El Ministerio de Empleo convocó a los sindicatos y la patronal a una reunión en la que no les proporcionó el anteproyecto de ley que en esos momentos se estaba estudiando en La Moncloa. A pesar de que los responsables del departamento que dirige Fátima Báñez aseguraron a los agentes sociales que los cambios eran sólo formales, éstos desconfían. Los sindicatos y la CEOE reprocharon igualmente al Gobierno cómo ha programado el debate sobre la reforma: haciendo coincidir el diálogo con los agentes sociales con la petición de dictamen a un órgano consultivo como el Consejo Económico y Social (CES) y después con la tramitación parlamentaria del anteproyecto.
La ministra Báñez reiteró ayer su voluntad de “escuchar y tomar en consideración” todas las aportaciones que hagan sindicatos, patronal y grupos parlamentarios. Ante los dos primeros, el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, se comprometió a estudiar las propuestas alternativas que le presentó el responsable de Protección Social de CCOO, Carlos Bravo. Según explicó éste al término de la reunión, Empleo está abierto a discutir “mecanismos de corrección de los efectos” que causa sobre las pensiones el índice de revalorización del Gobierno. Lo que los sindicatos entienden como un reconocimiento implícito de que las pensiones perderán poder adquisitivo
Un factor y un índice
El anteproyecto aprobado en Consejo de Ministros incluye un factor de sostenibilidad, ligado a la esperanza de vida, que comenzará a aplicarse en 2019 y reducirá la cuantía inicial de la prestación de los futuros jubilados. Además, crea el citado índice de revalorización, que sustituirá al IPC, el parámetro que actualizaba las pensiones según crece el coste de la vida. De acuerdo con la fórmula diseñada por Empleo, la cuantía de las prestaciones dependerá ahora de los ingresos y gastos de la Seguridad Social, así como del déficit o superávit del sistema, que se calculará según las medias de los 11 ejercicios anteriores.
Posteriormente, se aplicará un suelo del 0,25% para las épocas de recesión y un techo del IPC más el 0,25% que les impedirá subir por encima de ese porcentaje en fases de expansión económica. Ambos topes le han servido al Gobierno para afirmar que las pensiones “no bajarán nunca”.
Perderán sobre todo en recesión
Los sindicatos y la oposición parlamentaria, sin embargo, no han tardado en corregir al Ejecutivo. Las pensiones no bajarán en términos nominales, pero sí en términos reales, es decir, teniendo en cuenta la inflación. Y lo harán “particularmente en los años de depresión, sin que vayan a recuperar la pérdida de poder adquisitivo en la fase de recuperación”, explica UGT en el análisis sobre la propuesta del Gobierno que ha elaborado su Gabinete Técnico Confederal. De hecho, según sus cálculos, con una inflación media del 2% –el objetivo fijado cada año por el Banco Central Europeo–, por cada ejercicio de recesión, las pensiones podrían perder un 1,75% de poder adquisitivo, mientras que en los años de expansión sólo se recuperaría el 0,25%. Es decir, por cada año de recesión harían falta siete años para recuperar el poder adquisitivo perdido.
Otro tanto ocurriría con la llamada tasa de sustitución de la prestación: la diferencia entre el último sueldo que se cobra como trabajador y la primera pensión que se percibe como jubilado. Actualmente esa tasa se encuentra entre el 75% y el 80%. El informe del comité de expertos que el Gobierno reunió para hacer una primera propuesta sobre pensiones alertaba de que sus fórmulas iban a causar una “disminución significativa” de la pensión media sobre el salario medio. Y las presentadas ahora por el Ejecutivo se parecen como dos gotas de agua a las de los 12 sabios.
Así que Empleo está dispuesto a redefinir alguno de los elementos de la fórmula que servirá como índice de revalorización: el factor multiplicador del superávit, o qué se van a considerar ingresos y qué gastos del sistema, según revelaron los sindicatos. Hace una semana Fátima Báñez presentó su fórmula como un “mecanismo automático que evitará la discrecionalidad de las decisiones políticas en el futuro”. Pero ayer el ministerio ya reconoció ante los interlocutores sociales la existencia de “elementos discrecionales”, que deberá decidir cada Gobierno.
