“prioridad absoluta”
Rajoy y siete ministros de su gobierno se plantaban el pasado miércoles en Bruselas para rendir cuentas de su gestión y recibir nuevos mandatos. A diferencia del resto de exigencias (IVA, reforma laboral,...) a las que contestó con un “ya veremos cuándo y cómo”, Rajoy fue, sin embargo, totalmente explícito con la reforma de las pensiones, tachándola de “prioridad absoluta” de su gobierno y comprometiéndose a tenerla lista este año.
Rajoy se dispone ya a meterle mano a las pensiones. Prioridad absoluta es el mandato dado por el FMI y Berlín. Y la respuesta pública de Rajoy en Bruselas, en la rueda de prensa conjunta con Durao Barroso, no deja lugar al equívoco. 2013 será el año del recorte de las pensiones. Sólo 48 horas después, el diario El País revelaba haberse hecho con la versión casi definitiva del informe de la comisión de “expertos” nombrada por el gobierno para presentar la reforma de las pensiones ante la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo. En el informe, la mayoría de los expertos –aquellos que están ligados a la banca y las grandes aseguradoras, es decir, 9 de sus 12 miembros– se inclinan por consagrar que las pensiones pierdan poder adquisitivo en tiempos de crisis, abriendo incluso la posibilidad de que queden congeladas por un largo periodo de tiempo.
"España pasaría a ser el único país europeo con un doble mecanismo de recorte de pensiones"
Los dos factores de “sostenibilidad” que introducen los expertos consisten, en primer lugar, en desvincular la revalorización de las pensiones de la marcha de los precios, es decir, que no suban automáticamente según suba cada año el coste de la vida medido por el IPC. La revalorización o no de las pensiones quedaría ligada a los gastos e ingresos de la Seguridad Social. Si, como ocurre en la actualidad debido al alto número de parados y la rebaja general de salarios –lo que a su vez reduce las cotizaciones–, la caja de la Seguridad Social fuera deficitaria, las pensiones quedarían congeladas o podrían ser incluso recortadas.
Hay que recordar que según un reciente estudio del Imserso y la Unión Democrática de Pensionistas, desde que estalló la crisis en 2008 los pensionistas españoles han visto reducido su poder adquisitivo en alrededor de un 20%, debido a las congelaciones, no revalorizaciones, copagos, subidas de impuestos, e incrementos de tarifas de servicios básicos como luz, agua, gas,....
Aplicando esta nueva norma, la rebaja sería todavía mucho mayor
El segundo mecanismo de ajuste propuesto por la comisión es vincular la pensión del jubilado a la esperanza de vida media de su generación en el momento de retirarse. Como admite el propio borrador, esto se traduce en una merma de las pensiones futuras, implicando “un ajuste a la baja en el cálculo de la pensión inicial”. Rebaja que ellos mismos han calculado que seria de un 5% cada 10 años. Es decir, quien se jubile en 2023 cobraría, de entrada, una pensión un 5% inferior a si se jubilara hoy, además de quedar sometido también a las rebajas anuales provocadas por la no revalorización de la pensión según la subida del IPC.
De aprobarse esta reforma, España pasaría a ser el único país europeo con un doble mecanismo automático de ajuste y recorte de gasto en el sistema de pensiones: uno sobre la pensión inicial, basado en un elemento demográfico, y otro sobre la actualización anual, asentado en la coyuntura económica.
Al mismo tiempo, el informe también aconseja otros cambios en el sistema como “considerar las cotizaciones de toda la vida laboral” para calcular la cuantía de la pensión. Mecanismo que, de aprobarse, supondría también un recorte muy significativo para cualquier nuevo pensionista.
"Quien se jubile en 2023 cobraría, de entrada, una pensión un 5% inferior a si se jubilara hoy"
El gobierno, consciente de la enorme impopularidad de la reforma –la oposición a recortar las pensiones une al 90% del electorado, de derechas y de izquierdas– se ha dado de plazo hasta el final de verano para intentar lograr un acuerdo con el PSOE y los dos sindicatos mayoritarios. Según algunos medios de comunicación, estaría dispuesto incluso a que la aplicación del factor de sostenibilidad no sea inmediata, sino dilatada en el tiempo. Pero está por ver ni que esta prórroga sea del gusto del FMI y Berlín ni que sindicatos y PSOE (conscientes también del enorme desgaste que les acarrearía) estén dispuestos a darle su apoyo.
