Un peligroso ataque a las libertades democráticas
El proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana que ha presentado el ministro de Interior, sumado a la reforma del Código Penal prevista por el de Justicia dibujan un inquietante y peligroso horizonte de recorte a libertades fundamentales.
De aprobarse ambos, asistir a manifestaciones no autorizadas, resistirse a la autoridad, desobedecer al personal de seguridad privada, participar en un escrache, encerrarse como protesta en una oficina bancaria o del INEM, movilizarse para detener un desahucio o difundir imágenes de excesos policiales no sólo pasarán a considerarse infracciones graves sancionadas con multas de hasta 30.000 euros, sino que podrán considerarse como delitos penados hasta con 6 años de cárcel.
La plataforma No Somos Delito -formada por 40 asociaciones de defensa de los derechos humanos- ha denunciado que “al leer determinados artículos da la sensación de que el Ministerio se ha dedicado a recopilar las nuevas formas de protesta ciudadana del último año para después convertirlas en delito”. Jueces por la Democracia, por su parte, acusa a Gallardón de preparar el Código Penal “más regresivo de la historia de la democracia”. Si hace 20 años el ex-ministro de Interior del PSOE, José Luis Corcuera quiso aprobar la llamada “ley de la patada en la puerta”, ahora Fernández Díaz y Gallardón intentan sacar adelante lo que no puede calificarse sino como la “ley de la patada en la boca”.
Rajoy y su gobierno afirman que la crisis ha tocado fondo, que se inicia la recuperación económica y que se ha puesto fin a la etapa de recortes y rebajas de todo tipo. Pero sus hechos desmienten sus palabras. Cuando un gobierno endurece la represión, trata de instalar el miedo y busca silenciar las luchas y protestas es señal inequívoca de que prevé que sus medidas van a encontrar una mayor oposición y rechazo social. ¿A qué si no esta batería de ataques y recortes a libertades fundamentales como las de expresión y manifestación? Sus políticas no hacen más que incrementar el abismo social, y por eso se les hace necesario endurecer las leyes y recortar las libertades para mantener un orden cada vez más desigual e injusto que provoca todo tipo de rebeliones y luchas.
Y lo más peligroso de este asunto en que ese camino no están solos. Yerran quienes desde la izquierda lo reducen todo a los “resabios” franquistas de un PP que sería el heredero natural de la dictadura y por ello tentado de ceder a los sectores de extrema derecha que anidan en su seno.
Ni lo que estamos viviendo, por más que algunos se empeñen, es una imposible vuelta al pasado, ni son los franquistas los verdaderos ideólogos e inspiradores de esta vuelta de tuerca a la democracia.
A mediados de este mismo año, uno de los gigantes de la banca norteamericana, la JP Morgan, hacía público entre sus grandes accionistas e inversores un informe reservado titulado “El ajuste de la Zona Euro, una tarea a medio hacer”. En él, el banco de los Rockefeller sostenía que para que los gobiernos del sur de Europa pudieran llevar adelante nuevos recortes y ajustes -y así ellos poder seguir obteniendo enormes beneficios de sus actividades financieras de expolio - eran necesarias “reformas políticas destinadas a acabar con la oposición a las medidas impopulares de austeridad”.
El informe señalaba, en concreto, la “protección constitucional a los derechos de los trabajadores y el derecho a la protesta” como algunos de los obstáculos políticos que hay que remover para poder seguir ejecutando cabalmente y hasta el fin el proyecto de intervención del país y de saqueo sobre el 90% de la población del que la burguesía imperialista yanqui -en unión con la alemana- están obteniendo tan pingües beneficios.
El gobierno de Rajoy, tan sumiso en esto a Washington y Berlín como en su política económica, no ha tardado ni seis meses en ponerse manos a la obra. Y mediante el atajo de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana y la reforma del Código Penal busca dejar en poco menos que papel mojado algunas de las más importantes libertades ciudadanas consagradas en la Constitución, que, de aprobarse sus medidas, quedarán a partir de ahora al arbitrio de ministros, delegados del gobierno o funcionarios policiales.
A principios de los años 80, en plena campaña contra la OTAN, nuestro partido popularizó una canción cuyo estribillo comenzaba diciendo: “señores la independencia, va unida a la libertad”. 30 años después, los hechos no hacen más que reafirmarlo. El progresivo secuestro de los restos de nuestra cada vez más pérdida soberanía e independencia nacional, no sólo se están traduciendo en un insufrible ataque y saqueo contra nuestras condiciones de vida, sino que amenaza también en convertirse en un inaudito retroceso de las libertades democráticas. Sólo desde una política de Frente Amplio de Unidad por la redistribución de la riqueza, la ampliación de la democracia y defensa de la soberanía nacional capaz de unir al 90% de la población será posible detener esta deriva autoritaria y antidemocrática.
Todos los demócratas del país debemos unirnos para detener esta auténtica agresión a las libertades. Mientras banqueros rufianes y oligarcas estafadores campan a sus anchas amparados por unas leyes que les garantizan una impunidad casi absoluta, el gobierno trata de crear una jaula de hierro penal para contener las luchas populares. Debemos impedírselo.
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