Juicio por Genocidio contra Ríos Montt
El 19 de Marzo se abrió el Juicio contra el ex dictador Efraín Ríos Montt (1982 y 1983) y contra José Rodríguez Sánchez (su director de Inteligencia). Durante el periodo en que ambos militares ocupaban dichos cargos, se perpetró la mayor parte del Genocidio en Guatemala. Estos años son reconocidos como la época de la represión más sanguinaria en toda la historia de América Latina.
El inicio de dicho juicio es un acontecimiento histórico, ya que es el primer caso, en Guatemala y Latinoamérica que dos altos mandos del ejército serán juzgados por genocidio. Los 17 meses que Ríos Montt estuvo en el poder, fueron seguramente el más sombrío en la historia contemporánea de Guatemala, según el Barcelona Centre For Internacional Affairs-CIDOB.
De acuerdo con la Comisión de Esclarecimiento Histórico-CEH –la comisión de la verdad y reconciliación de Guatemala creada en 1993–, entre 1981 y 1983 se produjeron el 81% de las violaciones de derechos humanos registradas por esa comisión. Además de que en esa época se disparan los casos de violencia de tal manera que el 48% de todos los casos de la CEH se registran en este año.
El juicio que se va realizar no pretende juzgar la guerra de Guatemala, mucho menos el periodo de gobierno de Ríos Montt, sino el genocidio perpetrado contra el Pueblo Ixil, donde se asesinaron a 1.771 personas, que no es más que una pequeña parte de todos los perpetuados mientras el mencionado dictador estaba en el gobierno. La cifra asciende a más de 100.000.
Por lo que si son acusados ambos miembros del ejército es por el desplazamiento forzoso de 29 mil personas del Pueblo Ixil, la tortura sistemática, el robo de menores y el extenso uso de tortura sexual, tortura que tiene una doble función, por una parte asegurar la no reproducción de un determinado pueblo, y por otra la invasión de los cuerpos como un territorio también a saquear por el estado y por el ejército y sus fuerza irregulares.
La mayor parte de los cuerpos exhumados en esta región son menores a 13 años o de ancianos o ancianas mayores a 55 años, muchos de ellos y ellas con perforaciones de bala en el cráneo.
Los crímenes de lesa humanidad y la política de genocidio forman parte de los argumentos acusadores a los que harán frente estos dos genocidas hoy sentados en el banquillo.
Dicha situación es posible por la incansable lucha de los y las sobrevivientes, familiares de las personas desaparecidas y asesinadas, así como el apoyo de las organizaciones sociales y comunitarias.
Las tensiones existentes los últimos meses de gobierno, están acentuadas por los intereses de distintos grupos, para que el juicio se realice o no, y bajo qué condiciones.
Es por ello que se está viviendo un momento sin precedentes, en el que existe un pulso político entre la búsqueda de justicia de las víctimas, el cuidado de la imagen internacional de Otto Pérez como signatario de la “Paz” y el mantenimiento en la impunidad de las atrocidades cometidas por el ejército y los distintos grupos de poder en los años de la guerra; muchas de estas prácticas mantenidas hasta la actualidad como un continuum histórico de violencia para la eliminación de las resistencias al proyecto político hegemónico.
El juicio que se va realizar no pretende juzgar la guerra de Guatemala, mucho menos el periodo de gobierno de Ríos Montt, sino el genocidio perpetrado contra el Pueblo Ixil, donde se asesinaron a 1.771 personas, que no es más que una pequeña parte de todos los perpetuados mientras el mencionado dictador estaba en el gobierno. La cifra asciende a más de 100.000.
Por lo que si son acusados ambos miembros del ejército es por el desplazamiento forzoso de 29 mil personas del Pueblo Ixil, la tortura sistemática, el robo de menores y el extenso uso de tortura sexual, tortura que tiene una doble función, por una parte asegurar la no reproducción de un determinado pueblo, y por otra la invasión de los cuerpos como un territorio también a saquear por el estado y por el ejército y sus fuerza irregulares.
La mayor parte de los cuerpos exhumados en esta región son menores a 13 años o de ancianos o ancianas mayores a 55 años, muchos de ellos y ellas con perforaciones de bala en el cráneo.
Los crímenes de lesa humanidad y la política de genocidio forman parte de los argumentos acusadores a los que harán frente estos dos genocidas hoy sentados en el banquillo.
Dicha situación es posible por la incansable lucha de los y las sobrevivientes, familiares de las personas desaparecidas y asesinadas, así como el apoyo de las organizaciones sociales y comunitarias.
Las tensiones existentes los últimos meses de gobierno, están acentuadas por los intereses de distintos grupos, para que el juicio se realice o no, y bajo qué condiciones.
Es por ello que se está viviendo un momento sin precedentes, en el que existe un pulso político entre la búsqueda de justicia de las víctimas, el cuidado de la imagen internacional de Otto Pérez como signatario de la “Paz” y el mantenimiento en la impunidad de las atrocidades cometidas por el ejército y los distintos grupos de poder en los años de la guerra; muchas de estas prácticas mantenidas hasta la actualidad como un continuum histórico de violencia para la eliminación de las resistencias al proyecto político hegemónico.
