cuanto más si el enfermo mundial entra en una grave crisis como la actual.
Dependencia de unos pocos mercados. Nuestras exportaciones dependen al 75% de la Unión Europea, lo que limita y condiciona absolutamente nuestra producción. Producimos lo que ellos deciden que produzcamos. ¿Cómo no va a estar limitado el desarrollo de un país cuyas exportaciones apenas se asoman al 5% de los grandes mercados mundiales¿ ¿Qué han hecho los gobiernos del PP y del PSOE para cambiar esta situación en los últimos 30 años?
La dependencia energética, ha gravado –y lo sigue haciendo- enormemente el desarrollo económico de nuestro país, al imponer unos precios de la energía (petróleo o lo que pagamos por la energía nuclear francesa) que lastran la producción, nos ponen a merced de los vaivenes mundiales de los precios de la energía y nos hacen menos competitivos.

¿Pero acaso se han tomado medidas decisivas para acabar con este problema? Y la otra gran dependencia, la dependencia de las cuotas y límites a la producción (en agricultura, pesca o ganadería) impuestas por la Unión Europea, que nada tiene que ver con las posibilidades y necesidades de nuestro país, y que yugulan la producción en estos sectores.

Un pacto nacional
Aunque los efectos más sangrantes de la crisis se concentran en el pueblo trabajador, la crisis afecta al conjunto de la nación y a los intereses de la inmensa mayoría de los diferentes sectores sociales, es por eso que el interés común está en dar una respuesta común a la crisis, la articulación de un gran pacto nacional que implique al conjunto de la nación en una salida a la crisis que siente las bases para acabar con las cuatro grandes dependencias, cree una economía altamente competitiva y su riqueza está al servicio de los intereses del conjunto de la nación de las necesidades de la mayoría del país. Pacto nacional al que hay que llamar a en su apoyo al conjunto de fuerzas sociales, políticas, sindicales y económicas del país, a personalidades y profesionales.
Una respuesta que ha de empezar por comprometerse con un plan de ahorro nacional que parta en primer lugar por apretar el cinturón a las mismas cuentas del Estado en todos sus niveles, el Estado central, las Administraciones Autonómicas y los Ayuntamientos. Resulta que el Estado en su conjunto se ha convertido en un auténtico agujero negro de endeudamiento, despilfarro y clientelismo político. Basta recordar que en los últimos diez años la deuda de las Comunidades Autónomas aumentó un 173%, un 71% la de los Ayuntamientos y otro 53% la del Estado. Por no hablar del despilfarro en las empresas y televisiones públicas, el pago de comisiones y “asesores”, los gastos suntuosos e innecesarios, etc. Miles de millones para redistribuir en garantizar las necesidades populares (Dependencia, Sanidad, Educación, …) y en la transformación del modelo productivo del país.

Control democrático
Ninguna alternativa puede ponerse en pie hoy en España sin promover al mismo tiempo la regeneración de la vida política del país, de forma que los ciudadanos tengan cada vez más instrumentos de intervención y control sobre las diferentes administraciones.
Si las castas políticas han hecho, en dicho popular, “lo que les da la gana” sin responder ante nadie es porque han excluido a la inmensa mayoría de la población de la vida política del país, relegándola a votar cada cuatro años. Potenciar los instrumentos de participación ciudadana, de los profesionales en los planes científicos, de los trabajadores y todos los sindicatos –no sólo los mayoritarios- en el control de los planes de las empresas, de las comisiones de control en los planes de las Administraciones, de las asociaciones de consumidores en los precios, incluso abriendo la perspectiva de una cambio en la ley electoral que potencie las listas abiertas, es absolutamente imprescindible.

Hasta ahora, la correlación de fuerzas ha favorecido a los sectores dominantes del poder, incluido a las cúpulas de los grandes partidos políticos, es el momento de que en todo este proceso esta situación cambie, porque sólo en la medida en que las clases populares y sus representantes emergentes tomen cada vez más un papel decisivo será posible avanzar no sólo en las medidas inmediatas sino en la transformación estratégica del país.
Tomar la tarea de dar una respuesta nacional y favorable al conjunto de los ciudadanos a la crisis, creando un amplio movimiento de exigencia popular es el reto de todos los sectores, fuerzas, personalidades y personas patrióticas y democráticas del país.
Acabar con las dependencias que ahogan nuestro país e impiden la transformación del modelo económico y dar una salida a la crisis que suponga una transformación radical económica del país, con una economía avanzada con gran capacidad de creación de riqueza y empleo y una redistribución de de la riqueza al servicio de la mayoría del país y sus ciudadanos depende de nosotros.


