Seis millones de parados

las uvas de la ira están engordando

 

Adoración GuamánDoctora en Derecho y Profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Héctor IlluecaDoctor en Derecho e Inspector de Trabajo y Seguridad Social

Cuando se aprobó la reforma laboral ya advertimos que tendría efectos devastadores sobre el empleo y sobre los salarios, desencadenando un proceso de involución laboral cuyo alcance resultaría inmanejable. Decíamos entonces que la reforma de la negociación colectiva, orientada a potenciar los acuerdos de empresa y limitar la ultraactividad de los convenios colectivos, provocaría una violenta devaluación salarial y convertiría al empresario en el centro principal y casi único de decisión en materia de relaciones laborales. Y por supuesto, en contra de lo defendido por el Gobierno, señalábamos que el abaratamiento del despido en el peor momento de la crisis sólo serviría para acelerar e intensificar la destrucción de puestos de trabajo en nuestro país. Algo así como apagar un incendio con queroseno.
Pues bien, muy a pesar nuestro, la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al cuarto trimestre de 2012 respalda de manera concluyente aquella primera interpretación, evidenciando que estamos ante una disposición legal cuidadosamente concebida para convertir los derechos laborales en un vago recuerdo de museo. En efecto, según la precitada Encuesta, actualmente existen en nuestro país 5.965.400 personas sin empleo, lo que supone un 26,2 por ciento de la población activa y una variación al alza de 4,17 puntos respecto del mismo trimestre de 2011. En particular, la situación de paro juvenil es sencillamente insoportable, alcanzando al 55,13 por ciento de las personas menores de 25 años. Hasta Ángela Merkel, que no se caracteriza por su especial sensibilidad social, se ha mostrado escandalizada ante un dato estremecedor que revela la verdadera magnitud de la catástrofe humanitaria inducida por la política de austeridad.
No menos preocupante parece la situación del segmento situado entre los 25 y los 54 años de edad, cuya tasa de desempleo ha pasado del 21,44 por ciento en 2011 al 24,64 por ciento en 2012, aumentando un punto completo durante los dos últimos trimestres del año. Éste es, sin duda, un dato alarmante, pues revela que los trabajadores típicos que se encuentran en edad adulta, que han acabado su formación y que han sufrido diferentes contratos precarios como viacrucis de inserción social y laboral, están siendo expulsados del mercado de trabajo precisamente cuando pensaban que disfrutarían de cierta estabilidad ocupacional en un marco de garantías jurídicas y laborales. Para ellos, el premio a los esfuerzos de toda una vida es la abrogación de los derechos de ciudadanía vinculados al trabajo y una existencia precaria que puede convertirse fácilmente en una pesadilla.
En definitiva, según los datos de la EPA, el número de parados ha alcanzado un nuevo máximo histórico, 5.965.400 personas, situándose en su nivel más alto de la serie histórica elaborada por el Instituto Nacional de Estadística. La influencia de la reforma laboral se percibe fácilmente si relacionamos esta cifra con los trabajadores afectados por despidos colectivos, que aumentaron un 21,2 por ciento durante los ocho primeros meses de 2012, afectando a un total de 299.021 trabajadores de acuerdo con el Boletín de Estadísticas Laborales (BEL). A la luz de estos datos, parece razonable pensar que el abaratamiento del despido acometido por el legislador, particularmente del que se produce por causas económicas, ha intensificado el proceso de destrucción de puestos de trabajo. Tal y como refleja el BEL, durante los 10 primeros meses de 2012 se registraron 19.599 ERE’s con invocación de causas económicas, un 108,63% más que en el mismo período del año anterior (9.394). Los datos son suficientemente elocuentes.
