Aquí no se jubila nadie

Mi madre planeaba jubilarse a mediados de enero.




Cumplió 63 años el 1 de este mes y, a pesar de haber cotizado durante 39 y haber cuidado a su familia durante muchos más, había hecho las paces con la reducción del 15% que el Estado infligía a su pensión por jubilarse de manera anticipada. Harta de los recortes laborales a los que su sector, la sanidad pública catalana, se ha visto sometido en los últimos años, había optado por una pensión menguada a cambio de mejorar su calidad de vida y dedicarse, hasta que la salud se lo permitiera, a incrementar sus actividades de voluntariado. El 28 de diciembre, no obstante, tras la comparecencia de Mariano Rajoy, descubrió amargamente que deberá esperar como mínimo dos años más. Muy a su pesar, el 16 de enero mi madre seguirá yendo a trabajar.
Mi padre en cambio fue uno de esos sesentañeros de quiénes una gran multinacional se deshizo hace unos años tras calcular que le resultaba más rentable mandarlo a casa con educadas palmaditas en la espalda mientras sustituía a su generación por un ejército de jóvenes quienes, no por hiperpreparados, políglotas y con múltiples MBAs resultan menos baratos de contratar o despedir. En el momento de jubilarse, la vida laboral de mi padre ascendía a más de 40 años y sospecho que ésa es la razón por la que, cuando durante estas fiestas navideñas una familiar de unos 30 le dijo, no sin cierto desdén, que ella trabaja para pagar su pensión (la de mi padre, no la suya), no se lo tomó demasiado bien.
La verdad es que a mí tampoco me habría hecho demasiada gracia. Mi padre ha sufragado de sobras su propia jubilación y además ha contribuido a costear la sanidad, educación y muchos otros derechos de mi generación durante nuestra infancia y juventud precaria. Plantearlo de este modo ayuda a romper con los perversos mitos sobre cargas parasitarias que el Gobierno nos vende sobre la supuesta insostenibilidad derivada del aumento de la tasa de dependencia. Invita a pensar a su vez que si hablamos de dependencia también deberíamos referirnos a la que el sistema financiero tiene, por ejemplo, de las cotizaciones de mi madre y mi padre, entre muchos otros, y del trabajo invisible de muchas mujeres que permite que otras personas sean “productivas”, sin olvidarnos de los recortes sociales y deuda pública resultantes de tanto rescate bancario. La pregunta clave aquí es ¿Quién debe a quién y quién depende de quién?
Volviendo a la familia, después estoy yo: hija del babyboom, generación X o precaria, como cada uno guste. Nos vendieron la idea de que si nos formábamos viviríamos mejor que las y los vástagos de la postguerra. Sin embargo, nos hemos plantado más allá de los 30 con innumerables becas, contratos basura y no-contratos a secas sobre las espaldas. Nos hemos reinventado decenas de veces sólo para contemplar exasperados que, ante las casi cuatro décadas que nos van a hacer falta para jubilarnos de manera razonablemente digna, podemos contar nuestros años cotizados con los dedos de una mano. Es decir, o bien nunca nos jubilaremos o bien lo haremos para seguir engrosando las bolsas de pobreza. Por no hablar, claro está, de la generación que viene detrás de la mía. Con una tasa de paro del 52,34% entre los y las más jóvenes de 25 años y casi 300.000 personas en esa franja de edad que ni estudia, ni tiene empleo, ni está en el paro, ¿cómo no se va a hablar de juventud sin futuro? ¿Acaso no les están robando el presente y los sueños también?
Como se los están robando a los millones de personas de origen no comunitario que vinieron a este país buscando vidas mejores pero que, con un 37,50% de tasa de desempleo, ven cómo la miseria se cuela por su puerta mientras la posibilidad de un retiro respetable se les escapa por la ventana. ¿Y quién se acuerda de los más de 9 millones de mujeres en el Estado español en situación “inactiva”, más de un tercio de las cuales están cuidando de sus familias? ¿O de las 1.850.100 mujeres ocupando empleos a jornada parcial por razones de discriminación de género o para atender también responsabilidades familiares? ¿Y de las 1.280.000 personas en paro que llevan un año buscando empleo o las 1.746.200 que llevan dos? ¿Y de los más de dos millones de personas que dependen de prestaciones asistenciales y no contributivas para sobrevivir o de las 626.900 familias sin ningún miembro con ingresos en la actualidad? ¿Acaso alguno de ellos va a poder acercarse siquiera remotamente a los 37 años de cotización antes de cumplir los 80?
Las respuestas a estos e infinidad de otros interrogantes yacen en el legado del Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero y en la enésima mentira criminal de Mariano Rajoy. El primero fue el padre intelectual del pensionazo y el segundo lo ha implementado y endurecido. Los dos pueden además presumir de haber aprobado sendas reformas laborales, las cuales, no sólo nos condenan a más precariedad y pobreza, sino que a su vez hacen aún más inalcanzables los recién estrenados requisitos para la jubilación.
Aunque pueda parecer que todo esto no es más que otro gol que han conseguido colarnos desde que estalló la crisis, no es así. Sin querer restar importancia a ninguno de los recortes que venimos sufriendo en los últimos años, las contrarreformas del sistema de pensiones son paradigmáticas de un cambio social integral en toda regla. Si bien los cada vez más dudosos expertos de la troika y sus siervos en la Moncloa intentan confundirnos hablándonos de medidas dolorosamente inevitables, insostenibilidad y despilfarro, lo que en realidad está en juego es la cada vez más plausible posibilidad de que las élites económicas salgan ilesas de una crisis que ellas mismas han creado; y que lo hagan a costa del empobrecimiento profundo e irreversible tanto de las personas que son mayores hoy como de las que lo seremos algún día.
O bien ofrecemos una respuesta contundente a este ataque sin precedentes o bien a este paso, como mi madre, como los jóvenes, como tantas mujeres, como tantas personas inmigradas o en paro, como tantas familias, como millones más… aquí, señores, no se jubila nadie. De todos nosotros depende.

Sandra EzquerraProfesora de la Universitat de Vic