Mazazo del FMI a la economía española

El Fondo prevé que el paro suba al 27% este año y apenas baje el próximo
El déficit no caerá del 5,5% hasta 2018 y la deuda pública superará el 100% en 2015




El organismo advierte de que serán necesarias más ajustes en 2014, lo que lastrará el PIB
Blanchard: "Hay incertidumbre acerca de la verdadera situación de los bancos españoles"

El FMI exige más ajustes para que el déficit no siga desbocado hasta 2018
Blanchard expresa dudas sobre la banca española y luego rectifica

España es una economía rota. El Fondo Monetario Internacional (FMI) dibujó este martes en Washington un panorama desolador para los próximos cinco años en un país que lleva ya casi otro lustro de crisis a la espalda. A una semana de que el Gobierno presente su nuevo plan de estabilidad, y recién arrancada una gira mundial de expertos que han impulsado las grandes empresas para defender las fortalezas del país, el informe de primavera del FMI es demoledor: calcula que la recesión será más aguda este año y no excluye que siga en 2014. Estima que el paro batirá nuevos récords y descarta que el Gobierno cumpla con sus objetivos de reducción de déficit, ni siquiera en 2018. Además, la deuda pública no dejará de escalar hasta llegar al 110,6% del PIB en 2018. La década perdida para la economía española puede alargarse. El desempleo, que se preveía del 25,1%, subirá al 27%, y solo menguará al 26,5% en 2014

El desempleo, que se preveía del 25,1%, subirá al 27%, y solo menguará al 26,5% en 2014 

Esa ensalada de estadísticas presenta a un país que, aunque ha alejado de momento el fantasma de un rescate financiero del Estado, sigue en el alambre y no vislumbra cuándo recuperará la riqueza perdida. El cóctel de los recortes, combinados con la sequía crediticia y falta de un yacimiento de empleo que releve al ladrillo, mantiene a la cuarta economía de la eurozona entre las peores del grupo. Solo para Grecia, Portugal —países rescatados— y Eslovenia —donde se teme otro auxilio— se esperan caídas más agudas este año. Todas las previsiones empeoran.
El Fondo calcula un retroceso del 1,6% este año, tres décimas peor que el pronóstico de la asamblea de otoño en Japón y una peor que la actualización de enero, y no muy lejos de lo previsto por Bruselas (-1,4%). Supone el tiro de gracia al pronóstico del Gobierno (-0,5%), aunque lo modificará en breve. Más medidas de ajuste Lo peor es que la reactivación prevista, además de muy débil, puede quedar en papel mojado. El FMI calcula un tímido avance del 0,7% en 2014, pero “serán necesarias nuevas medidas de ajuste que posiblemente afectarán al crecimiento, así que esos pronósticos pueden ser demasiado altos”, admitió Jorg Decressin, subdirector del departamento de análisis. El Fondo no descarta que el retroceso persista en 2014, lo que haría de esta recesión la más larga de la historia reciente. El Fondo rebaja también las previsiones para los siguientes años. El sur de Europa sigue siendo un tema tristemente célebre en la reunión de primavera del Fondo. “España ha dejado de ser un problema sistémico en este momento, no hay miedo al contagio financiero, pero dentro del país, todo sigue mal, la fragilidad es extrema”, explica el cargo de un banco central en los aledaños del cuartel general del FMI, más reforzado aun si cabe por la policía tras las bombas de Boston.
En el escenario base, la tasa de desempleo, que hasta ahora el Fondo preveía del 25,1% de la población activa para 2013, sube con el nuevo pronóstico al 27%, y en 2014 tan solo menguará hasta el 26,5%. Y, para 2018, aún espera un desempleo de casi el 23%.
La escalada de la deuda añade dificultades porque, tal y como advirtió el Fondo, los pasivos empiezan a contribuir a tendencias de bajo crecimiento en el largo plazo a partir de niveles del 80% o el 90%.
Metas imposibles para España
En su informe de Perspectivas económicas mundiales, el economista jefe del FMI, Olivier Blanchard, reconoce la mejora de la balanza por cuenta corriente de España, pero alerta de que “el proceso de devaluación interna y de recuperación de la competitividad se produce de forma lenta”, mientras que la demanda externa “no es lo bastante fuerte como para compensar la débil demanda interna”. 2013 acabará con un déficit 6,6%, en 2014 subirá al 6,9% y seguirá en niveles superiores al 5,5% hasta 2018
España ha negociado a dentelladas con Bruselas con el fin de arañar algo de tiempo para cuadrar sus cuentas públicas, pero el debate parece superado por los números del FMI, que pintan la meta imposible. Sin contar con el efecto del rescate a la banca, el déficit público del Gobierno hubiese quedado en el 7%, pero el desaguisado de los bancos lo elevó a más del 10%. El objetivo oficial para Madrid es dejarlo por debajo del 3% en 2014. Según los pronósticos del Fondo, 2013 acabará con un déficit del 6,6%, en 2014 subirá al 6,9% y seguirá en niveles superiores al 5,5% hasta 2018. Para ningún otro país europeo (y para casi ningún otro del mundo, salvo excepciones como Pakistán o Ghana), el Fondo prevé un déficit público tan desbocado como para España en los próximos años. El Gobierno español ansía un espaldarazo por parte del FMI ante la austeridad a ultranza que defiende Berlín, el poder fáctico de la eurozona.