Las espadas están en alto. A Rajoy, urgido y presionado por la troika, se le ha acabado el tiempo. Pero al mismo tiempo nosotros, el pueblo, hemos empezado a dotarnos de nuevas y muy valiosas herramientas políticas para dar la batalla de las pensiones.
La formación de la Mesa Estatal por el Referéndum de las Pensiones (MERP) –integrada por más de 25 organizaciones sociales, ciudadanas, sindicales y políticas de muy distinto signo y al que han dado su apoyo público más de 60 personalidades del mundo de la cultura, el arte y el pensamiento–, el éxito de las primeras iniciativas que ha puesto en marcha y la próxima entrega a la Defensora del Pueblo de la primera oleada de cientos de miles de firmas exigiendo el referéndum están creando las condiciones para que la extensión, la difusión y la organización de la batalla por el referéndum se multiplique cada día que pasa.
Ellos saben la indignación y el rechazo que la reforma de las pensiones levanta entre el 90% de la población. Nuestra tarea, ahora, es darle cauce a ese rechazo popular levantando un amplio movimiento social en exigencia de que las pensiones queden blindadas en la Constitución mediante un referéndum vinculante.
El representante de CCOO en el comité de sabios avala el informe que plantea recortar las pensiones
El informe incluirá tres votos particulares, pese a que sólo un experto rechazó el texto, otro se abstuvo y el tercero, representante de CCOO, lo apoyó
El documento admite que el factor de sostenibilidad tendrá un impacto "significativo" sobre la cuantía de las prestaciones, que se verán recortadas
El informe elaborado por el comité de expertos designado por el Gobierno para diseñar el factor de sostenibilidad de las pensiones ha recibido 10 votos a favor, uno en contra y una abstención.
El catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid Santos Ruesga, ha sido el único que ha votado en contra del informe. El catedrático del Derecho del Trabajo, José Luis Tortuero, ha decidido abstenerse, mientras que el director del Gabinete económico de CCOO, Miguel Ángel García, ha apoyado el documento. Estos tres expertos han mantenido hasta el último día su oposición aldoble factor de sostenibilidad tal y como lo estaba diseñando la mayoría de los sabios.
De hecho, cada uno de ellos ha incluido un voto particular en el informe final. El factor de sostenibilidad diseñado por este comité –el mecanismo de ajuste automático de las pensiones– recorta estas prestaciones según aumente la esperanza de vida, por un lado, y de acuerdo con la relación entre ingresos y gastos de la Seguridad Social, por otro. Así, la introducción de este factor se traducirá en una caída de las pensiones reales.
De hecho, el texto admite que tendrá un impacto "significativo" sobre la tasa de sustitución, el cociente entre el último salario cobrado por el trabajador y la pensión que percibe al jubilarse."Aunque se revalorice en términos reales, perderá en términos relativos respecto a los salarios", explican las fuentes consultadas.
El informe que hoy entrega el comité al Ministerio de Empleo será remitido “automáticamente” a la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, sin revisión alguna por parte del Gobierno, según adelantó esta semana el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos. Lo hará con una semana de retraso sobre el calendario previsto. También recibirán el documento la patronal y los sindicatos, reunidos en otra mesa de negociación con Empleo, que se encarga de diseñar un nuevo mecanismo para calcular la jubilación de los trabajadores a tiempo parcial. El anterior acaba de ser anulado por el Tribunal Constitucional. El Gobierno quiere contar con el acuerdo de los grupos parlamentarios y los agentes sociales a fin de poner en marcha la reforma de las pensiones que le exige Bruselas para antes de finalizar el año.
De ahí que el propio Tomás Burgos destacara el interés del Ejecutivo en que el documento de los expertos “incorpore las máximas sensibilidades posibles”.
También fue la petición que la ministra de Empleo, Fátima Báñez, hizo a los sabios el día de su primera reunión: un texto unánime.
Desde que el FMI fijó el blanco en las pensiones públicas, nos han bombardeado con una catarata de mentiras para obligarnos a tragar con el recorte.
Que si "no hay dinero",
que si "las pensiones son insostenibles"... ¡Es mentira!
Es mentira, lo que ha hecho es aplicar un nuevo recorte. Y con él, los pensionistas han perdido ya entre un 25 y un 35% de su poder adquisitivo.
