Febrero de 1953. La República Federal de Alemania (RFA) se hunde bajo el peso de las deudas y amenaza con arrastrar al conjunto de los países europeos en la tormenta.
Preocupados por su propia salud, sus acreedores –Grecia, entre ellos— toman nota de un fenómeno que sólo a los liberales ha soprendido: la política de "devaluación interna", es decir, de reducción de los salarios, no garantiza la devolución de las deudas. Todo lo contrario.
Reunidos en Londres y en el curso de una cumbre excepcional, 21 países deciden revisar sus exigencias para ajustarlas a las capacidades reales de su socio en punto a honrar sus obligaciones. Resuelven amputar el 60% de la deuda nominal acumulada por la RFA y le conceden una moratoria de cinco años )1953-1958), así como un aplazamiento de treinta años para su reembolso. Instituyen asimismo una "cláusula de desarrollo", por la que se autoriza al país a no consagrar a servicio de la deuda más de una vigésima parte de sus ingresos de exportación. Europa hace ahora lo contrario de lo dispuesto por el Tratado de Versalles (1919), sentando así las bases del desarrollo de la Alemania Occidental de postguerra.
Y esa es exactamente la propuesta que hace ahora la Coalición de la Izquierda Radical Griega (Syriza): proceder a redropelo de los pequeños tratados de Versalles que imponen la Canciller alemana Angela Merkel y su ministro de finanzas Wolfgang Schäuble a los países europeos endeudados e inspirarnos en uno de los más clarividentes momentos que haya conocido la Europa de postguerra.
Los programas de "rescate" de los países de la Europa meridional han fracasado, generando unos pozos sin fondo que supuestamente tendrían que llenar los contribuyentes. Nunca ha urgido tanto llegar a una solución global, colectiva y definitiva del problema de la deuda. Y no se entendería que se escamoteara objetivo así sólo para garantizar la reelección de la Canciller alemana.
En estas condiciones, la idea avanzada por Syriza de una conferencia europea sobre la deuda, conforme al modelo de la Conferencia de Londres sobre la deuda alemana en 1953, representa, a nuestro entender, la única solución realista y beneficiosa para todos: una respuesta global a la crisis del crédito y a la constatación del fracaso de las políticas puestas por obra en Europa.
He aquí, pues, lo que exigimos para Grecia:
- Una reducción significativa del valor nominal de su deuda pública acumulada.
- Una moratoria sobre el servicio de la deuda, a fin de que las sumas conservadas vayan vinculadas a la recuperación de su economía.
La instauración de una "cláusula de desarrollo", a fin de que el pago de la deuda no mate el germen mismo de la recuperación económica.
- La recapitalización de los bancos, sin que las sumas en cuestión entren en la contabilidad de la deuda pública del país.
Esas medidas deberán ir ligadas a reformas orientadas a una más justas distribución de las riquezas. Poner fin a la crisis implica, en efecto, romper con el pasado que la ha incubado: poner por obra la justicia social, la igualdad de derechos, la transparencia política y fiscal; en una palabra, la democracia.
Un proyecto así resultará impracticable sin el concurso de un partido independiente de la oligarquía financiera, ese puñado de jefes de empresa que han tomado como rehén al Estado, de armadores navieros solidarios entre sí y –todavía en 2013— exentos de impuestos, de patrones de grupos mediáticos y de banqueros ubicuos (y en bancarrota), todos ellos responsables de la crisis y del esforzados mantenedores del statu quo.
El informe anual para 2012 de la organización no-gubernamental (ONG) Transparency International coloca a Grecia como el país más corrupto de Europa.
La propuesta más arriba esbozada constituye, en nuestra opinión, la única solución, a no ser que lo que se quiera es el crecimiento exponencial de la deuda pública en Europa, la media de la cual rebasa ya el 90% del PIB.
Lo que nos hace optimistas: nuestro proyecto no podrá rechazarse, pues la crisis toca ya al núcleo duro de la zona euro.
La dilación no trae consigo sino el crecimiento del coste económico y social de la situación actual, no sólo para Grecia, sino también para Alemania y para el resto de los países que han adoptado la moneda única.
Durante doce años, la zona euro –inspirada en los dogmas liberales— ha funcionado como una simple unión monetaria, sin equivalente político y social.
Los déficits comerciales de los países del Sur constituían la imagen especular de los excedentes registrados en el Norte.
La moneda única, por lo demás, ha servido a Alemania para "enfriar" su economía tras la costosa reunificación de 1990.
Pero la crisis de la deuda ha trastornado ese equilibrio. Berlín ha reaccionado exportando su receta de austeridad, lo que ha traído consigo el agravamiento de la polarización social en el seno de los Estados meridionales y las tensiones económicas en el corazón de la zona euro.
Aparece ahora un eje Norte-acreedor/Sur-deudor, nueva división del trabajo orquestada por los países más ricos.
El Sur se especializará en los productos y los servicios con fuerte demanda de mano de obra con bajos salarios; el Norte, en una carrera hacia la calidad y la innovación, con salarios más elevados (para algunos).
La propuesta del señor Hans-Peter Keitel, presidente de la Federación Alemana de la Industria (BDI), en una entrevista concedida al Spiegel y consistente en transformar a Grecia en una "zona económica especial" [1] revela a las claras el verdadero objetivo memorándum [2].
Las medidas previstas por ese texto, y que se extienden al menos hasta 2020, se saldan con un sonoro fracaso que ya reconoce hasta el FMI.
Sin embargo, para quienes las concibieron, el acuerdo tendría la ventaja de imponer una tutela económica a Grecia, convertida así en una colonia financiera de la zona euro.
La anulación de esas medidas constituye, así pues, el prólogo a cualquier posible salida de la crisis: lo mortal es el medicamento, no la dosis, como algunos se avilantan a sugerir.
Por otra parte, habrá que preguntarse por las demás causas de la crisis financiera en Grecia. Las que traen consigo el despilfarro del dinero público no han cambiado: el coste por kilómetro de construcción de carreteras es el más alto de Europa, por ejemplo. Otro ejemplo: la privatización de las autopistas a modo de "prepago" de nuevos ejes…, cuya construcción ha sido interrumpida.
El alcance de las desigualdades no puede reducirse a efecto lateral de la crisis financiera en Grecia. El sistema fiscal griego refleja la relación clientelar que une a las elites del país. Como si de una escurridera se tratara, está rebosante de excepciones y de derechos de pase cortados a la medida del cártel oligárquico. El pacto informal que, tras la dictadura, actúa a modo de soldadura entre la patronal y la hidra bicéfala del bipartidismo –Nueva Democracia y PASOK—, garantiza su mantenimiento.
Es una de las razones de que el Estado renuncie hoy a obtener los recursos necesarios por la vía de los impuestos: prefieren la continua reducción de los salarios y de las pensiones.
Pero el establishment, que ha sobrevivido por my poco a las elecciones del pasado 17 de junio [3] por la vía de sembrar el miedo en torno a una posible salida de Grecia de la zona euro, vive con la asistencia respiratoria de un segundo pulmón artificial: la corrupción.
La difícil tarea consistente en quebrar la colusión entre los medios políticos y económicos –un asunto que no compete sino a los propios griegos— constituirá una de las prioridades de un gobierno popular dirigido por Syriza.
Exigimos, pues, una moratoria sobre el servicio de la deuda para cambiar Grecia.
A falta de eso, cualquier nueva tentativa de saneamiento financiero nos convertirá en Sísifos condenados de antemano al fracaso. Y esta vez, el drama no afectará sólo a la antigua ciudad de Corintio, sino al conjunto de Europa.