"La mayor parte de los cuerpos exhumados en esta región son menores a 13 años o de ancianos"
Hoy, dicha política de exterminio de la población es desarrollada bajo un orden que pretende legitimarse bajo cánones de democracia, amparada en el discurso del “desarrollo” y la competitividad, pero que mantiene la represión, la desaparición, el asesinato selectivo, las masacres, y otras tantas tácticas a través de la política estatal represiva, así como a partir de la presencia de militares y militares retirados en las empresas de seguridad de las grandes empresas transnacionales que están invadiendo y saqueando los territorios de los pueblos.
Esta estrategia defiende un modelo económico de agronegocio, donde el territorio es mercantilizable y los pueblos son un obstáculo para la acumulación de riqueza de los mismos grupos de siempre.
Antecedentes históricos
El juicio de Ríos Montt hay que entenderlo dentro del papel del ejército en la historia reciente de Guatemala.
Guatemala tuvo uno de los primeros periodos revolucionarios de América Latina con la elección de Arévalo y Árbenz, (44-54), periodo interrumpido 10 años después por el Coronel Castillo y la intervención estadounidense.
Tras el asesinato de Castillo Armas, Arana Osorio, presidente militar, mantiene y fortalece la relación militar con EEUU.
El periodo que abarca de los años 60’s, con el golpe de Peralta Azurdia hasta 1985 con Mejía Víctores, es conocido como el periodo del “Generalato”, ya que todos los gobiernos (excepto Méndez Montenegro 66-70), fueron militares y todos los presidentes tenían rango de general.
Avemilgua esta conformada hoy, mayoritariamente por este grupo de militares, grupo al que pertenece Ríos Montt.
"La política de genocidio fue formulada desde las altas instancias"
La presidencia de Laugerud García (1974 a 1979), es conocida como un supuesto fraude a Ríos Montt, el cual se presentaba a las elecciones. En este periodo se dio el terremoto, momento clave, porque bajo la figura del Comité de Reconstrucción Nacional, se establece una plataforma del ejército para el control poblacional.
En esta época empezaron las masacres, asesinatos selectivos, aun no es una política de Genocidio como tal, pero si muy represiva, y a raíz de esto, EEUU le pone un aparente “embargo en venta de armas” al Estado de Guatemala, limitando también la inversión directa. Este embargo dura hasta la actualidad, y por supuesto no es respetado, pero forma parte de la “pantomima” propia de la “defensa de la democracia, como pantalla internacional”.
En este momento el ejército empieza a profesionalizarse, países como Chile, Argentina, Israel y EEUU principalmente, aportan el expertisse militar al ejército de Guatemala en esos años.
De estas generaciones de militares profesionales, formados por ejemplo en la Escuela de las Américas o en Escuela de Carabineros en Chile, son las promociones a las que pertenece el actual presidente del gobierno, Otto Pérez, el cual es de la promoción del 73'.
Aquí es que surgen o empiezan a tomar forma las corrientes a lo interno del ejército: los militares de la época del generalato son mayoritariamente agrupados en lo conocido como Cofradía, posteriormente también Avemilgua, que representan la línea dura del ejército (Ríos Montt); en cambio, estos militares profesionales, que fueron llamados la “oficialidad joven” son conocidos como el Sindicato (Otto Pérez).
A partir de los anos 80's inician las presiones internacionales y de la oligarquía por iniciar un proceso de “democratización” en vistas a la legitimidad de la comunidad internacional, el cual se inicia de forma aparente a partir del año 85' y dura hasta la firma de los “Acuerdos de Paz”, en 1996, con una serie de gobiernos militares “disqueelectos” de forma democrática. El gobierno de Ríos Montt es uno de los que finalizan la fase anterior.
El 23 de marzo de 1982, Ríos Montt toma posesión de la presidencia a través de un golpe de Estado al anterior presidente, Lucas García. Ríos Montt gobierna a base de la declaración consecutiva de estados de sitio y de planes militares, que son parte de las pruebas de que la política de genocidio fue formulada desde las altas instancias.
36 años de guerra
La guerra en Guatemala duro aproximadamente 36 años, de 1960 a 1996, Durante este periodo el ejército de Guatemala y sus milicias paralelas (Patrullas de Autodefensa Civil-PAC-) cometieron crímenes atroces, tales como 250.000 asesinatos, 45.000 desapariciones forzosas, casi 700 masacres, etc. Durante este periodo existieron 5 organizaciones guerrilleras: FAR, EGP, PGT, ORPA y MRP Ixim, las cuales hicieron frente a la embestida del ejército, y en distintos puntos del país se organizaron para poder “tomar el poder” por la vía de las armas. Existen interpretaciones de la existencia de 2 guerras paralelas o dos objetivos paralelos: 1) terminar con la insurgencia; 2) terminar con la población para tener acceso a los territorios y las riquezas naturales. Esta última guerra es la que ha sido denominada “guerra sucia”, y esta guerra no ha terminado, por ello se habla de continum histórico de violencia, represión y saqueo.
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