“No es posible no ajustar, aunque hay que hacerlo de la manera que perjudique menos al crecimiento, así como avanzar en reformas estructurales”,

añadió Decressin. El respiro vino del subdirector de asuntos fiscales del FMI, Philip Gerson, que en la presentación defendió que España había logrado reducir su déficit estructural en 2,5 puntos porcentuales el año pasado, lo que no se aprecia en el dato final por las ayudas a la banca. Exigió seguir adelante con las reformas, como por ejemplo la laboral, pero concedió: “El ajuste debe realizarse a un ritmo razonable, mientras se mantenga un apoyo a la economía




El economista jefe, Blanchard, expresa dudas sobre la banca española y luego rectifica

La banca española sigue despertando desconfianza. Tras cinco reformas financieras en menos de cuatro años y después del rescate que ha tenido que pedir el Gobierno para salvar al sector —con la caída de Bankia como gran detonante—, el frente sigue abierto. El economista jefe del Fondo Monetario Internacional (FMI), Olivier Blanchard, expresó el martes sus recelos sobre si ya ha salido a la luz toda la magnitud del problema, algo que sentó como una bomba en el Gobierno español. Horas después, Blanchard rectificó.
La frase del francés había sido lapidaria: “Hay incertidumbre acerca de la verdadera situación de los bancos españoles, y ahí es importante avanzar en la unión bancaria europea, para lograr una supervisión general”. “A pesar de las buenas intenciones, todo avanza muy lentamente”.
En su comunicado posterior, aclaró que su mención a la incertidumbre sobre los bancos españoles “se refería al punto de vista de algunos agentes del mercado sobre el futuro de los beneficios de las entidades”. La visión del FMI sobre el sistema español, prosigue, continúa en línea con lo expresado en el último informe sobre el sector, del 5 de marzo. Ese estudio señala “que el saneamiento de la banca poco capitalizada ha alcanzado un nivel avanzado, que las reformas clave se han adoptado o diseñado y que el grueso de las medidas para completar el programa se han adoptado”.
La reestructuración bancaria española se desarrolla bajo la supervisión de Bruselas, el BCE y el FMI. Si la banca no funciona bien en un país, el crédito no circula y el riego sanguíneo no llega a la economía. Las pymes españolas pagan casi el doble que las germanas por un crédito de las mismas características. Esta fragmentación, que se da a escala europea, “es un verdadero riesgo, hay que preguntarse qué se puede hacer para reducir estas diferencias”, opinó Blanchard, y propuso fórmulas encaminadas a “bursatilizar” los créditos.

CONTRA LOS RECORTES SALARIALES

Estancamiento o reducción de los salarios.







Aquí reside el núcleo duro de las políticas de cambio estructural; las que promueven los gobiernos, las que impone la troika y las que exigen los mercados. La “devaluación interna” -un eufemismo muy conveniente para diluir el verdadero objetivo de esas políticas: que los trabajadores carguen con el coste de la crisis-, se justifica, nos dicen, por la necesaria austeridad, en lo público y en lo privado, al tiempo que nos aseguran que reportará beneficios a los trabajadores y al conjunto de la población. Ya se sabe, la letanía de siempre: más crecimiento, más empleo… y, en definitiva, salida de la crisis.
 Pero vayamos al grano. Las denominadas políticas de “moderación salarial” (atención al lenguaje nada neutral) ayudarán, según sus promotores, a restablecer los beneficios de las empresas y, de esta manera, favorecerán la actividad inversora; asimismo, al mejorar la competitividad de las exportaciones, contribuirán a reducir el saldo deficitario de la balanza comercial, aliviando las necesidades de financiación externa y, de este modo, liberando recursos que podrán ser utilizados para financiar las medidas pro crecimiento. Expectativas que la realidad desmiente una y otra vez. Ahí están los datos, para quien los desee consultar, rotundos e inequívocos, aunque algunos se esfuercen en retorcerlos (¿se dice amañarlos?) hasta obligarlos a decir lo que los aprendices de brujo quieren oír. Lo cierto es que son muchos los trabajadores que han visto cómo sus salarios perdían capacidad adquisitiva (los que han tenido la suerte de conservar su empleo) y los que han encontrado un puesto de trabajo se han visto en la tesitura de tener que aceptar salarios indecentes a cambio de largas jornadas laborales. ¿A cambio de qué? La inversión continúa bajo mínimos, el desempleo se mantiene en cotas históricas y es la recesión la que, sobre todo, está aportando, a través de la reducción de las importaciones, un balón de oxígeno a nuestra balanza comercial. ¿Y el anhelado crecimiento económico? Ni está ni se le espera. Pero no quiero detenerme en los datos, sino en la lógica, supuestamente irrefutable, de los argumentos que están detrás de la referida devaluación. Espero que el diagrama siguiente resulte esclarecedor de las falacias del discurso dominante.
 Falacia número 1. La contención salarial supondrá una mejora de la oferta, por el efecto positivo que tendrá sobre los márgenes empresariales. El desequilibrio beneficios/salarios ha aumentado, en favor de los primeros, pero los empresarios, ante un horizonte económico lleno de incertidumbres y ante una demanda que no levanta cabeza prefieren utilizar el plus de ganancia obtenido de los recortes salariales en aminorar sus todavía elevados niveles de endeudamiento con los bancos, o los mantienen líquidos a la espera de que surjan oportunidades de negocio, quizá en el sector financiero de la economía, al que apenas se ha tocado pese a estar en el origen mismo de la crisis.
 Falacia número 2. El encadenamiento beneficios/inversión/empleo propiciado por la austeridad salarial generará un círculo virtuoso que se materializará en más crecimiento. Diagnóstico erróneo, pues, la reducción de los salarios nominales y reales está teniendo un efecto contractivo sobre el consumo privado, componente fundamental de la demanda agregada. En un escenario de estas características, los
empresarios postergan sus inversiones, con la consiguiente pérdida de capacidad productiva y de crecimiento potencial.
 Falacia número 3: La reducción de los costes laborales hará que nuestras empresas exportadoras sean más competitivas frente a nuestros rivales, comunitarios (sobre todo) y globales. Precios más bajos, más ventas, mayor cuota de mercado. Previsión fallida: el retroceso en las remuneraciones de los trabajadores no ha ido de la mano de un ajuste equivalente en los precios (¿no nos habían dicho una y mil veces que la rigidez se encontraba en el mercado laboral?), por lo que, a pesar del esfuerzo exigido a los trabajadores, nuestras empresas no han ganado, desde esa perspectiva, competitividad. Esfuerzo que, por lo demás, apunta en la dirección equivocada, pues la presencia externa de empresas y naciones depende menos del precio que de la capacidad de ofrecer bienes y servicios de calidad. En ese ámbito, el de la competitividad estructural, en parte como consecuencia de las políticas salariales restrictivas, se ha abierto la brecha que separa a nuestra economía de las más prósperas del continente.
 Falacia número 4: La contención salarial contribuirá a dinamizar el tejido empresarial estimulando un profundo cambio estructural. Todo lo contrario, esa política ha abierto la espita de todo tipo de comportamientos depredadores por parte del empresariado, a los que las reformas laborales han otorgado un poder enorme, para despedir y contratar, para modificar la negociación colectiva y mover a los trabajadores, así como para fijar sus retribuciones.
Esa situación alumbra una cultura conservadora y autoritaria que constituye un lastre a la hora de afrontar la modernización de nuestra economía. Conclusión: tiempo perdido y frustración entre la población, recursos dilapidados y ampliación de la fractura social, objetivos incumplidos y enquistamiento de la crisis. Al menos que no nos den gato por liebre: esa política económica no funciona o, digámoslo con claridad, sólo funciona para unas oligarquías que no parecen tener otra meta que confiscar a la ciudadanía renta y riqueza.

