Reforma de las pensiones

Donde manda Merkel…. no manda Rajoy


Se puede decir más alto, pero no más claro. 


La diputada del PP, Carolina España, defendió ayer en el Congreso el pensionazo que recortará el poder adquisitivo de los pensionistas porque la reforma de la Constitución pactada por Zapatero y Rajoy en agosto de 2011 por orden de Merkel, “obliga a la sostenibilidad de las cuentas públicas en todos los organismos”.

Todas las mentiras, tanto las nuevas como las viejas, usadas por el gobierno para justificar un pensionazo que rebajará más de un 20% el poder adquisitivo de los pensionistas en la próxima década quedaron ayer por los suelos. Ni envejecimiento de la población, ni inversión de la pirámide demográfica, ni descenso de la natalidad… La razón es mucho más sencilla que todo eso. Al reformar, por mandato de Merkel, la Constitución para que el pago de la deuda pública tenga prioridad sobre cualquier otra cosa, Zapatero y Rajoy estaban condenando a los pensionistas.

Han tenido que unirse todos los grupos de oposición en el Parlamento, pactando un texto común que pide al Gobierno la retirada de la reforma de las pensiones, para que el PP –completamente aislado, tanto política como socialmente en este tema– haya sacado las razones de fondo que le han llevado a tomar una medida que ellos mismos son conscientes del daño electoral que les causa.

Durante meses han estado intentando intoxicar a la opinión pública con mentiras y medias verdades –la peor de las mentiras– sobre la supuesta insostenibilidad del sistema público de pensiones. Han montado un comité de expertos –en su 90% compuesto por gente al servicio de la banca y las aseguradoras– para tratar de demostrar lo indemostrable y justificar lo injustificable.

"Han traspasado una línea roja, atacando al 90% de la población, y hasta sus mayores aliados le vuelven la espalda"

Han metido mano en la caja de reserva de la Seguridad Social, conscientes de la alarma social que ello crea. Han hecho números incomprensibles para la mayoría intentando demostrar que el índice de natalidad y el envejecimiento de la población conducen inexorablemente a la quiebra del sistema público de pensiones. Uno tras otro, todos sus argumentos, números y cálculos han sido desmontados por economistas y expertos independientes, poniendo de manifiesto la solidez y la salud robusta de un sistema público de pensiones como el español, que incluso en tiempos de una crisis devastadora y 6 millones de parados, se mantiene dignamente en pie.

Se han quedado solos en su defensa de un recorte brutal de las pensiones que ellos mismos reconocen que supondrá un hachazo en el poder adquisitivo de los pensionistas, muchos de los cuales son hoy en día el principal sustento de sus hijos y nietos. Hasta la CEOE, la gran patronal, acaba de demarcarse de la reforma por los efectos negativos que tendrá sobre el consumo, y por tanto sobre sus ventas en un mercado interno hundido y sin perspectivas de recuperación. Y Manuel Pizarro, expresidente de Endesa y número dos de las listas electorales del PP en 2008, le ha exigido a Rajoy que busque el consenso y vuelva al Pacto de Toledo, argumentando que el problema de las pensiones públicas es el desempleo y no su insostenibilidad.

En ninguna otra cuestión como en la de las pensiones el gobierno está más aislado y es más débil. Ha traspasado una línea roja, atacando al 90% de la población, y hasta sus mayores aliados le vuelven la espalda. ¿Y todo esto por qué? Si es malo para los pensionistas, incluidos muchos de sus propios votantes, si supone incumplir su principal promesa electoral (“yo no bajaré nunca las pensiones”), si es malo para la economía nacional, si va a hundir todavía más el consumo y deprimir el mercado interno, si no hay razones de sostenibilidad creíbles,… ¿por qué el gobierno toma esta medida?

La respuesta de la diputada Carolina España lo ha dejado claro: en agosto de 2011, Merkel exigió a Zapatero y Rajoy una reforma exprés de la Constitución –hecha en plenas vacaciones, a espaldas del Parlamento y del pueblo– gracias a la cual se aseguraba que los banqueros alemanes cobrarían sus deudas antes que los jubilados españoles su paga. Ahora toca pagar las cuentas de este atentado contra la democracia y la soberanía nacional. Los pensionistas españoles se empobrecerán año tras año, pero los banqueros franceses y alemanes dormirán tranquilos sabiendo que cuentan con una clase política en España dispuesta a sacrificar los intereses de sus ciudadanos más débiles y desprotegidos para que ellos puedan seguir acumulando más y más riqueza a nuestra costa.

La desvergonzada franqueza de la diputada Carolina España ha puesto todavía más en valor, si cabe, la campaña puesta en marcha por la Mesa Estatal pro Referéndum de las Pensiones (MERP) exigiendo que las pensiones se blinden en la Constitución para que ningún gobierno actual o futuro pueda congelarlas, recortarlas o privatizarlas. El próximo 24 de octubre, la MERP tiene prevista una reunión con la Defensora del Pueblo para hacerle entrega de una segunda oleada de cientos de miles de firmas pidiendo el blindaje de las pensiones en la Constitución. Colabora descargándote la hoja de firmas de la página web de la MERP (http://www.merp.es/) y recogiendo firmas entre tus familiares, amigos, vecinos y compañeros de trabajo o estudio. Ellos reformaron la Constitución para proteger los intereses de los banqueros. Nosotros, el 90% de la población, ahora queremos reformarla para que nuestras pensiones y nuestro futuro queden blindados ante su saqueo.