El Ministerio de Empleo y de la Seguridad Social sigue explorando las diversas fórmulas de aumentar los ingresos y reducir los gastos en la protección social.
Además de reforzar la lucha contra el fraude de las empresas y de los trabajadores en el pago de las cotizaciones sociales y la percepción de las prestaciones, y aumentar el control sobre las condiciones de los propios pensionistas, el Departamento de Fátima Báñez ha abierto otra posibilidad: revisar las pensiones que no pagan el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
Con toda la polémica de la subida de las pensiones para el año que viene, las intenciones del Gobierno en esta cuestión han pasado desapercibidas.
Sin embargo, es el fondo de una de las enmiendas que el Ejecutivo ha planteado a la Ley del Factor de Sostenibilidad y de Revalorización de las pensiones que está en el Senado
“El objetivo es aprovechar la próxima reforma fiscal para incluir en ella las pensiones de la Seguridad Social. Qué mejor oportunidad que ésta para llevar a cabo una revisión de la fiscalidad de las prestaciones públicas”.
En consecuencia, aumentar las pensiones que paguen en el IRPF es uno de los puntos que debe estudiar la comisión de expertos que prepara el informe sobre la reforma, explican las fuentes del Gobierno
Incapacidad permanente El Ejecutivo centra uno de sus principales objetivos en este terreno en las pensiones de incapacidad permanente absoluta. Es decir, la que impide al trabajador para toda profesión u oficio. Garantiza al beneficiario la totalidad de la prestación, con el 100% de la base reguladora y no paga Impuesto sobre la Renta.
Según los datos de la Seguridad Social, la pensión media mensual es de 1.133,36 euros. Unas 360.000 personas cobran una de las prestaciones más altas de la Seguridad Social desde el comienzo y sin tributar a Hacienda. Por todas estas razones, la Seguridad Social ha observado que durante los últimos años –coincidiendo con el periodo de la crisis– se está produciendo un desplazamiento hacia esta prestación desde la pensión conocida como la incapacidad permanente total. Esta última renta tiene las siguientes características: es la que inhabilita al trabajador para la realización de todas las tareas fundamentales de su profesión habitual, siempre que pueda dedicarse a otra distinta. Con ello tiene derecho a una prestación del 55% de la base reguladora, si bien, en determinadas circunstancias, puede incrementarse en un 20%, a partir de los 55 años. En función de la cuantía, esta pensión sí declara al Impuesto sobre la Renta, aunque su importe medio es menor: 720,72 euros mensuales. En función del grado de incapacidad total, si es del 55%, la renta es de 597,54 euros mensuales, o 883,03 euros, si la incapacidad es del 75%. En conjunto, 530.000 personas perciben esta prestación. Dada la mayor posibilidad de dar el salto desde la pensión media por incapacidad permanente total a la absoluta es por lo que la Seguridad Social ha detectado un movimiento de una u otra prestación. Incluso, existe el riesgo de que algunas de estas personas que pasan de una prestación a otra pueden seguir trabajando de forma sumergida mientras cobran la prestación por incapacidad absoluta.
La pensión más alta, porque tiene el grado de incapacidad más elevado, es la de gran invalidez. Supone una enfermedad muy grave, o irreversible, o la pérdida de una o varias partes del cuerpo. La cuantía media actual es de 1.774,02 euros mensuales. Hay otras ejemplos de pensiones de la Seguridad Social que, con carácter general, no pagan el IRPF, como son las de orfandad, que están en el mismo régimen de muerte y supervivencia que las de viudedad, que sí declaran a Hacienda si superan el mínimo exento de 22.000 euros anuales. La enmienda Por ello, el Gobierno puede introducir en el Senado una enmienda en la Ley del Factor de Sostenibilidad y Revalorización de las Pensiones. En realidad ya lo intentó en el Congreso ofreciendo un pacto sobre una propuesta que al respecto le hizo UPyD –enmienda transaccional–, pero todos los grupos parlamentarios rechazaron las ofertas de acuerdo del Gobierno. Por este motivo, el Ejecutivo planteará la enmienda en la Cámara Alta como si fuese suya. Por ahora, el texto propuesto sostiene que “en el marco de la reforma fiscal, el Gobierno estudiará la tributación de las pensiones [de la Seguridad Social]”.
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