Fernando Luengo
Profesor de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid y miembro del colectivo econoNuestra

TRABAJO ‘COCINA’ EN SECRETO UN ACUERDO PARA LA REFORMA DE LAS PENSIONES

Sin un pacto que, al menos, abarque un compromiso con los socialistas y con los sindicatos, el llamado factor de sostenibilidad de las pensiones quedaría en papel mojado y al album del color político de los gobiernos sucesivos. 



Esto lo tiene muy claro la actual ministra de Trabajo, Fátima Báñez, que lleva semanas trasladando información y negociando con los principales portavoces parlamentarios una reforma de las pensiones que sea creíble en Bruselas y también introduzca racionalidad en un sistema de Seguridad Social que es a todas luces financieramente insostenible. Bruselas tiene todos los datos y hace ya tiempo que advirtió al Gobierno de que era una de las reformas prioritarias y más importantes que tendría que encarar para no arriesgarse a poner en peligro, entre otras cosas, el rescate de 40.000 millones al sistema financiero. Con estos mimbres, el Gobierno ha trasladado a los partidos un punto de partida que ha despertado todas las alertas: el gasto en pensiones, que este año consume 115.000 millones, se acerca al 11% del PIB frente al 3,4% de media de la Unión Europea, las jubilaciones anticipadas han aumentado un 33% desde el inicio de la crisis, con un coste adicional de 7.000 millones anuales, y cada jubilado parcial genera unos costes adicionales al sistema de 80.000 euros. La partida de las pensiones, junto con la del servicio de la deuda, es la única que ha aumentado. Después de utilizar el 5% del Fondo de Reserva desde el inicio de la crisis para el pago de las pensiones y de introducir cambios de envergadura, entre ellos la separación de fuentes de financiación, la supeditación de los subsidios a las rentas familiares en los mayores de 55 años o el acercamiento progresivo de la edad real de jubilación a la legal, el Gobierno afronta la prueba decisiva, la que puede convertir o no el sistema de Seguridad Social en sostenible en el tiempo a partir de la evolución de la demografía, el crecimiento económico, y de otro tipo de alertas que facilitarán que se adapte de forma automática a las necesidades financieras modulando su coste. El Gobierno se la juega en esta reforma porque no solo se enfrenta a las presiones de la Comisión Europea, en las que pesa el rescate bancario y el procedimiento abierto a España por déficit excesivo, sino también porque hay más de nueve millones de votos en juego y el calendario aprieta: elecciones europeas el año que viene, autonómicas y municipales a mediados de 2015 y legislativas a finales de ese mismo ejercicio. Todos los partidos conocen esta secuencia electoral, también las prisas de Bruselas y han mostrado su predisposición a tener en cuenta las recomendaciones que el grupo de expertos constituido este viernes, presidido por el catedrático de sociología Víctor Pérez Díaz, elevará al Pacto de Toledo. “Sería una irresponsabilidad afrontar esta importante reforma bajo un prisma electoral, esperemos que nadie lo haga”, advierten fuentes gubernamentales. “Nosotros estamos por la labor de colaborar al máximo porque nos va en ello el futuro de la pensiones, reconocemos, incluso, que a veces defendemos cosas que nosotros no haríamos si estuviéramos en el Gobierno”, admiten fuentes socialistas. “Estamos negociando con lealtad porque todos nos jugamos mucho, al final va a ser un debate técnico muy complejo, pero todos debemos estar a la altura de la circunstancias”, aseguran fuentes de CiU. PSOE y CiU han sido los partidos con los que el Gobierno ha estado contactando al máximo nivel, al igual que con los sindicatos. El aval de Comisiones y UGT a la próxima reforma de las pensiones se considera esencial, ya que serviría para arrastrar también al consenso a las formaciones de izquierda. Es obvio, reconocen fuentes gubernamentales,
que no será creíble la introducción de un factor de sostenibilidad sin el acuerdo de las principales fuerzas políticas y de los agentes sociales. Esta es una de las razones por las que en el grupo de expertos se han introducido a académicos propuestos por los socialistas, CiU y los agentes sociales, pues las sugerencias que redacten van a servir como pista de despegue para la negociación que haga el Pacto de Toledo en la recta final. “En realidad, vamos a asistir a un Pacto de Toledo 2”, confiesan en el Gobierno para acentuar la importancia que se le da en Moncloa a la futura reforma.

SIETE RAZONES CONTRA SIETE MENTIRAS

Desde que el FMI fijó el blanco en las pensiones públicas, nos han bombardeado con una catarata de mentiras para obligarnos a tragar con el recorte. 

Que si "no hay dinero",

que si "las pensiones son insostenibles"... ¡Es mentira!

1.-  El gobierno dice que ha aumentado las pensiones todo lo que le permite la crisis

 Es mentira, lo que ha hecho es aplicar un nuevo recorte. Y con él, los pensionistas han perdido ya entre un 25 y un 35% de su poder adquisitivo.

