¡No lo vamos a consentir!

 

Reuters anuncia que Rajoy prepara una salvaje oleada de recortes por valor de 30.000 millones

 

 

Congelación de las pensiones, recorte de la prestación a los parados, subida del IVA, despido de entre 100.000 y 300.000 funcionarios… Esto es lo que Rajoy prepara para cumplir con los mandatos del FMI y Bruselas.

 

De ser cierta la información que publica la agencia Reuters, el gobierno de Rajoy prepara una criminal oleada de recortes que pulverizarán todas las líneas rojas. Apuntan directamente hacia los pensionistas y los parados, preparan un gigantesco ERE para miles de funcionarios, atacan a todas las familias subiendo los impuestos indirectos…Todo, para pagar el precio exigido por Washington y Berlín a cambio de que España no sea degradada al mismo escalón que Grecia. Ha llegado el momento de decir basta. Esto es una salvajada y no lo vamos a consentir.

 

La agencia Reuters parece haberse convertido en el vehículo predilecto del hegemonismo para lanzar sus amenazas nada veladas contra España. Anunció el día y la hora de la intervención sobre España, cuando ni el mismo Rajoy había tomado una decisión al respecto. Y ahora nos adelanta el precio que tendremos que pagar por la “intervención parcial” del FMI y Bruselas que algunos incluso han celebrado como un éxito de Rajoy.
Pues bien, Reuters anuncia que el gobierno español está preparando una nueva oleada de recortes por valor de 30.000 millones de euros, a ejecutar de aquí a final de año.

"Esto no lo vamos consentir. Debe haber una respuesta contundente de toda la población"

Es una cifra escandalosa que supondría duplicar los criminales recortes que ya nos han aplicado en este 2012.
Y no parecen detenerse ante nada. El FMI y Berlín exigen que se vuelvan a congelar las pensiones, un salvaje hachazo para millones de pensionistas que ya están sufriendo los efectos de los recortes.

El Colegio de Farmacéuticos de Madrid ha lanzado esta semana una señal de alarma sobre el inicio del copago farmaceútico: hay pensionistas que se han ido de las farmacias sin llevarse sus medicamentos (que ahora les pueden costar 25, 30 40 euros y deben pagar en el momento) porque “no puedo gastarme ese dinero ahora, y esperar a que me lo devuelvan en 6 meses”.

¿Qué sucederá si vuelven a congelar las pensiones?

La insistencia en vigilar estrechamente las cuentas de las autonomías, obligándoles a cuadrarlas a cualquier precio, anuncia nuevos recortes en sanidad y educación –que suponen el 70% del gasto de las comunidades autónomás-.

Lo ha dicho desvergonzadamente el presidente de la CEOE, el catalán Joan Rosell: “el paciente está en la mesa de operaciones, habrá que cortarle algo que nunca se le ha cortado”.

Están valorando la reducción de las prestaciones por desempleo, que hasta ahora había sido un tabú innombrable. Con las escandalosas cifras del paro, pueden imaginarse lo que esto supondría. La cifra de parados que no cobra prestación alguna –y que ya supera los 1,5 millones- se dispararía.

Parece inminente una subida del IVA, que afectará a productos básicos para la supervivencia de las familias. Un reciente estudio informa de que con la subida del IVA se incrementará el 60% de los productos de la cesta de la compra más habituales.
Los funcionarios deberán asumir una nueva reducción salarial –y van…-, bajo la espada de Damocles del despido. Se anuncia que puede despedirse al 10% de los funcionarios –si sólo contamos al Estado central, estaríamos hablando de 100.000 despedidos- o del 30% -si contamos a las autonomías, con lo que serían 300.000 los que perderían su empleo-.

Movimiento que iría acompañado de la privatización y venta (total o parcial) de empresas públicas, desde Renfe, Correos, Puertos del Estado o Aena, la venta de participaciones del Estado en compañías como Iberia, REE o Ebro y la subida de los impuestos especiales, en particular la gasolina.

Los recortes en la Ley de Dependencia son brutales. La ayuda a un familiar por cuidar a un dependiente puede reducirse hasta en un 70%, los menores que hasta ahora estaban exentos tendrán que pagar también para recibir asistencia, la tele-asistencia que era gratuita se cobrará, si a los dependientes ingresados en una residencia no les da con su pensión para pagarla, tendrán que avalar su estancia con la vivienda... Sólo estarán exentos de estas medidas los que cobren menos de 400 euros mensuales.

¿Pero qué se han creído? ¿Qué pueden exprimirnos hasta el límite para satisfacer las exigencias de Washington y Berlín? ¿Se piensan que España es suya y pueden saquearla a su gusto?