El Estado ha de asumir ineludiblemente dos responsabilidades en tanto superamos la crisis económica en vigor. Hay que repartir las cargas de la crisis con un mínimo de justicia moral, y hay que limitar la precarización más grave para los colectivos sociales vulnerables.
Ambas responsabilidades pasan por frenar la escalada de desahucios, que está provocando la frustración y la ira de gran parte de la ciudadanía española. Con toda razón.
Resulta política y socialmente intolerable que el Estado soslaye las reglas más básicas del mercado capitalista para rescatar a los Bancos del desastre en el que se han metido ellos mismos, mientras los propios Bancos aplican con rigor aquellas reglas despojando a cientos de miles de ciudadanos de un techo que les cobije. Es decir, los españoles rescatan a los Bancos, para que los Bancos desahucien a los españoles. No es aceptable.
Tampoco puede tolerarse que el estallido de la burbuja inmobiliaria, que unos ayudaron a inflar, y que otros utilizaron para enriquecerse, acabe descargando todas sus consecuencias sobre aquellos que tan solo buscaban acceder a una vivienda digna en las condiciones que se le ofrecían. No. Las responsabilidades deben repartirse justamente. O pagamos todos o no pagarán solo los más débiles de la cadena. Si los Bancos repartieron créditos sin mesura ni control, que paguen. Si el Estado no supo o no quiso parar la borrachera, que pague. Pero no es admisible que el único pagano del desaguisado sea el pobre ciudadano al que pillaron con hipoteca y sin trabajo.
¿Se debía haber hecho antes? Sin duda. Es verdad que las tasas de morosidad eran muy poco relevantes hace tan solo tres años. Pero también es verdad que este problema debió preverse y no se previó. Lo cual no obsta para hacer ahora el trabajo que debe hacerse. 400.000 familias han perdido ya su vivienda. Y otras 250.000 están a la espera de la orden judicial para dejar su casa y mantener su deuda. No hay excusas para la inacción.
A menudo se reprocha a los políticos, a los partidos y a los parlamentarios su supuesta lejanía respecto a las preocupaciones de la gente, su falta de empatía social, la inexistencia de alternativas concretas para los problemas más cotidianos. Pues bien, durante las últimas semanas se ha discutido en el Congreso de los Diputados un proyecto de ley que afronta con sensibilidad y eficacia el grave problema de los desahucios. Es cierto que el PP lo ha tumbado con su mayoría absoluta. Pero también es cierto que la atención de los medios de comunicación ha estado más centrada en los dimes y diretes de la vida interna del PSOE que en sus propuestas para mejorar la vida de los ciudadanos.
La propuesta socialista sigue el curso de las leyes de “segunda oportunidad” que ya se encuentran en vigor en otros países como Suecia y Francia. Se trata de ofrecer a los ciudadanos con insolvencia sobrevenida no dolosa nuevas condiciones para hacer frente a sus deudas, con cuotas más reducidas y más tiempo para pagarlas. Se trata de generalizar la dación en pago para las familias con dificultades, extendiendo esta posibilidad a aquellas con ingresos de hasta dos veces y media el IPREM (unos 19.000 euros anuales) y no solo a aquellas sin ningún tipo de ingresos, como ocurre ahora.
Se trata de posibilitar un arrendamiento social de la vivienda entregada en pago, por la que las familias pagarían una cantidad anual no superior al 2% de la deuda pendiente, y nunca por encima del 33% de los ingresos familiares. Se trata de prohibir el desahucio de las familias que dedican más del 50% de sus ingresos al pago de sus deudas. Y se trata de obligar a todos los Bancos que reciben ayudas públicas a ofrecer estas facilidades a sus deudores.
Por desgracia, ya hemos comprobado en otras sociedades a dónde conduce la falta de respuestas para este y otros problemas de similar naturaleza, en un contexto de crisis y sufrimiento. En Grecia, la generalización de los desahucios condujo a la multiplicación de los suicidios y a la desesperación de amplias capas de la población. La respuesta política no tardó en materializarse con un aumento de los apoyos al partido nazi. Hoy la extrema derecha se ha adueñado de las calles atenienses mediante la coartada de una red propia de auxilio social. No terminará bien. Aquí aún estamos a tiempo de evitar la escalada. O quizás no.
Rafael Simancas
Tampoco puede tolerarse que el estallido de la burbuja inmobiliaria, que unos ayudaron a inflar, y que otros utilizaron para enriquecerse, acabe descargando todas sus consecuencias sobre aquellos que tan solo buscaban acceder a una vivienda digna en las condiciones que se le ofrecían. No. Las responsabilidades deben repartirse justamente. O pagamos todos o no pagarán solo los más débiles de la cadena. Si los Bancos repartieron créditos sin mesura ni control, que paguen. Si el Estado no supo o no quiso parar la borrachera, que pague. Pero no es admisible que el único pagano del desaguisado sea el pobre ciudadano al que pillaron con hipoteca y sin trabajo.
¿Se debía haber hecho antes? Sin duda. Es verdad que las tasas de morosidad eran muy poco relevantes hace tan solo tres años. Pero también es verdad que este problema debió preverse y no se previó. Lo cual no obsta para hacer ahora el trabajo que debe hacerse. 400.000 familias han perdido ya su vivienda. Y otras 250.000 están a la espera de la orden judicial para dejar su casa y mantener su deuda. No hay excusas para la inacción.
A menudo se reprocha a los políticos, a los partidos y a los parlamentarios su supuesta lejanía respecto a las preocupaciones de la gente, su falta de empatía social, la inexistencia de alternativas concretas para los problemas más cotidianos. Pues bien, durante las últimas semanas se ha discutido en el Congreso de los Diputados un proyecto de ley que afronta con sensibilidad y eficacia el grave problema de los desahucios. Es cierto que el PP lo ha tumbado con su mayoría absoluta. Pero también es cierto que la atención de los medios de comunicación ha estado más centrada en los dimes y diretes de la vida interna del PSOE que en sus propuestas para mejorar la vida de los ciudadanos.
La propuesta socialista sigue el curso de las leyes de “segunda oportunidad” que ya se encuentran en vigor en otros países como Suecia y Francia. Se trata de ofrecer a los ciudadanos con insolvencia sobrevenida no dolosa nuevas condiciones para hacer frente a sus deudas, con cuotas más reducidas y más tiempo para pagarlas. Se trata de generalizar la dación en pago para las familias con dificultades, extendiendo esta posibilidad a aquellas con ingresos de hasta dos veces y media el IPREM (unos 19.000 euros anuales) y no solo a aquellas sin ningún tipo de ingresos, como ocurre ahora.
Se trata de posibilitar un arrendamiento social de la vivienda entregada en pago, por la que las familias pagarían una cantidad anual no superior al 2% de la deuda pendiente, y nunca por encima del 33% de los ingresos familiares. Se trata de prohibir el desahucio de las familias que dedican más del 50% de sus ingresos al pago de sus deudas. Y se trata de obligar a todos los Bancos que reciben ayudas públicas a ofrecer estas facilidades a sus deudores.
Por desgracia, ya hemos comprobado en otras sociedades a dónde conduce la falta de respuestas para este y otros problemas de similar naturaleza, en un contexto de crisis y sufrimiento. En Grecia, la generalización de los desahucios condujo a la multiplicación de los suicidios y a la desesperación de amplias capas de la población. La respuesta política no tardó en materializarse con un aumento de los apoyos al partido nazi. Hoy la extrema derecha se ha adueñado de las calles atenienses mediante la coartada de una red propia de auxilio social. No terminará bien. Aquí aún estamos a tiempo de evitar la escalada. O quizás no.
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