El recorte de las pensiones aprobado por el gobierno al no revalorizarlas se suma a anteriores recortes de todo tipo (congelación, copagos farmacéuticos, subidas del IVA e IRPF,...) que han provocado una pérdida del poder adquisitivo de entre el 25 y el 35% para los pensionistas. La mitad de los cuales tienen dificultades para llegar a fin de mes y con dos millones de ellos viviendo ya por debajo del umbral de la pobreza.
Y esto es sólo el principio. Berlín ha fijado con claridad sus exigencias al gobierno de Rajoy: eliminación radical de las prejubilaciones anticipadas, aplicación inmediata de la jubilación a los 67 años, como paso previo a una nueva elevación de la edad obligatoria para jubilarse a los 70 y ampliación a toda la vida laboral para calcular la cuantía de la pensión.
Su objetivo es rebajar las pensiones públicas entre un 30 y un 40%, de forma que los trabajadores nos veamos obligados, ante la insuficiencia de la pensión pública que nos quedará mañana, a entregar hoy una parte de nuestro salario al gigantesco negocio de los fondos privados de pensiones que manejan unos cuantos megabancos del mundo.

 2.-  Dicen que la sostenibilidad del sistema público de pensiones está en peligro si no se recortan todavía más. 

 El fondo de reserva de las pensiones tiene un superávit de más 64.000 millones, y por lo tanto nuestro sistema de pensiones una salud robusta.
A diferencia de lo que ocurre en otros países, el nuestro es un sistema de reparto y solidaridad entre generaciones. El dinero de la Seguridad Social (115.000 millones de euros cada año) y de la hucha de las pensiones (65.000 millones) es nuestro, y no suyo.
Los trabajadores de hoy cotizamos para que puedan cobrar la pensión nuestros padres y abuelos. Nuestros hijos y nietos cotizarán para que nosotros podamos cobrar mañana. Este sistema no sólo permite pagar las pensiones, sino que además genera cada año un superávit que se acumula en el fondo de reserva de la Seguridad Social, la llamada “hucha de las pensiones”.
Este superávit supera hoy los 64.500 millones de euros. ¿Dónde está entonces la amenaza de quiebra?

3.- Dicen que el envejecimiento de la población en los próximos 50 años obliga a recortar las pensiones para hacerlas sostenibles.

No es verdad

. Invertir en la economía productiva y su modernización, en crear riqueza y empleo, es lo que las hace sostenibles.
Dicen que la rebaja es necesaria porque al haber cada vez más ancianos y menos jóvenes, no habrá suficiente gente menor de 65 años para sostener a tantos jubilados. Esta es una doble mentira.
Primero porque el problema no está en la edad, sino en cuanta población activa, que quiere y puede trabajar hay.
Mientras en los países nórdicos 3 de cada 4 personas entre 16 y 65 años es activa, en España son sólo 2 de cada 4.
Lo que necesitamos es desarrollar la economía productiva, lo que permitirá no sólo acabar con el paro, sino que más gente se incorpore al mercado laboral, trabaje y cotice a la Seguridad Social.
En segundo lugar, la sostenibilidad del sistema de pensiones públicas depende de la capacidad de creación de riqueza del país y la productividad de la fuerza de trabajo.
Decir que en 40 o 50 años no se sostendrá el sistema de pensiones porque se habrá reducido el número de trabajadores que han de mantener a cada pensionista, es igual de absurdo que haber pronosticado en 1960 que en el siglo XXI habría grandes hambrunas en España porque el número de trabajadores dedicados a la agricultura se iba a reducir de cinco millones a sólo un millón. La trampa reside en que, debido a la mecanización y modernización del campo y el aumento de la productividad, un millón de agricultores producen en 2012 veinte veces más alimentos que los cinco millones de hace medio siglo.
Lo mismo pasa en cualquier otra empresa. Hace 30 años, un trabajador cotizaba 60 euros mensuales a la Seguridad Social. Hoy paga 350, casi 6 veces más. Y puede hacerlo porque la modernización, la productividad y la capacidad de crear riqueza de la economía española se ha multiplicado. Lo mismo ocurrirá en el futuro.

4.- Dicen que el incremento del gasto en pensiones provocará un aumento del déficit público.

 No es verdad.

 Las pensiones no provocan ningún déficit público porque lo que pasa en España en que los pensionistas reciben cada vez menos en relación a la riqueza que se crea.
España es, entre los 5 mayores países de la UE, el que dedica menos porcentaje del PIB a pensiones. Y además, ese porcentaje no ha hecho más que reducirse en los últimos quince años. Desde 1995, el PIB español se ha multiplicado por 2,3. Sin embargo, el % del PIB dedicado a pensiones se ha reducido en una quinta parte. Se ha creado más riqueza, pero los pensionistas se llevan una parte cada vez menor de ella.
Si dedicáramos a las pensiones el mismo porcentaje del PIB que Francia, Alemania o Italia, nuestros pensionistas tendrían una subida inmediata en su pensión mensual de más de 500 euros al mes de media.
Lo que hay que preguntarse, por tanto, es donde está todo ese dinero que falta. Quien se lleva esa diferencia de tantos miles de millones de euros que en otros países europeos SÍ se dedican a las pensiones, pero aquí NO.

5.-Dicen que hay que reajustar el sistema público de pensiones para adecuarlo a las nuevas realidades económicas.

Lo que buscan en realidad es explotar el negocio de las pensiones privadas.

Desde 1995, los fondos privados de pensiones han triplicado la cantidad de dinero que manejan en el conjunto del planeta. Estamos hablando de un negocio que, controlado y manejado por la gran banca mundial, mueve 12,7 billones de euros en el mundo. Lo que persiguen los grandes bancos extranjeros y españoles es explotar concienzudamente este negocio en España, que está paralizado justamente por la salud del sistema público de pensiones. Infectarlo mediante rebajas y recortes es la vía directa para su privatización. Eso es lo que están haciendo.

Recortar las pensiones, elevar la edad de jubilación, o aumentar el número de años para calcular su cuantía sirve para que cualquier persona que prevea que en su vejez le va a quedar una pensión pública insuficiente o miserable, dedique en el presente una parte de su salario para pagarse un fondo privado
.
Cuanto menores sean nuestras pensiones públicas, una mayor parte de nuestros salarios, rentas y ahorros dejarán de ser para nuestro consumo personal y se convertirán en capital en manos de los grandes bancos y aseguradoras para aumentar su riqueza.

