La patronal de autopistas quiere salir de su crisis transformando toda la red de autovías en su gigantesco negocio
La Asociación de Concesionarias de Autopistas de Peaje (Aseta) ha instado al Gobierno a abordar la “inevitable” –según su discutible e interesado criterio- implantación del cobro de un peaje por el uso de las autovías actualmente gratuitas, una medida que podría reportar a las arcas públicas hasta 10.000 millones de euros anuales, según indicó el presidente de la asociación, José Luis Feito.
“Es inviable que España siga pagando el mantenimiento de una red de autovías de gran capacidad de 12.000 kilómetros de longitud con cargo a los presupuestos”, subrayó Feito, que considera que “antes o después el Gobierno no podrá evitar articular algún tipo de peaje” en estas vías, al igual que ya han hecho otros países europeos.
Con esta interesada propuesta, la patronal de las autopistas de peaje, muchas de cuyas empresas están al borde de la quiebra por su deficiente gestión y, en el caso de Madrid, por ejemplo, seguirle el juego al gobierno autónomo construyendo unas radiales innecesarias y que ahora serán rescatadas con dinero, conseguirían un doble objetivo.
De una parte, su producto, las autopistas de peaje, se haría más atractivo al consumidor, ya que toda España se vería atrapada en una red de peajes. DE otro, se abre el suculento negocio de gestionar estos nuevos peajes ¿y quién mejor que las empresas del sector para cobrarle al Estado por cobrarle a los ciudadanos?.
Por delante, Aseta pone al Ejecutivo del PP la zanahoria de los ingresos. En una versión actualizada del cuento de la lechera, la patronal calcula que implantar el cobro de una tasa por uso de esta red de alta capacidad generará ingresos de entre un mínimo y un máximo de 1.700 y 10.000 millones de euros. Los importes variarían en función del tipo peaje que se implante, si se articula una tasa gradual (por tramos, por franjas horarias o tipos de vehículos) o bien una general y universal para todos los usuarios y en toda la red.
El también presidente de la Comisión de Economía de la CEOE considera que es el momento de que el Gobierno afronte esta medida, al considerar que los beneficios que generaría (sobre todo para ellos) compensarían el coste político que conlleva. “Sólo el anuncio de la decisión posibilitaría una relajación de la prima de riesgo y de los costes de financiación”, aseveró.
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