Editorial De Verdad Nº 20 – Septiembre de 2008

viernes, 2 de marzo de 2018

8M




“Si paramos el mundo se para”

Bajo esta consigna se convoca este 8 de Marzo que va a tener un significado especial como Día Internacional de la Mujer, y sobre todo como Día Internacional de la Mujer Trabajadora, por la repercusión que puede tener la “Huelga feminista” convocada como una huelga “laboral, de cuidados, estudiantil y de consumo”.
En España la convocan más de 300 colectivos de mujeres y la respaldan cientos de colectivos y asociaciones más en todo el país, sindicatos y partidos políticos...                                                                                                                
De todos los derechos y reivindicaciones pendientes que tenemos las mujeres hay cinco que destacan sobre todo. Y las primeras son aquellas que están en la base material de la desigualdad: la brecha salarial, la precariedad y la brecha en las pensiones.

En primer lugar acabar con la brecha salarial y lograr la igualdad salarial con los hombres.
La brecha salarial no sólo no se ha reducido sino que ha aumentado en los dos últimos años.. Según los últimos informes de sindicatos, como CCOO y Gestha, las mujeres cobramos un 30% menos por hacer el mismo trabajo.
A igual trabajo igual salario. Queremos igualdad, pero con una redistribución salarial que garantice a hombres y mujeres un salario digno. Más de la mitad de las mujeres tenemos salarios por debajo de 1.000 euros mensuales, y dos tercios de los trabajadores que cobran menos que el salario mínimo somos mujeres. ¡Ninguna mujer por debajo de 1.000 euros netos al mes!
Y una Ley de Igualdad Salarial entre hombres y mujeres.

Segundo, atajar la precariedad laboral que ataca con particular virulencia a las mujeres.
La precariedad laboral y el paro son una condena de empobrecimiento para las mujeres. Padecemos en mayor medida la temporalidad y el empleo a tiempo parcial.
Más de la mitad de los empleos precarios son ocupados por mujeres. Y somos relegadas a los trabajos peor pagados y menos cualificados.
Como dice el informe de Gestha, la brecha salarial aumenta entre los 26 y los 45 años, se penaliza que la mujer tengamos permisos o excedencias para atender el ámbito familiar por maternidad y el cuidado de los hijos.
El paro femenino supera en cuatro puntos la media general.

La tercera reivindicación: igualdad en las pensiones.
La brecha con los hombres va más allá de la vida laboral, en el terreno de las pensiones la desigualdad es aún más escandalosa.
Solo el 42% de las mujeres cobran una pensión, frente al 87% de los hombres y es un 37% inferior a la media general. La pensión media de las mujeres, 722 euros al mes, no llega al salario mínimo interprofesional, y la mayoría está muy por debajo del umbral de pobreza.
¡Ninguna pensión por debajo de 1.000 euros!

¡Ni una menos! Tolerancia cero con la violencia machista.
Sobre la base de estas desigualdades materiales se levanta todo un sistema de relaciones de género opresivas e injustas que tienen su manifestación más cruel y dolorosa en el maltrato y la violencia machista.
En el combate a la lacra de la violencia de género no es suficiente con el reciente Pacto de Estado contra la violencia de género ya que no garantiza una política efectiva contra la violencia machista y los recursos necesarios para erradicarla.
Necesitamos una  Ley Integral contra la violencia de género que la prevenga, ayude a las víctimas, durante y después de la denuncia y el juicio -cuidado psicológico, asesoramiento, protección social y laboral- y que evite muertes, frente a la desprotección de las víctimas que denuncian. Que garantice los recursos tanto humanos como económicos para ello. Y la tolerancia cero contra el maltrato por parte de los órganos judiciales y policiales.

Y la quinta: educación igualitaria.
La implantación real de una educación igualitaria.
Con materias de igualdad de carácter obligatorio en todos los niveles dels sistema educativo, tanto en la enseñanza pública como privada.
Atender especialmente la educación sexual y emocional, inculcando la igualdad en la diversidad y el combate a valores y prácticas machistas, el respeto entre géneros y a las distintas identidades y orientaciones sexuales.