6.- Dicen que hay que hay que recortar las pensiones porque no hay dinero.

Sí hay dinero, el problema es quién lo tiene. Desde que estalló la crisis el Estado ha inyectado cerca de 200.000 millones de euros de dinero público a la banca.
Casi tres de cada cuatro jubilados tienen pensiones por debajo de los mil euros. Y más de la mitad, cinco millones de jubilados, cobra pensiones inferiores a 600 euros al mes.
Y dicen que hay que bajarlas todavía más porque no hay dinero. Pero mientras tanto, vemos como los altos ejecutivos de la banca y los grandes monopolios españoles se autoconceden y acumulan fondos privados de pensiones por valor de decenas de millones de euros para cada uno de ellos.
Con el pensionazo de Rajoy el Estado se ahorra 3.000 millones de euros. Al día siguiente su gobierno aprueba inyectar casi el doble de esa cantidad (5.500 millones) de dinero público al Banco de Valencia y regalárselo a continuación a La Caixa por un euro. Hay que quitar dinero a los pensionistas para dárselo a los bancos.

7.- Dicen que reformar el sistema de pensiones es una cuestión técnica, de expertos.

 No es verdad.

 Es una cuestión en la que está en juego el futuro de todos, y por eso todos tenemos el derecho a decidir. Y no que Botín y el gobierno, el FMI y Berlín lo hagan por nosotros.
En agosto de 2011 Zapatero y Rajoy reformaron la Constitución –en apenas quince días y por mandato expreso de Merkel– para introducir una cláusula que garantiza que los bancos extranjeros y nacionales cobraran la deuda pública por encima de cualquier otra cosa.
Si ellos cambiaron la Constitución para imponernos que cobre antes un banquero alemán que un pensionista español… ahora nosotros exigimos una reforma constitucional que garantice, más allá de las decisiones de cualquier gobierno, el futuro del sistema público de pensiones. Y que prohíba explícitamente, a este gobierno o a cualquier otro en el futuro, tocar las pensiones, ni recortarlas ni privatizarlas.
Que las pensiones no se tocan es un consenso básico en el que estamos de acuerdo el 90% de la población, a derecha e izquierda.
Zapatero y Rajoy tuvieron que reformar la Constitución en pleno verano, a espaldas de pueblo y con nocturnidad y alevosía porque su único objetivo era proteger los intereses de los banqueros.
Nosotros proponemos un referéndum donde, democráticamente y por encima de cualquier presión externa, la sociedad española podamos pronunciarnos. Porque está en juego no sólo nuestro futuro, sino el de nuestros hijos y nietos.

La Mesa Estatal por el referéndum de las pensiones ha hecho hoy su presentación pública en Madrid

Nace la Mesa Estatal por el Referéndum sobre las Pensiones

El pintor Antonio López, el ex-secretario general de la UGT, Nicolás Redondo, el escritor Juan Goytisolo, los directores Fermín Cabal y Miguel Hermoso, el cantante Luis Eduardo Aute o los actores Amparo Baró y Manuel Galiana, entre otras personalidades, han manifestado su apoyo público a la Mesa pro-referéndum sobre las pensiones que se ha presentado hoy en Madrid. Una plataforma que nace, según sus portavoces, con el objetivo de promover “una reforma de la Constitución que incluya la prohibición expresa de que cualquier gobierno, actual o futuro, pueda tocar, recortar o privatizar el sistema público de pensiones”.

A tal fin, los miembros de la Mesa proponen abrir un amplio debate ciudadano sobre el futuro de las pensiones. Debate que concluya con “la celebración de un referéndum vinculante” donde el conjunto de la sociedad española pueda decidir “democrática, directamente y sin intermediarios” la inclusión en la Constitución del derecho de todos los españoles a recibir una pensión digna. Referéndum para el que han iniciado ya una campaña de recogida de firmas que espera llegar a varios millones que, en distintas oleadas, irán siendo entregadas al Congreso de los Diputados. "El pintor Antonio López y el ex-secretario general de la UGT, Nicolás Redondo, entre otras personalidades, han manifestado su apoyo público a la Mesa pro-referéndum sobre las pensiones" La iniciativa cuenta con el apoyo inicial de movimientos sindicales como la Unión Sindical Obrera (USO) y la Alternativa Sindical de Trabajadores (AST), organizaciones como la Asociación Planeta Verde, la Asociación de Vecinos Sural de Alcorcón, la red de Ateneos Culturales Madrid XXI, o los partidos Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C's), Los Verdes-Grupo Verde (LV–GV), Partido de los Pensionistas en Acción (PDPEA), Partido Pirata, Por Un Mundo más Justo (PUM+J) y Unificación Comunista de España (UCE).

 Asimismo, a la reunión constituyente de la Mesa pro-referéndum han acudido como observadores Manuel Redal, del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA); Elena Moral del sindicato CSI-F de la Comunidad de Madrid; Miguel Lobato de Escaños en Blanco (Eb); Miguel Ángel López de Ciudadanos de Centro Democrático (CCD) y Héctor Guerra de la Asociación ecologista La Atalaya.

En la rueda de prensa posterior, su portavoces han aclarado que lo que buscan los promotores es “impulsar un amplio movimiento social que, sin distinción de ideologías, credos religiosos o siglas partidistas”, una a todos aquellos que creen “que el mantenimiento de un sistema de pensiones públicas dignas es una lucha que nos afecta a todos por igual”.

 "Una plataforma que nace con el objetivo de promover una reforma de la Constitución que incluya la prohibición expresa de que cualquier gobierno pueda tocar, recortar o privatizar el sistema público de pensiones”

Precisando que la Mesa adquiere el compromiso de “promover e impulsar en todas las Comunidades Autónomas, en todas las provincias, ciudades y pueblos de nuestro país la recogida de firmas, el debate, la reflexión y la participación mayoritaria de la sociedad en un asunto de tan vital trascendencia”.

Para lo que hicieron un llamamiento final “a todos nuestros conciudadanos” y “a todas las organizaciones sociales” a sumarse a esta iniciativa.

 Reproducimos a continuación el Manifiesto de constitución de la Mesa Estatal por el Referéndum sobre las pensiones.

