Los recortes que vienen y que Rajoy oculta
El diario digital Voz Pópuli revelaba a comienzos de la pasada semana un documento en el que el Ministerio de Hacienda reconoce que se ha agotado el margen para ajustar el gasto y que el Consejo Europeo impuso en julio una nueva ronda de recortes en las Comunidades Autónomas que deberá ser aprobado antes de febrero de 2015.
Como recordarán nuestros lectores, a mediados del mes de julio Hacienda remitió a los gobiernos autonómicos un conjunto de propuestas cuyo objetivo, dijeron entonces, era mejorar la eficiencia y racionalizar el gasto en materias como Sanidad, Educación, Servicios Sociales y funcionarios.
Presentado simplemente como un conjunto de ideas que las Comunidades podían o no tomarlas en consideración, Montoro negó expresamente que se tratase de una nueva ronda de ajustes.
Sin embargo, ya se sabe que se pilla antes a un mentiroso que a un cojo, y la realidad que se escondía detrás es que la lista de propuestas no es otra cosa que una nueva imposición de Bruselas ante la necesidad de adoptar más medidas para cumplir con los objetivos de déficit.
"Bajo mandato del FMI y Berlín, el gobierno prepara para la próxima primavera una nueva batería de recortes"
Así lo expresa el documento de Hacienda donde se afirma específicamente que, por mandato del Consejo Europeo, “son necesarios esfuerzos adicionales para cumplir plenamente la recomendación formulada en el marco del procedimiento del déficit excesivo”.
En otras palabras, las nuevas medidas de ajuste se elaboran ante la presión de Bruselas, y hay que pasar a aplicarlas a partir de febrero de 2015 para cumplir con las exigencias de la troika sobre la reducción del déficit público.
El documento contempla medidas que van desde nuevos copagos, hasta el establecimiento de las llamadas “tasas hoteleras” en los hospitales, una nueva ampliación de la jornada laboral de los funcionarios, la eliminación de otra paga extra o la reducción de un 10% en el pago de los complementos a los profesores.
La lista de recortes es interminable: “copago por falta de asistencia a citas programadas o no retirada de pruebas”, “copago por asistencia a consulta médica y urgencias”, copago por interrupciones del embarazo, pago de una “cuantía mínima por la expedición de recetas a los pacientes, diferenciando pensionistas y activos”. Es decir, el euro por receta que el Gobierno ha rechazado en Cataluña y Madrid, pero que ahora va a implantar en toda España.
La sanidad pública sería, una vez más, objetivo preferente de los recortes, puesto que el documento plantea también un nuevo “aumento de los porcentajes de financiación de los usuarios para la prestación farmacéutica ambulatoria”, es decir, el copago farmacéutico de las medicinas dispensadas en los hospitales.
La lista de las 225 medidas de nuevos recortes es la respuesta a la Comisión Europea que exigió al gobierno español a comienzos del pasado mes de junio que pasara a concretar ya sin más dilaciones “los ajustes” (es decir, los recortes) que tiene previsto adoptar para cumplir los objetivos de reducción de déficit al 4,2% del PIB para el año próximo y al 2,8% en 2016. Lo que significa recortes por valor de 25.000 millones de euros de aquí a finales de 2015 y de otros 15.000 millones durante el siguiente año.
En su comunicado, Bruselas señalaba expresamente, y de ahí que la sanidad pública ocupe gran parte de las medidas, que hay que seguir aumentando “la eficiencia del sector de la asistencia sanitaria”, para lo que recomendaba aumentar la
“racionalización del gasto farmacéutico, particularmente en los hospitales”.
Bajo mandato del FMI y Berlín, el gobierno prepara para la próxima primavera una nueva batería de recortes. Nosotros, por nuestra parte, tenemos que empezar a preparar ya un “otoño caliente” contra sus planes
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