Por otra parte, como señalábamos anteriormente, la reforma laboral está provocando una violenta devaluación salarial que empieza a reflejarse en los diferentes datos estadísticos: negociación colectiva, IPC, etc. Por ejemplo, la Encuesta Trimestral de Coste Laboral correspondiente al tercer trimestre de 2012 sitúa el coste salarial total por trabajador en 1.805,63 euros, un 7 por ciento menos que en el segundo trimestre (1.939,73). Es previsible que esta tendencia se acentúe notablemente en el futuro inmediato, pues la negociación colectiva se concentra en los primeros meses del año y todo hace pensar que la patronal va a utilizar la reforma, especialmente la limitación de la ultraactividad, para seguir deteriorando las condiciones de trabajo. Por si hubiera alguna duda, el reciente Real Decreto 1717/2012, de 28 de diciembre, prácticamente ha congelado el salario mínimo, abriendo el camino a una negociación devaluada que acabará convirtiendo a los mileuristas en auténticos privilegiados.
Por si ello fuera poco, la situación de desempleo masivo y el retroceso salarial descrito suponen un grave riesgo para el mantenimiento de la protección dispensada por el poder público a través de la pensión de jubilación. La Tesorería general de la Seguridad Social pública mensualmente la denominada “ratio de dependencia” del sistema de pensiones, que en agosto de 2012 contabilizaba apenas dos cotizantes por cada pensionista, o lo que es lo mismo, 16,68 millones de cotizantes por 8,12 millones de pensionistas. De no invertirse el ritmo actual de destrucción de puestos de trabajo (menos cotizantes) y el proceso de involución salarial (menos cotizaciones), es decir, de no modificarse radicalmente la política económica, estamos abocados a una sensible disminución de la cuantía de la pensión para la mayoría de la población. Los datos de afiliación correspondientes al mes de diciembre de 2012 resultan preocupantes: la Seguridad Social ha cerrado 2012 con un total de 16.442.681 afiliados, lo que supone un descenso del -4,57 por ciento respecto al año anterior, volviendo a niveles de 2003. La tendencia es muy acusada en el caso de personas de procedencia extranjera, experimentando una bajada anual del -5,35 por ciento.
Como puede observarse, los resultados de las últimas reformas laborales evidencian que no estamos ante medidas anti-crisis, sino una agresión directa y calculada contra los trabajadores. Los instrumentos normativos habilitados por el legislador están provocando una rápida devaluación salarial y un feroz ajuste de plantillas. Así, asistimos a una estrategia, buscada o permitida, para expulsar trabajadores adultos del mercado de trabajo hasta eliminar su capacidad de resistencia, forzándoles posteriormente a aceptar condiciones denigrantes sin apenas conflicto social. Mientras se ataca a la población adulta, siempre más consciente de los derechos que ha venido disfrutando durante años, se diseña otra estrategia para los más jóvenes: el aumento de su ocupación mediante contratos temporales y salarios por debajo del SMI, a modo de anuncio o preparación para lo que previsiblemente será el devenir de su permanencia en el mundo del trabajo asalariado.
De esta forma, la eliminación de los derechos conseguidos tras décadas de lucha sindical y movilización obrera se produce inexorablemente, sin que el supuesto contrincante, el Trabajo, parezca capaz de forzar un cambio de rumbo y, cuanto menos, un reequilibrio del ya lejano pacto entre capital y trabajo que sustentó el Estado de bienestar. En el plano individual, los trabajadores están paralizados por el miedo a perder el empleo; en el plano colectivo, se percibe un sentimiento cada vez mayor de aceptación de la derrota, ante la incapacidad de conseguir una respuesta colectiva que afronte con decisión la construcción de un contrapoder social de las clases subalternas. Sin embargo, a medida que se incrementa la indignación ante el expolio de los derechos sociales, se evidencia la necesidad política de una confluencia ciudadana que permita combatir y derrotar a las políticas de austeridad. No deberíamos entretenernos. Parafraseando a Steinbeck, las uvas de la ira están engordando en las almas de las personas y se vuelven cada día más pesadas, listas para la vendimia.