Este 8M ha de ser un paso más en la lucha de la mujer por sus derechos, la igualdad y contra la violencia machista como parte de la lucha de todo el pueblo y especialmente de la clase obrera por la Democracia (con mayúsculas) contra toda forma de opresión y explotación.
Se oprime para explotar. Y no será posible la liberación de la mujer de la opresión sin cuestionar las estructuras profundas de una sociedad basada en la explotación y la opresión. No es posible transformar el mundo sin nosotras

viernes, 23 de febrero de 2018

Ahora amenazan a las pensiones del futuro:




• Los trabajadores que tienen ahora 35-40 años, con 25 o 30 años más por delante de trabajo hasta acceder a la jubilación

• Las de los jóvenes que se están incorporando ahora con contratos precarios al mercado laboral.

• Y las de los hijos de estos trabajadores que heredarán unas condiciones de trabajo y un sistema de pensiones de incierto destino.


Lo que el Partido Popular quiere llevar a la comisión del Pacto de Toledo es que se extienda el cálculo de la jubilaciones a toda la vida laboral. Para ello, en esta primera etapa, proponen elevar los actuales 25 años de cotización a 30.
Todos los especialistas coinciden en afirmar que si sale adelante esta reforma las pensiones del futuro serían entre un 15 y un 35% más bajas que las de ahora.

Para deslizar este ataque a las pensiones futuras, pretenden envolverlo en el “caramelo envenenado” de que la medida de acogerse a toda la vida laboral sería “voluntaria”. Ocultan que solo podrían acceder a esta opción aquellos que hayan cotizado 38 años (lo que deja fuera a la mayoría de los
trabajadores).

Pretenden asestar un golpe de muerte al sistema público de pensiones, para transformarlo en un sistema asistencial y paliativo, que apenas mantenga a quienes desde la “pobreza laboral” lleguen a la jubilación.

Paso a paso y sin levantar la alarma social, quieren sentar todas las bases para degradar el sistema público de pensiones y crear un modelo mixto, donde los trabajadores futuros se vean obligados a contratar con bancos y aseguradoras un plan privado para su jubilación. Un negocio de 100.000 millones.

Por eso, blindar las pensiones en la Constitución, dándoles la máxima protección legal frente a cualquier recorte o privatización, y obligando a cualquier gobierno a mantener su poder adquisitivo, no solo es una cuestión de justicia social o de defensa de los trabajadores. También es golpear en el
centro del proyecto de saqueo que bancos y monopolios del IBEX35, junto a los grandes capitales de Wall Street, tienen para nuestro país y nuestro pueblo.


12’00 h.
Puerta del Sol (Madrid) 
Sábado, 17 de marzo

lunes, 9 de octubre de 2017

En el 50 aniversario de su asesinato


El 8 de octubre de 1967, el ejército boliviano, con el apoyo de agentes de la CIA, capturó a Ernersto Guevara de la Serna, el Che, en un lugar llamado Quebrada del Churo.



Herido en una pierna, fue trasladado a una escuela abandonada del poblado de La Higuera donde pasó su última noche. Al día siguiente, el guerrillero fue ejecutado. La imagen de su cuerpo exhibida a los periodistas y curiosos en un lavadero dio la vuelta al mundo, le aseguró un lugar permanente en la historia, consolidando su estatus de mito revolucionario.

Medio siglo después, el espíritu rebelde del Che, con sus luces y sombras, sigue manteniendo el magnetismo de la utopía de los años románticos de la Revolución. La izquierda nacida del mayo del 68 contribuyó a acrecentar la popularidad del argentino, patentada en imagen de culto gracias a la foto que le tomó Alberto Korda, reproducida por doquier en camisetas, pósters, gorras y todo tipo de merchandising, que exhiben por igual los jóvenes activistas y las estrellas del deporte, el cine o la música.