Qué pasará en año electoral
Por ejemplo, según la propuesta de Empleo, uno de los parámetros de la fórmula, el que regula la velocidad de corrección de los desequilibrios que sufran las cuentas de la Seguridad Social, será fijado cada año en los Presupuestos Generales del Estado. “Entonces”, destaca el informe de UGT, “el propio Gobierno dictaminará cada año cómo va a influir el superávit o el déficit del sistema en la revalorización de las pensiones, respondiendo más a la coyuntura económica del país y a decisiones políticas –qué ocurrirá en años de elecciones– que a motivos objetivos”.
Lo mismo puede decirse de las estimaciones y proyecciones que los técnicos utilizarán para calcular el índice, apuntó Carlos Bravo. El análisis de UGT revela que más de la mitad de los datos que se necesitan son estimaciones de los cinco años siguientes al ejercicio del que se trate: de precios, de los ingresos y gastos del sistema, de la pensión media y del número total de pensiones contributivas. Con ellas y con los datos de los cinco años anteriores, se extraerán medias móviles. Cualquier estimación, razona el informe del sindicato, parte de “ciertas premisas e hipótesis que no son totalmente asépticas y objetivas”.
Además, las proyecciones que deberán emplearse también parten de hipótesis de futuro “que cuentan con una alta probabilidad de error y pueden estar sujetas a intereses concretos”. UGT recuerda que tantoSuecia como Alemania actualizan sus pensiones sólo tomando como referencia “datos ya oficializados y conocidos”, no “proyecciones que reflejen la situación económica del país en un tiempo futuro”.
Aumento de cotizaciones
El Gobierno también se mostró dispuesto el viernes a estudiar la propuesta alternativa que le presentó CCOO. Se trata de una “batería de medidas” a corto, medio y largo plazo que suman un ahorro de 43.097 millones de euros, cuatro puntos del PIB. Para que España equiparara su gasto en pensiones a la media de la Unión Europea –el 13,5%–, debería crecer en poco más de tres puntos.
CCOO sugiere aumentar, de forma inmediata pero temporal, las cotizaciones a la Seguridad Socialpor contingencias comunes. Así, argumenta el sindicato, se resolvería el déficit coyuntural del sistema, fruto de la destrucción de empleo. A medio plazo, propone aumentar la base máxima de cotización y equiparar las bases medias de cotización de autónomos y asalariados del Régimen General. Ambas medidas estaban ya previstas en la reforma de las pensiones que el Gobierno consensuó con los sindicatos y la patronal en 2011. También quiere que el Estado asuma los gastos de personal de la Seguridad Social y que las reducciones de cuotas a los empresarios se conviertan en programas de bonificación.
Y a largo plazo el sindicato pide políticas de reactivación económica para crear empleo, mejorar la lucha contra el fraude, una reforma fiscal y que los Presupuestos del Estado financien ciertas prestaciones que ahora cubre la Seguridad Social.
El IPC, ni en pintura
Los órganos de dirección de la CEOE analizarán el próximo miércoles la propuesta de pensiones del Gobierno. Antes de la reunión, el secretario general de la patronal, José María Lacasa, se limitó a reafirmar el compromiso de los empresarios con un “sistema de pensiones estable y sostenible en el tiempo”.
Aún no hay calendario para próximas reuniones con los sindicatos y la CEOE, que tampoco cuentan aún con el documento que vio ayer el Consejo de Ministros. “Es la primera vez que desconocemos lo que se va a aprobar”, se quejó la responsable de Política Social de UGT, Carmen López, antes de afear al Gobierno su “concepto” de Diálogo Social. En todo caso, la mirada de Empleo está más en Bruselas. La primera fórmuladel índice de revalorización que les puso encima de la mesa a los agentes sociales el pasado día 2 incluía el IPC, tal y como explicó entonces la propia ministra a los periodistas en rueda de prensa. Sin embargo, cuatro días después les hizo llegar un documento en el que desaparecía de la fórmula la evolución de los precios. En su lugar, los ingresos y los gastos del sistema se presentan en términos reales –descontada la inflación–. El resultado es, pues, el mismo. Pero UGT atribuye el cambio a “motivos políticos”: la Comisión Europea no quiere ver referencia alguna al IPC.
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