 1º.- La Mesa Estatal pro-Referéndum sobre las pensiones se constituye con el objetivo de promover una reforma de la Constitución que incluya la prohibición expresa de que cualquier gobierno, actual o futuro, pueda tocar, recortar o privatizar el sistema público de pensiones. Un artículo que recoja como obligación constitucional el mantenimiento del poder adquisitivo real de los pensionistas, y por tanto la imposibilidad de que ningún tipo de medida, ya sean recortes, subidas de impuestos, copagos, aumento de las tarifas de los servicios básicos o cualquier otra pueda afectar a los pensionistas, excepto aquellas que sean favorables para ellos.

 2º.- A tal fin, la Mesa Estatal pro-Referéndum sobre las pensiones nos constituimos para promover un amplio debate ciudadano sobre el futuro de las pensiones.

Debate que concluya con la celebración de un referéndum donde el conjunto de la sociedad española podamos decidir democrática, directamente y sin intermediarios, mediante un referéndum de carácter vinculante, la inclusión en la Constitución del derecho de todos los españoles a recibir una pensión digna después de toda una vida de esfuerzos y trabajo duro.

Y para ello hemos iniciado una campaña de recogida de firmas por todo el país en apoyo a la celebración del referéndum. Campaña a la que llamamos a sumarse a todos los ciudadanos y que mantendremos en el tiempo hasta conseguir crear un clima de opinión nacional favorable a la realización del referéndum que obligue al gobierno y a las distintas fuerzas políticas a tomarla en consideración y convocar el referéndum.

3º.- Nuestro objetivo es impulsar un amplio movimiento social que, sin distinción de ideologías, credos religiosos o siglas partidistas, una a todos aquellos que creemos que el mantenimiento de un sistema de pensiones públicas dignas es una lucha que nos afecta a todos por igual. Hombres y mujeres, jóvenes y mayores, parados y trabajadores en activo, estudiantes y profesionales, autónomos y pequeños y medianos empresarios.

Cualquier recorte, cualquier rebaja, cualquier empeoramiento en las condiciones de acceso a la pensión afecta a nuestro poder adquisitivo, a nuestra calidad de vida presente o futura. Preservar y mejorar el actual sistema de pensiones públicas va en beneficio de todos. Y todos debemos implicarnos en su defensa. 4º.- Desde esta convicción, los miembros de la Mesa Estatal pro-Reférendum sobre las pensiones nos comprometemos a promover e impulsar en todas las Comunidades Autónomas, en todas las provincias, ciudades y pueblos de nuestro país la recogida de firmas, el debate, la reflexión y la participación mayoritaria de la sociedad en un asunto de tan vital trascendencia.

Y llamamos a todos nuestros conciudadanos a sumarse a esta iniciativa. A participar activamente en recoger un aluvión de cientos de miles, de millones de firmas que evidencien la opinión de una inmensa mayoría de españoles de poder decidir directamente ante un asunto que nos afecta a todos. A promover todo tipo de debates, coloquios, tertulias,... por toda la geografía española. A hacer llegar esa voz mayoritaria a los grandes medios de comunicación. A constituir decenas, cientos de Mesas pro Referéndum autonómicas, provinciales y locales a las que puedan unirse todas las personas y organismos ciudadanos que comparten nuestro mismo objetivo. En los últimos tres años, la sociedad española hemos sufrido innumerables recortes y ajustes de todo tipo que nos han conducido a un notable empeoramiento de nuestras condiciones de vida. Pero tocar las pensiones es cruzar un línea roja que no debemos permitir. Por ello, los abajo firmantes, constituidos como Mesa Estatal pro-Referéndum sobre las pensiones, llamamos a toda la sociedad española a tomar en sus manos este objetivo:

¡Las pensiones a la Constitución. 

Ni recortes ni privatización!

¡Referéndum ya! ¡Recojamos millones de firmas de apoyo a la exigencia del Referéndum!

" No es nada personal son negocios"

Tradicionalmente, el gran negocio de la elite globalista fue la guerra.

Ellos siembran discordias, promueven conflictos, financian a las partes enfrentadas, las proveen de armas y suministros; no les importa a veces quién gane, siempre que los vencedores estén dispuestos a compartir el botín y contratar con sus empresas los trabajos de reconstrucción. A veces, estas prácticas inmorales se llevan a cabo con total impunidad y el mayor descaro, como ha ocurrido recientemente con ocasión de la guerra de Irak. El gobierno de EEUU bombardeó ese país y, a continuación, contrató a una serie de empresas para llevar a cabo las tareas de reconstrucción. Una de esas empresas era Halliburton, presidida por el vicepresidente de los Estados Unidos Dick Cheney hasta la llegada de este a la Casa Blanca. Halliburton premió por anticipado a Cheney con más de ocho millones de dólares. Otorgan créditos a los gobiernos que deciden iniciar una guerra, les entregan billetes y monedas fabricadas por ellos a cambio de sustanciosos intereses. De esta manera, la elite globalista endeuda a las naciones-Estado, lo que les permite someter a sus gobiernos. Si no se pliegan a sus intereses, les amenazan con no renovar los créditos y ejecutar los avales, o les declaran la “guerra psicológica”, que es una forma de terrorismo mental. Los ideólogos de la elite globalista definen la “guerra psicológica” o “bombardeo ideológico” como el uso planificado de la propaganda y otras actividades no armadas para comunicar ideas con el propósito de influir en las opiniones, actitudes, emociones y comportamiento de la población, de manera que apoyen el logro de sus objetivos y prepararen el camino al eventual empleo efectivo de sus fuerzas militares. El tipo más eficaz de “bombardeo ideológico” es aquel en el que, a través del miedo, se logra que las personas estén convencidas de que hacen lo que
hacen por motivaciones propias, cuando en realidad no hacen sino seguir las directrices de la elite globalista, cuyos miembros diseñan la propaganda de guerra psicológica”.