Fidel Castro dijo varias veces que el punto débil, su talón de Aquiles, era su audacia, su desprecio total por el peligro y por su propia vida. Y tal vez sea cierto, pero tal vez en eso radicara la fuerza y la grandeza de Ernesto Guevara, al que, aun a la distancia, quienes nos sentimos sus compañeros, llamábamos, simplemente, El Che.

lunes, 2 de octubre de 2017

844 heridos por las cargas policiales

ASÍ NO




Denunciamos rotundamente la violencia policial ejercida contra la población, no tiene justificación alguna y merece el tajante rechazo de toda la sociedad catalana y española


Hasta 844 ciudadanos catalanes tuvieron que ser atendidos por el Sistema de Emergencias Médicas de la Generalitat, durante la jornada del 1-O, como resultado de la violencia policial. Al menos la mitad de ellos recibieron heridas de diversa consideración. Y dos tuvieron que ser ingresados en estado más grave: un hombre herido en un ojo con una pelota de goma y otro que ha sufrido un infarto en el desalojo de un centro de votación.

La violencia policial que sufrimos ayer no tiene justificación alguna. Cumplir el mandato judicial, que ordenaba desalojar centros de votación y requisar material electoral, no implicaba en modo alguno agredir a la población civil ni impedir las manifestaciones.

La brutalidad que todos vimos en imágenes que han provocado una lógica indignación es antagónica a la proporcionalidad con que debe actuar la policía en un país democrático como es España.

La posición expresada por el gobierno de Rajoy, calificando de “extraordinaria” la actuación policial, o valorando cínicamente al referirse a los heridos que “estas cosas pueden suceder”, expresa su carácter reaccionario.

Las agresiones contra la población civil por parte de la policía fueron un garrafal error político, proporcionando a Puigdemont argumentos para esconder sus maniobras antidemocráticas y focalizar toda la atención en “la represión del Estado”.

Pero, sobre todo, es una barbaridad que debe provocar el unánime rechazo de todos, independientemente de la posición que se haya mantenido ante el 1-O o de que se apoye o no la independencia.

Se han cursado ya más de 70 denuncias por las agresiones sufridas. Deben de investigarse y depurar responsabilidades, empezando por el ministro del Interior.

La violencia policial genera división y enfrentamiento, entre la sociedad catalana y el resto de España.

Nos unimos al rechazo de la sociedad catalana, compartido por todo el pueblo español, a la brutal actuación de policía nacional o guardia civil.

Con la misma firmeza con que nos enfrentamos al carácter antidemocrático de quienes quieren imponer la fragmentación a la sociedad catalana, denunciamos tajante los injustificables ataques contra la población

miércoles, 27 de septiembre de 2017

Un maestro nos deja



“Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años, y son muy buenos. Pero los hay que luchan toda la vida: esos son los imprescindibles.” (Bertolt Brecht)

"descansa en paz camarada Angel!!

siempre estaremos en deuda contigo por todo lo que hemos aprendido de ti


sábado, 9 de septiembre de 2017

Primera radiografía de clase de los apoyos al independentismo en Cataluña

El corazón burocrático de la ruptura 

"Los Pujol, Mas y Puigdemont son representantes de una burguesía burocrática que vive de parasitar los presupuestos públicos, es decir de saquear al conjunto de la población catalana"

Los principales referentes de la alta burguesía catalana, tradicional sostén del nacionalismo, se han pronunciado contra la independencia. ¿Dónde están entonces los apoyos de clase en Cataluña a la fragmentación? ¿O es que acaso el procés soberanista es el primer proyecto político en la historia que no tiene una clase que lo impulse y sustente?

Para establecer una primera radiografía de los apoyos de clase al independentismo, hemos de partir de los profundos cambios sucedidos en Cataluña durante las últimas décadas.

La gran burguesía catalana ya no se parece en nada a la tradicional imagen de botiguer o el propietario de pequeños talleres. Sus capas más altas se han incrustado en la oligarquía española. Organizados en torno a grandes gigantes financieros como La Caixa, o a bancos emergentes como el Sabadell. Y con una nutrida representación en el Ibex-35 y en los consejos de administración de los principales monopolios españoles, desde Repsol a Gas Natural...

Consiguiendo además una especial vinculación con gobiernos o aparatos del Estado, que les ha permitido, por ejemplo, beneficiarse de la subasta de las cajas rescatadas con dinero público.

Para este sancta santorum de la gran burguesía catalana, la independencia es un contratiempo, ahora que han conquistado una posición de privilegio en España, y que la protección del Estado español es clave para garantizar sus cuantiosas inversiones internacionales.

Por eso el presidente de La Caixa, Isidre Faine, advirtió públicamente a Mas con la sentencia “presidente, te estás equivocando”, y reafirmando que “estamos mejor juntos que separados”. Mientras Josep Oliu, presidente del Banco Sabadell, confiaba en que “el desafío soberanista se acabará solucionando dentro de los cauces institucionales”.

