Ante la respuesta de FACUA a los recortes y el apoyo ciudadano a sus denuncias, el gobierno ha actuado amenazándola con su ilegalización. La respuesta ha sido más y mayor unidad.
¿Cuál es la situación ahora después de la amenaza de ilegalización del gobierno?
Estamos esperando una respuesta del gobierno en lo jurídico. Nosotros le hemos enviado una carta con toda la argumentación jurídica de por qué su pretensión es ilegal, y no la actuación de FACUA. Ahora esperamos que el Ejecutivo analice nuestra respuesta y rectifique, porque no se puede coartar la libertad de expresión y opinión, no se le puede decir a una organización que defiende los derechos de los consumidores que deje de hacerlo, que es lo que realmente nos pide el gobierno.
Más allá de lo evidente, ¿cuáles son las razones del gobierno?
La razón no es más que el autoritarismo antidemocrático que destila la carta escrita por Pilar Farjas. No cabe en democracia prohibirle a una organización ciudadana que exprese sus opiniones y ejerza su libertad de expresión. Al gobierno le ha molestado que FACUA tenga determinada capacidad de movilización ciudadana ante medidas que perjudican a los consumidores, y en lugar de encajar las críticas y asumir que los ciudadanos tenemos cada vez más poder de movilización, al menos ciertas organizaciones que vertebramos la sociedad civil, el gobierno lo que hace es negarse a hacerlo y evitar las criticas amenazándonos con ilegalizarnos.
Vuestra respuesta ha sido contundente y el respaldo amplio y plural...
La inmensa mayoría de las organizaciones de este país, las centrales sindicales, de padres y madres, de alumnos, de gays, lesbianas y transexuales, las organizaciones de los cuerpos de seguridad del Estado, tanto de guardia civiles como de militares... han salido a criticar lo que está haciendo el gobierno y a apoyar a FACUA.
Al acto del día 22 acudieron más de 60 periodistas y personalidades y más de 30 organizaciones ciudadanas de ámbito estatal, lo que quiere decir que la mayoría ha respondido contundentemente. Nos sentimos más arropados que nunca.
Lo cierto es que en septiembre van a verse las consecuencias más terribles, y es previsible una mayor respuesta ciudadana... el gobierno va a conseguir, inevitablemente, el efecto contrario.
El gobierno pretende ilegalizarnos por ejercer nuestra libertad de expresión, independientemente de que nuestras críticas sean más o menos acertadas. Están intentando tapar la boca a una organización. Pero es que además la inmensa mayoría apoya nuestras reivindicaciones.
"Si ilegalizara a una organización por apoyar los recortes seríamos los primeros en alzar nuestra voz"
Nosotros podríamos haber apoyado los recortes, y habrá alguna organización de consumidores que los apoya. El gobierno ha anunciado de que va a tener varias reuniones para convencer a estas organizaciones de que los recortes están bien, pero si un gobierno autonómico ilegalizara a una organización por apoyar los recortes seríamos los primeros en alzar nuestra voz contra esa ilegalización. No recibimos el apoyo solo de los que están en contra de los recortes, sino de los que están contra la censura.
¿Cuál es el curso más probable de los acontecimientos?
No hacemos previsiones. Nuestra respuesta ha estado a la altura de las circunstancias. Si nos hubiéramos arrodillado ante el gobierno hubiésemos renunciado a los principios de FACUA. Nuestros dirigentes han tomado decisiones que ponen en juego la ilegalización de FACUA, pero plegarse hubiera significado renunciar a lo que somos. Nuestros socios nos apoyan en esta decisión, porque se corresponde con lo que siempre hemos hecho, defender a los consumidores ante el gobierno que sea. Hemos visto como la ciudadanía nos arropa, y el gobierno tiene que mover ficha. Si nos ilegaliza acudiremos a los tribunales, si retrocede, mejor, porque es lo que debería hacer.
Rubén Sánchez (FACUA)
Secretario General de la Asociación de Consumidores en Acción
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