 Extracto del libro GOBIERNO MUNDIAL de Esteban Cabal

El Régimen de la Transición se desmorona

Entre el ‘regicidio’ y la reconducción

Uno tras otro, los pilares del régimen político surgido de la Transición se desmoronan a ojos vista. Desde la Monarquía hasta el sistema de partidos pierden crédito y legitimidad a un ritmo nunca antes visto. Los españoles piden transparencia y rendición de cuentas. Y en medio de una auténtica oleada de escándalos, hay fuerzas que parecen empeñadas en empujar hacia un abrupto final del actual régimen. ¿Para ir hacia dónde?

Más allá de un caso de corrupción de altos vuelos, la imputación de la Infanta Cristina se ha convertido en una bomba de relojería política de consecuencias tanto más imprevisibles cuanto que sus salpicaduras alcanzan a una jefatura de la Casa Real ya contaminada por casos como el de la cacería de elefantes en Botswana, las “relaciones peligrosas” con Corinna o el reciente descubrimiento de cuentas opacas al fisco en Suiza. Sin embargo, creer que son los e-mails de Diego Torres, el socio de Urdangarín, la causa última de la desestabilización de la monarquía, como pretenden los grandes medios de comunicación, roza el esperpento.

       ¿Es ni siquiera pensable que un oscuro e irrelevante personaje de quinta categoría como Diego Torres tiene la capacidad de poner en cuestión la jefatura del Estado de la quinta nación europea? Si todo esto está siendo posible, si el caso Nóos y la imputación de la Infanta Cristina se está convirtiendo en la punta de lanza de una desatada ofensiva contra la figura del Rey, necesariamente hay que concluir que poderes situados por encima del propio Rey han dando luz verde para que suceda. Si no fuera así, ¿alguien de verdad cree que no existen múltiples medios para “silenciar”, de grado o por fuerza, por medios naturales o “sobrenaturales”, a Diego Torres? Antes no, ahora sí

Que la Corona esté implicada en actividades poco claras no es nada nuevo.

Antes de que fuera coronado, el aristócrata y amigo íntimo del Rey Manuel Prado y Colón de Carvajal –condenado años después por corrupción– encabezó una trama para dotar a Don Juan Carlos de la fortuna personal que necesitaba para poder codearse, de igual a igual, con los exquisitos miembros de la oligarquía financiera española. Y nadie dijo nada. Aunque todo el stablishment político, judicial y mediático lo conocía perfectamente. Si hacemos memoria, en1996 se impulsó una operación de “acoso y derribo” para desalojar a Felipe González de la Moncloa. Sus estrechas relaciones con el eje franco-alemán, y en especial su íntima cercanía al entonces canciller germano, Helmut Kohl, estaba teniendo el efecto de desplazar gradual e imperceptiblemente el centro de gravedad del sistema de alianzas español desde Washington hacia Berlín. Algo que en su desarrollo atentaba gravemente contra los intereses norteamericanos en España y en Europa.
"Todo el stablishment político, judicial y mediático lo conocía perfectamente"

Había que frenar en seco esa deriva y “devolver” las aguas del sistema de alianzas y dependencia de España al cauce marcado por EEUU. Y se frenó: un verdadero diluvio de dossieres que afectaban a algunas de las instituciones más relevantes del Estado (servicios secretos, Guardia Civil, Banco de España, la alta dirección de la policía,...) inundó durante años la prensa española. Pero la sola aparición de algunos dossieres que implicaban, mucho más tangencialmente que ahora, al Rey provocó la reacción de importantes núcleos de la clase dominante encarnados en Luis María Anson –entonces director de ABC–, que concedió varias entrevistas para denunciar “la conspiración” en la que él mismo, junto a otros destacados directores de relevantes medios de comunicación del país, había participado para derribar por otros medios a un Felipe González que hasta entonces se mostraba imbatible en las urnas. Lo que vino a decir Ansón, y los sectores de la oligarquía que representaba, es que EEUU, como gran patrón de la política española, estaba en su derecho de intervenir en España… Pero que esa intervención debía tener ciertos límites y guardar determinadas formas.

Y que una vez consumado el objetivo, la sustitución de González por Aznar y la reconducción de la política española nuevamente hacia Washington, había que hacer públicas y quemar las cartas usadas para que no se pudieran utilizar en el futuro para seguir torpedeando a la Corona, clave de bóveda del Estado. Pues bien, poco mas de 15 años después, ahora sí se puede golpear al Rey como a un muñeco de feria, como el muñeco del pinpanpúm. Y no sólo nadie dice nada. Sino que destacados portavoces de esa misma oligarquía como El País o El Mundo son los primeros en difundir en portada los ataques contra la Corona. ¿Hacia una nueva reconducción? La aceleración de los ataques contra la monarquía, pilar básico de la arquitectura del Estado español, no pueden estar al margen del salto cualitativo en el proyecto de intervención y saqueo sobre Europa que Washington y Berlín han impuesto al descuartizar Chipre…
Y anunciar que esta receta “se extenderá a más países”, señalando a España como uno de los primeros candidatos.

"España no puede entrar en un periodo de desestabilización"