Más claro fue el presidente de la CEOE, el histórico líder de la patronal catalana Foment del Treball Nacional, Joan Rosell, al afirmar que “la hipotética independencia de Cataluña sería un destrozo humano y económico”.

Excepto Grifols, todos los emblemas de la alta burguesía catalana han redoblado sus esfuerzos para reconducir el desafío independentista hacia una negociación con el Estado que otorgue a Cataluña mayores competencias y privilegios.

El resto de la burguesía catalana, representada por la extensa red de pequeñas y medianas empresas, tampoco está interesada en la independencia.

Frente a las ideas, esgrimidas por el independentismo para ganarse el apoyo del empresariado, sobre que el peso de las exportaciones al extranjero ha relativizado la importancia del mercado español para las empresas catalanas, la realidad es exactamente la contraria.

Dependiendo de los sectores, entre un 25% y un 40% de las ventas de las empresas catalanas se realizan en el resto de España. Y, mientras el comercio con el extranjero sale deficitario, el que realiza Cataluña con el resto de España le reporta un importante superávit.

Cuestionar el acceso al mercado español, levantando muros políticos, significaría la quiebra para muchas empresas catalanas.

Tampoco en el conjunto de la población catalana existe una mayoría independentista, a pesar de que la Generalitat ha empeñado todo su enorme poder en intentar crearla. En ninguna de las elecciones celebradas en Cataluña el voto independentista ha superado el 50%, y todas las últimas encuestas confirman el descenso del apoyo social a la fragmentación.

¿Dónde está entonces el cuartel general del independentismo? ¿Qué le permite disponer de un respaldo social en Cataluña?

Una burguesía burocrática

El Estado de las Autonomías entregó a la Generalitat de Cataluña el control de un enorme presupuesto público, y la capacidad para levantar un enorme entramado político y social.

Sobre estas bases, se ha gestado en Cataluña una auténtica burguesía burocrática, que debe sus ganancias no a su dinamismo y competitividad, sino a la gestión y saqueo de los fondos públicos.

El escándalo de 3% y el “caso Pujol” son su radiografía. Multimillonarias obras públicas concedidas por la Generalitat a cambio de mordidas que financiaban a Convergencia.

Y en torno al saqueo de los fondos públicos, o a la concesión de obras públicas, ha medrado toda una nueva clase empresarial catalana. Estos son los “empresarios” que hoy respaldan el procés soberanista, y cuyo apoyo exhibe la Generalitat. Como las patronales Pimec y Cecot, o los que se sumaron el “Manifest del far”, defendiendo “el derecho a decidir”.

Si el cobijo de la Generalitat, que les permite acceder al despojo de las riquezas catalanas, a través de negocios seguros a través de concesiones directas decididas por el poder político, estos “empresarios” perecerían, incapaces de competir en el mercado.

Pero desde la Generalitat se ha construido todo un régimen, que extiende sus tentáculos sobre toda la sociedad catalana. El instrumento principal ha sido el reparto de subvenciones, que ha creado toda una red clientelar que depende del respaldo de la Generalitat.

Utilizando el presupuesto de la Generalitat y el boletín oficial autonómico, una nueva burguesía burocrática, que ya no es la tradicional burguesía catalana, representada por los Pujol, Mas y Puigdemont, ha extendido su control sobre la sociedad catalana.

Desde los medios de comunicación, con subvenciones que quintuplican las concedidas en el País Vasco, y que han creado de la nada medios independentistas que se suman al altavoz que supone TV3.

Penetrando también en ámbitos tradicionalmente de izquierdas, como algunos sectores sindicales, organizaciones sociales...

O sosteniendo, desde los presupuestos de la Generalitat, grupos como Omnium Cultural o la Assemblea Nacional Catalana, que convocan los actos de masas a favor de la independencia. Y que llegan hasta impulsar organizaciones de castellano hablantes por la independencia, como Sumate.

Los proyectos de ruptura no han salido de la nada, no han surgido espontáneamente desde la sociedad civil. Han sido prefabricados, y tienen un corazón burocrático, incrustado en las altas esferas de la Generalitat y el poder autonómico, que vive de parasitar los presupuestos públicos, es decir de saquear al conjunto de la población catalana.