"Sigue la pista del dinero".
Este enigmático consejo dio la clave para la investigación del caso Watergate y la posterior dimisión de Nixon.
Cuatro décadas después, en España, periodistas, oposición, ciudadanos, todos vamos tras la pista del sobre: qué cantidades acumulaba Bárcenas en Suiza, a quién entregó dinero negro y cuánto, si iba en carpetillas, en sobres o en cajas de puros, en billetes grandes o pequeños, qué cantidades se embolsaron Rajoy, Cospedal y el resto de la cúpula del PP o cuántas veces es capaz Javier Arenas de almorzar en el Ritz en un solo día.
De la respuesta a estas preguntas dependerá el futuro político del presidente y la estabilidad del propio Gobierno, enfrascado en una estrategia de negación total que por momentos, como en las fases del duelo, se desliza hacia la rabia -esa vena hinchada del portavoz Alonso el otro día en el Congreso-, y en otros hacia la negociación (con el ex tesorero, alias LuisSeFuerte), pero que queda aún muy lejos de la aceptación. Es decir, de la rendición de cuentas ante los ciudadanos y ante la justicia.
Sin embargo, creo que si Garganta Profunda se levantara de su tumba, diría como Ortega y Gasset, "no es eso, no es eso". Porque, si graves son los indicios de que los dirigentes del PP cobraron sobresueldos de manos de su antiguo tesorero, más lo es la procedencia de ese dinero, que todo apunta a que provenía de donaciones ilegales de varias de las empresas más importantes del país. Pero, ¿porqué lo llaman donaciones o financiación ilegal cuando quieren decir sobornos a cambio de jugosas adjudicaciones públicas?
Ahí está la verdadera pista del dinero. Y su rastro también apunta a la vieja y nueva guardia del PP, pero con una carga penal mucho más potente. Ya no se trata de si se produjo un delito fiscal, financiación ilegal o una vulneración de la Ley de incompatibilidades, que además podría haber prescrito. De si se declaró en el IRPF o se cobró en negro o en corticoles. Hablamos directamente de cohecho, de la concesión de grandes contratos a cambio de maletines repletos de millones. De ese dinero, los casi 50 que Bárcenas ocultaba en Ginebra serían sólo una pequeña parte. Por eso sorprende bastante la aparente falta de interés de muchos medios de comunicación y de tuiteros de primera fila en ponerle el cascabel al gato. Alguna de las mayores compañías españolas -muchas constructoras- figuran en las anotaciones de Bárcenas, pero poco se escribe de ellas.
¿Es sólo porque los sobres acaparan todo el morbo político y periodístico del momento? ¿Algún interés más que no conocemos?
La reforma del Código Penal que aprobó el Gobierno de Zapatero en 2010 -esto también es herencia recibida- abrió por primera vez la posibilidad de actuar por la vía penal contra las empresas. Con la nueva legislación, las compañías que paguen sobornos o se aprovechen del tráfico de influencias, entre otros delitos graves, pueden ser multadas e incluso quedar inhabilitadas para recibir ayudas públicas o firmar contratos con la administración. Parece de cajón ¿verdad? Pues hasta hace menos de tres años no era así. La constructora X podía sobornar al concejal de turno y, incluso si el delito era descubierto y condenado, volver a presentarse para realizar una obra municipal en el mismo ayuntamiento. De momento, las empresas implicadas en el caso Malaya, cuya sentencia aún se espera, pueden haberse librado porque el caso arrancó mucho antes de la reforma legal. Veremos si se aplica a las involucradas en el caso Gürtel-Barcenas, valga la redundancia. De hecho, de las primeras cosas que ha planteado el ministro Gallardón es establecer un amplio abanico de exenciones.
En España estamos aprendiendo a hablar de los políticos corruptos, pero aún nos cuesta mucho hablar de los corruptores. Existe todavía la tentación de ver a estas empresas únicamente como víctimas del chantaje y la codicia de concejales, alcaldes, consejeros o ministros. Pero pensemos en los cientos de empresarios honrados, talentosos y trabajadores que han visto su proyecto en la basura sólo porque había alguien, con peores ideas pero menos escrúpulos, dispuesto a olvidarse un maletín tras una puerta.
PS. En Aznalcóllar, la Junta ha decidido vetar a Boliden en el concurso para la reapertura de la mina. Va a poner como condición que las empresas que se presenten no tengan "deudas pendientes" con la administración. La multinacional sueca echó el cierre y salió de España sin pagar ni un euro de los 90 millones que costó limpiar el vertido tóxico de hace 15 años. Una buena decisión que sin embargo no debería ser noticia porque, como con las empresas corruptas, es de cajón.
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