LAS LEYES QUE VIENEN

Lo que el Gobierno no haga en sus seis primeros meses, ya no lo hace. 






Llegó y sus primeras medidas, todas económicas, hicieron buena la frase, pero pasó un año de Gobierno, y anunció un segundo paquete de reformas, que va una a una poniendo en marcha. 

Ahora el Ejecutivo popular tiene en cartera otros tres paquetes de leyes: el que hace referencia a la reforma de las administraciones públicas, anunciada en junio por Rajoy; el que afecta a la regeneración democrática, que el Gobierno quiere poner en marcha cuanto antes, para hacer frente así al caso Bárcenas, y el que hace referencia a las reformas estructurales pendientes, como la del sistema de pensiones, la de las mutuas, y los estudios previos a la reforma integral tributaria, que se espera para marzo.

Hasta esa fecha tendrán que aguardar las comunidades autónomas para que el Gobierno también modifique su sistema de financiación.
Hace ahora un año, el Gobierno se fijó la meta de aprobar veinte proyectos de ley, y todos están ya en el Parlamento, aprobados, o en trámites de aprobación: la de racionalización y sostenibilidad de la administración local, la de transparencia, la de acción exterior, la de lucha contra el fraude fiscal, la de liberación del transporte ferroviario, la de liberalización de servicios profesionales, la de unidad de mercado, la de la reforma energética, la de la reforma educativa, la de la autoridad independiente de responsabilidad fiscal, la ley de emprendedores.
Todas en plazo, e incluso hubo otras que no estaban previstas, como la ley de Cajas de Ahorros y Fundaciones Bancarias, la de Protección a los Deudores de Hipotecas, o la del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas.
Sólo hay tres de aquella agenda que aún no han pisado el Congreso, debido a su gran complejidad: la nueva ley de Mutuas, la ley de Sostenibilidad del Sistema de Pensiones, y la nueva regulación de los horarios comerciales y actividades promocionales.
Pero están en la agenda del Gobierno para remitirse al Congreso en el periodo de sesiones que se inicia en septiembre.
En este paquete irá también la ley de Desindexación de la Economía, que busca eliminar los efectos que el Ejecutivo considera perjudiciales que acarrea la vinculación automática al IPC en la fijación de precios y coste, y la reforma tributaria, que Rajoy espera poder enviar al Congreso en marzo, después de lo cual abordará el nuevo sistema de financiación autonómico y la financiación local. Unas leyes, el Gobierno lo ha asumido, que se encontrarán con una gran contestación social, sobre todo la de las pensiones, pero que aun así está determinado a abordar, para poder seguir cumpliendo con las condiciones del rescate bancario y los compromisos para la flexibilización del déficit.
El segundo bloque de iniciativas legislativas que el Gobierno quiere remitir de inmediato al Congreso son las relativas a la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción, con las que quiere hacer frente al escándalo del caso Bárcenas. Incluye le ley orgánica de Control de la Actividad Económica y Financiera de los Partidos; la reforma de la ley que regula el funcionamiento del Tribunal de Cuentas, para ampliar la fiscalización de las donaciones, ingresos y gastos de los partidos y las fundaciones vinculadas a ellos, la ley reguladora de las funciones políticas, conocida como estatuto del político o del cargo público, que establecerá las retribuciones de los cargos públicos; la reforma del Código Penal, que endurecerá las penas asociadas a los delitos relacionados con la corrupción, que incluirá la financiación ilegal como delito, y la reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal que agilizará los procesos por corrupción.
La reforma de las administraciones públicas es lo que más trabajo llevará al Ejecutivo de Rajoy.
A lo largo de todo el año, la comisión creada al efecto propondrá numerosas leyes que hagan efectivas las 217 propuestas aprobadas por el Consejo de Ministros a finales de junio, de las que ya se ha aprobado el proyecto de ley exterior y el de factura electrónica.
El Ejecutivo irá determinando las leyes necesarias para hacer efectivo el principio de que no haya duplicidades entre las distintas administraciones y la racionalización de los servicios. Dos leyes están pendientes en el ámbito de la justicia: el Código Procesal penal y la ley del aborto.
Mientras el Gobierno tiene previsto aprobar el proyecto de ley de lo que será el Código que reforme totalmente la ley de Enjuiciamiento Criminal vigente, la ley del aborto, sobre la que ya hay algún borrador, no tiene fecha establecida para ir al Congreso.