El recorte de las pensiones aprobado por el gobierno al no revalorizarlas se suma a anteriores recortes de todo tipo (congelación, copagos farmacéuticos, subidas del IVA e IRPF,...) que han provocado una pérdida del poder adquisitivo de entre el 25 y el 35% para los pensionistas. La mitad de los cuales tienen dificultades para llegar a fin de mes y con dos millones de ellos viviendo ya por debajo del umbral de la pobreza.
Y esto es sólo el principio. Berlín ha fijado con claridad sus exigencias al gobierno de Rajoy: eliminación radical de las prejubilaciones anticipadas, aplicación inmediata de la jubilación a los 67 años, como paso previo a una nueva elevación de la edad obligatoria para jubilarse a los 70 y ampliación a toda la vida laboral para calcular la cuantía de la pensión.
Su objetivo es rebajar las pensiones públicas entre un 30 y un 40%, de forma que los trabajadores nos veamos obligados, ante la insuficiencia de la pensión pública que nos quedará mañana, a entregar hoy una parte de nuestro salario al gigantesco negocio de los fondos privados de pensiones que manejan unos cuantos megabancos del mundo.
2.- Dicen que la sostenibilidad del sistema público de pensiones está en peligro si no se recortan todavía más.
El fondo de reserva de las pensiones tiene un superávit de más 64.000 millones, y por lo tanto nuestro sistema de pensiones una salud robusta.
A diferencia de lo que ocurre en otros países, el nuestro es un sistema de reparto y solidaridad entre generaciones. El dinero de la Seguridad Social (115.000 millones de euros cada año) y de la hucha de las pensiones (65.000 millones) es nuestro, y no suyo.
Los trabajadores de hoy cotizamos para que puedan cobrar la pensión nuestros padres y abuelos. Nuestros hijos y nietos cotizarán para que nosotros podamos cobrar mañana. Este sistema no sólo permite pagar las pensiones, sino que además genera cada año un superávit que se acumula en el fondo de reserva de la Seguridad Social, la llamada “hucha de las pensiones”.
Este superávit supera hoy los 64.500 millones de euros. ¿Dónde está entonces la amenaza de quiebra?
3.- Dicen que el envejecimiento de la población en los próximos 50 años obliga a recortar las pensiones para hacerlas sostenibles.
No es verdad
. Invertir en la economía productiva y su modernización, en crear riqueza y empleo, es lo que las hace sostenibles.
Dicen que la rebaja es necesaria porque al haber cada vez más ancianos y menos jóvenes, no habrá suficiente gente menor de 65 años para sostener a tantos jubilados. Esta es una doble mentira.
Primero porque el problema no está en la edad, sino en cuanta población activa, que quiere y puede trabajar hay.
Mientras en los países nórdicos 3 de cada 4 personas entre 16 y 65 años es activa, en España son sólo 2 de cada 4.
Lo que necesitamos es desarrollar la economía productiva, lo que permitirá no sólo acabar con el paro, sino que más gente se incorpore al mercado laboral, trabaje y cotice a la Seguridad Social.
En segundo lugar, la sostenibilidad del sistema de pensiones públicas depende de la capacidad de creación de riqueza del país y la productividad de la fuerza de trabajo.
Decir que en 40 o 50 años no se sostendrá el sistema de pensiones porque se habrá reducido el número de trabajadores que han de mantener a cada pensionista, es igual de absurdo que haber pronosticado en 1960 que en el siglo XXI habría grandes hambrunas en España porque el número de trabajadores dedicados a la agricultura se iba a reducir de cinco millones a sólo un millón. La trampa reside en que, debido a la mecanización y modernización del campo y el aumento de la productividad, un millón de agricultores producen en 2012 veinte veces más alimentos que los cinco millones de hace medio siglo.
Lo mismo pasa en cualquier otra empresa. Hace 30 años, un trabajador cotizaba 60 euros mensuales a la Seguridad Social. Hoy paga 350, casi 6 veces más. Y puede hacerlo porque la modernización, la productividad y la capacidad de crear riqueza de la economía española se ha multiplicado. Lo mismo ocurrirá en el futuro.
4.- Dicen que el incremento del gasto en pensiones provocará un aumento del déficit público.
No es verdad.
Las pensiones no provocan ningún déficit público porque lo que pasa en España en que los pensionistas reciben cada vez menos en relación a la riqueza que se crea.
España es, entre los 5 mayores países de la UE, el que dedica menos porcentaje del PIB a pensiones. Y además, ese porcentaje no ha hecho más que reducirse en los últimos quince años. Desde 1995, el PIB español se ha multiplicado por 2,3. Sin embargo, el % del PIB dedicado a pensiones se ha reducido en una quinta parte. Se ha creado más riqueza, pero los pensionistas se llevan una parte cada vez menor de ella.