Como tampoco puede ser casual que en medio de la oleada de escándalos, la Fundación Ebert publique un “informe” donde se contempla que la desmembración de España, separando Cataluña para transformarla en un satélite de Berlín, es “uno de los escenarios posibles” donde podría desembocar la crisis europea. La Corona no sólo ha actuado todos estos años como un elemento de equilibrio y estabilidad del régimen político, sino que ha sido históricamente un símbolo privilegiado de la unidad de España. Poniendo en cuestión su figura, se tambalean también ambas, se provoca la mayor crisis política de la historia reciente de España y se ven afectadas la propia fortaleza del Estado y la unidad de la nación. La Corona, el gobierno nacional, los principales gobiernos autonómicos, el PP, el PSOE, CiU, todo el sistema de partidos, el posible “delfín” de Rajoy en el PP, la justicia, la CEOE, los sindicatos mayoritarios,… Todos los aparatos principales del Estado aparecen implicados en una vorágine de escándalos. ¿A quién le interesa que todo esto salga a la luz, estallando al mismo tiempo? ¿Qué objetivos se persiguen? Informe confidencial para el embajador USA Hace sólo unas semanas aparecía en el periódico decano de la prensa digital
española un artículo titulado “Informe Confidencial para el embajador Salomon”, en el que se recoge el informe de un destacado ex-agente de la CIA que “en tiempos de la transición española anduvo por Madrid influyendo en los altos salones de la capital para controlar el difícil proceso de cambio de régimen del dictador Franco, aliado de USA, a la monarquía parlamentaria del Rey Juan Carlos, amigo de USA”. Informe redactado para “una gran multinacional americana” y que ha acabado finalmente en la mesa del embajador norteamericano en España, Alan Salomon, el mismo que dijo en Barcelona que ante los casos de corrupción había de que actuar de forma “rápida y concluyente”. El informe pronostica que “España está al borde de un cambio de Régimen”; que se “corre el riesgo de una explosión social parecida a la primavera árabe”; que, “como ocurrió en Italia, los dos grandes partidos PP y PSOE podrían desaparecer; y que eso mismo podría ocurrir con la Monarquía”. El informe, del que no se dan más datos, concluye diciendo que, “en el delicado momento estratégico por el que atraviesa el norte de África, un país como España, determinante en la zona, no puede entrar en un periodo de desestabilización política, social y económica”. Y propone que, como ocurrió al inicio de la transición, “las potencias aliadas del Gobierno de Madrid –EEUU, Gran Bretaña, Francia y Alemania– establezcan un ‘grupo de trabajo’ y concertación para ‘ayudar y controlar’ la situación española y en su caso pilotar esta ‘segunda transición’ en favor de salvar y reconducir el vigente régimen partitocrático, articulado a finales de los años setenta o influir en la reforma de la Constitución en pos de un modelo democrático presidencialista y ‘mayoritario’, con o sin la monarquía, a la vista de cómo se vayan decantando los acontecimientos”. El informe, al parecer, estudia y analiza los protagonistas del momento español, líderes políticos, sociales y del mundo de la economía, y avisa sobre “la ausencia de nuevos dirigentes no contaminados con el régimen hoy fallido”, aunque asegura que, “llegado el momento, los nuevos protagonistas de la reforma aparecerán”. ¿Es descartable suponer que la evidente degradación hacia una posición de tercera fila a la que las grandes potencias quieren someter a nuestro país requiera también de un profundo cambio o una reconducción del actual régimen político español? Reconducción en el sentido de eliminar a una clase política con demasiados intereses propios creados a lo largo de 35 años, y por tanto con la necesidad de poseer un cierto grado de autonomía para preservar su poder y sus privilegios, y sustituirla por una nueva elite dirigente más orgánicamente vinculada, dependiente y comprometida con los nuevos proyectos del hegemonismo.

"Un Estado español mucho más débil, desestructurado y dividido"

Poner de manifiesto esos “intereses creados”, sacar a la luz las múltiples tramas de corrupción que a lo largo de todo este tiempo ha urdido la clase dirigente de nuestro país se está revelando como un medio sumamente eficaz de ponerla en la picota. ¿O nos quieren hacer creer ahora que todo esto era desconocido para los grandes medios de comunicación, que nadie sabia nada de los trapicheos de la Casa Real o de la financiación irregular del PP? La hipótesis de un posible plan B del hegemonismo yanqui que pudiera estar apostando, según como se desarrollen los acontecimientos, por una nueva transición se ve reforzada por los acontecimientos de Grecia y de Italia. Allí, el descrédito y el desmoronamiento del modelo bipartidista ha tenido como consecuencia directa que fuerzas antihegemonistas hasta ahora inexistentes o relativamente marginales –Syriza en un caso, el Movimiento 5 Estrellas en el otro– hayan sido capaces de recoger todo el descontento social. Tranformándolo en incipientes movimientos políticos de masas que cuestionan todo el sistema político de dominio sobre el continente europeo construido por EEUU desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. La profundización de la recesión en España, con el previsible empeoramiento de las condiciones de vida de amplios sectores de la población en los próximos años, unido a la emergencia de movimientos de lucha como el 15-M, no controlados por los partidos y sindicatos del actual régimen, apuntan a que también en nuestro país pudieran estar gestándose las condiciones para el surgimiento de una fuerza de características similares. Adelantarse a una posible situación de este tipo en un país de la importancia de España, actuar antes de que pueda aparecer nada parecido a una Syriza a la “española” podría estar empujando a EEUU a incluir en su agenda un plan B que contemple pilotar algún tipo de transición desde el actual régimen político hacia otro de nuevo tipo. No podemos afirmar con certeza todavía cuáles los objetivos últimos de quienes están induciendo el caos y la desestabilización política en que se ha instalado el país. No sabemos cual es su alternativa al actual régimen pítico, ni que protagonistas tienen preparados para un posible relevo. Pero tampoco nadie podía imaginar en 1973 qué diseño concreto tenia Washington y de qué piezas en la recámara disponía para sustituir el viejo régimen franquista. Y sin embargo ellos no dudaron en “volar” a Carrero Blanco para abrir todo el proceso de la Transición. Y 30 años después, nadie puede dudar de que tenían una claridad absoluta y un diseño perfectamente perfilado de hacia dónde querían conducir la vida política española.

Si hay una cosa clara en estos momentos es que el resultado real que se está dibujando de toda esta sucesión de escándalos es el agotamiento del actual modelo político y una situación de un Estado español mucho más débil, desestructurado, dividido y, sobre todo, dotado cada vez de menos capacidad y recursos para enfrentarse, o siquiera negociar en mejores condiciones, las exigencias cada vez más desmesuradas de Washington y Berlín. En cualquier caso, la enseñanza que se desprende para nosotros es que si ellos están moviendo piezas ante el temor de que la respuesta popular a la degradación y el empobrecimiento del país se les escape de las manos, nosotros, el 90% de la población, tenemos que aprovechar la situación y trabajar activamente porque sus temores se hagan realidad. De la necesidad de levantar un Frente Amplio de Unidad capaz de recoger los intereses y demandas del 90% venimos advirtiendo en estas páginas desde hace más de tres años. De las posibilidades reales y cada vez mayores de que cuaje y se haga realidad una alternativa de este tipo lo están advirtiendo ahora, con alarma, nuestros enemigos.

No es el momento de perder el tiempo ni regatear esfuerzos para avanzar en ese camino de unidad.