Si dedicáramos a las pensiones el mismo porcentaje del PIB que Francia, Alemania o Italia, nuestros pensionistas tendrían una subida inmediata en su pensión mensual de más de 500 euros al mes de media.
Lo que hay que preguntarse, por tanto, es donde está todo ese dinero que falta. Quien se lleva esa diferencia de tantos miles de millones de euros que en otros países europeos SÍ se dedican a las pensiones, pero aquí NO.
5.-Dicen que hay que reajustar el sistema público de pensiones para adecuarlo a las nuevas realidades económicas.
Lo que buscan en realidad es explotar el negocio de las pensiones privadas.
Desde 1995, los fondos privados de pensiones han triplicado la cantidad de dinero que manejan en el conjunto del planeta. Estamos hablando de un negocio que, controlado y manejado por la gran banca mundial, mueve 12,7 billones de euros en el mundo. Lo que persiguen los grandes bancos extranjeros y españoles es explotar concienzudamente este negocio en España, que está paralizado justamente por la salud del sistema público de pensiones. Infectarlo mediante rebajas y recortes es la vía directa para su privatización. Eso es lo que están haciendo.
Recortar las pensiones, elevar la edad de jubilación, o aumentar el número de años para calcular su cuantía sirve para que cualquier persona que prevea que en su vejez le va a quedar una pensión pública insuficiente o miserable, dedique en el presente una parte de su salario para pagarse un fondo privado
.
Cuanto menores sean nuestras pensiones públicas, una mayor parte de nuestros salarios, rentas y ahorros dejarán de ser para nuestro consumo personal y se convertirán en capital en manos de los grandes bancos y aseguradoras para aumentar su riqueza.
6.- Dicen que hay que hay que recortar las pensiones porque no hay dinero.
Sí hay dinero, el problema es quién lo tiene. Desde que estalló la crisis el Estado ha inyectado cerca de 200.000 millones de euros de dinero público a la banca.
Casi tres de cada cuatro jubilados tienen pensiones por debajo de los mil euros. Y más de la mitad, cinco millones de jubilados, cobra pensiones inferiores a 600 euros al mes.
Y dicen que hay que bajarlas todavía más porque no hay dinero. Pero mientras tanto, vemos como los altos ejecutivos de la banca y los grandes monopolios españoles se autoconceden y acumulan fondos privados de pensiones por valor de decenas de millones de euros para cada uno de ellos.
Con el pensionazo de Rajoy el Estado se ahorra 3.000 millones de euros. Al día siguiente su gobierno aprueba inyectar casi el doble de esa cantidad (5.500 millones) de dinero público al Banco de Valencia y regalárselo a continuación a La Caixa por un euro. Hay que quitar dinero a los pensionistas para dárselo a los bancos.
7.- Dicen que reformar el sistema de pensiones es una cuestión técnica, de expertos.
No es verdad.
Es una cuestión en la que está en juego el futuro de todos, y por eso todos tenemos el derecho a decidir. Y no que Botín y el gobierno, el FMI y Berlín lo hagan por nosotros.
En agosto de 2011 Zapatero y Rajoy reformaron la Constitución –en apenas quince días y por mandato expreso de Merkel– para introducir una cláusula que garantiza que los bancos extranjeros y nacionales cobraran la deuda pública por encima de cualquier otra cosa.
Si ellos cambiaron la Constitución para imponernos que cobre antes un banquero alemán que un pensionista español… ahora nosotros exigimos una reforma constitucional que garantice, más allá de las decisiones de cualquier gobierno, el futuro del sistema público de pensiones. Y que prohíba explícitamente, a este gobierno o a cualquier otro en el futuro, tocar las pensiones, ni recortarlas ni privatizarlas.
Que las pensiones no se tocan es un consenso básico en el que estamos de acuerdo el 90% de la población, a derecha e izquierda.
Zapatero y Rajoy tuvieron que reformar la Constitución en pleno verano, a espaldas de pueblo y con nocturnidad y alevosía porque su único objetivo era proteger los intereses de los banqueros.
Nosotros proponemos un referéndum donde, democráticamente y por encima de cualquier presión externa, la sociedad española podamos pronunciarnos. Porque está en juego no sólo nuestro futuro, sino el de nuestros hijos y nietos.
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